Este domingo 21 de abril, la población de Ecuador acude a las urnas para responder once preguntas formuladas por el Gobierno ultraderechista de Daniel Noboa, en medio de las críticas y molestias por el racionamiento prolongado de energía y la incertidumbre ante una nueva declaratoria de Estado de Excepción.

A dos semanas del asalto violento a la Embajada de México en Quito, vulnerando el derecho internacional y enfrentando la consecuente crisis diplomática, y en vísperas de su polémica y oscura Consulta Popular, el Decreto No. 229 del 19 de abril utiliza como causales la “grave conmoción interna y calamidad pública por la emergencia en el sector eléctrico” disponiendo nuevamente “la movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas” en todo el territorio nacional.

El descenso de la popularidad del Gobierno en las últimas semanas ha sido evidente, señala el sociólogo Stalin Herrera (Pressenza, 16/04/2024), puesto que indigna a la gente la aprobación de leyes que solo favorecen a los sectores más pudientes del país y se percibe que las condiciones materiales no cambian, a pesar de que los militares estén en las calles.
La Consulta Popular se ha convertido en un termómetro de aprobación gubernamental. Las acciones de efecto, respaldadas por un agresivo discurso gubernamental contra la corrupción y la delincuencia organizada, con apoyo masivo de redes sociales y medios de información aliados al poder, ha generalizado un clima de tensión bajo la amenaza descalificadora a la creciente opción por el NO, promovida desde los movimientos sociales.

Un nuevo ejemplo de política irracional escenificada a través de los medios ha sido la acusación de conspiración y “sabotaje” a su propia Ministra de Energía, asesores y técnicos del sistema público de electricidad, evadiendo el reconocimiento del grave descuido gubernamental y del deterioro de la infraestructura pública, por parte de este y los últimos gobiernos. Como destaca Alberto Acosta, ex Ministro de Energía y ex Presidente de la Asamblea Constituyente, son los “neoliberales responsables de los actuales apagones (…), los racionamientos de electricidad del año pasado y los actuales bien pudieron ser evitados”.

El filósofo coreano Byun-Chul Han ha explicado que “las teorías de la conspiración prosperan especialmente en situaciones de crisis. (…). Se asumen como recursos de identidad y significado. Por eso se extienden sobre todo en el campo de la derecha, donde la necesidad de identidad es muy pronunciada (…) Lo decisivo no es la verdad de los hechos, sino la coherencia narrativa que la hace creíble” (Infocracia, p.85).

La Consulta esconde dos preguntas orientadas a modificar la Constitución, de gran interés para los grandes capitales nacionales y transnacionales: el trabajo por horas, con sus efectos en la precarización laboral, y el retorno del Ecuador al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), cuya aprobación significaría al país el pago de diez mil millones de dólares.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha liderado la campaña por el NO, por un asunto de dignidad nacional, puesto que “con esta Consulta están haciendo lo mismo de siempre, beneficiar a los ricos y afectar a los pobres”, según palabras del presidente de esta organización, Leonidas Iza.

¿Cuáles son las alternativas que se abren a mediano plazo con la resistencia desde los movimientos indígenas y sociales? Frente a las políticas neoliberales que destruyen el Estado y atentan al bienestar común, ¿es posible construir un consenso amplio en defensa de la vida, la salud y la educación pública, más allá de las divergencias y posiciones?