Nuevos testimonios de ex internos y activistas antirracistas denuncian una vez más las palizas, vejaciones y humillaciones diarias que transcurren con total impunidad en estos espacios.

Por Alejandra Mateo Fano/El Salto diario

A mediados de febrero pasado salían a la luz, a través de unos pocos medios de comunicación que se hicieron eco de lo ocurrido, las brutales palizas que habían sufrido más de 50 migrantes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, por parte de un grupo de once agentes de la Policía Nacional. Las agresiones, que incluían desde porrazos, patadas en la cabeza hasta puñetazos –uno de los reclusos tuvo que ser sacado del centro en estado inconsciente y sangrando– tuvieron lugar el pasado 14 de febrero y han sido denunciadas a través de varias ONG ante el Juzgado número 20 de Madrid.

Al escuchar los testimonios, Amir (nombre falso), ex interno del CIE de Aluche y natural de Camerún, no muestra el más mínimo atisbo de sorpresa. Según este deportista de 32 años, que lleva ya más de diez viviendo en España, las palizas, torturas y vejaciones son el pan de cada día en estos centros donde los internos se encuentran totalmente abandonados a su suerte ante los abusos de poder de los agentes. “La Policía Nacional actúa sin ningún control dentro de los CIE, es muy normal que entre varios te cojan de las piernas, te arrastren y te peguen como a animales”, declara. Esta espiral de violencia tan habitual como desgarradora responde a todo un sistema institucional en el que el migrante queda automáticamente deshumanizado y reducido a un mero número en cuanto pisa suelo español de manera irregular. Otras víctimas del CIE de Madrid, donde conviven migrantes procedentes de países como Argentina, Paraguay, Nigeria, Ecuador, Senegal, Congo, Ghana o Costa de Marfil, también manifestaron haber recibido repetidamente comentarios xenófobos, homófobos y tránsfobos extremadamente humillantes que acaban por minar la autoestima de las personas internas.

Tal y como llevan condenando desde hace años tanto numerosos colectivos antirracistas como las propias víctimas de estos centros de internamiento, el estatus “ilegal” de la persona migrante parece legitimar, a ojos del estado español, todo tipo de prácticas discriminatorias que rara vez son denunciadas. Mundo Migrante se refiere a los CIE en su informe “Represión y encierro“  como dispositivos migratorios inherentemente racistas, los cuales actúan dentro de un sistema de dominación en el que los sujetos migrantes ocupan una posición de inferioridad. Asimismo, el estudio indica que, aunque la violencia institucional se amplifica durante los meses que dura su encierro, las personas que viven en situación administrativa irregular sufren violencias en su vida diaria por parte de la Policía, tanto dentro como fuera de los centros.

Un sistema diseñado para encubrir la violencia xenófoba

La vida dentro de un CIE es como una inmensa y caótica caja fuerte cuya clave solo la tienen unos pocos y nadie sabe qué ocurre de puertas para dentro. La opacidad de todo cuanto ocurre tras los muros de las instalaciones y la impunidad de las autoridades policiales en el ejercicio de sus funciones son rasgos definitorios del funcionamiento de los centros. De acuerdo a los numeroso testimonios, las vulneraciones de derechos humanos por parte de los funcionarios pertenecientes a la Policía Nacional son más que frecuentes en un lugar donde no existen órganos o entidades responsables de supervisar la labor policial, única presente en el centro, además de las distintas ONG que prestan asistencia humanitaria pero solo en los espacios destinados a ello.

Los CIE son instalaciones del Estado y están administrados, organizados y supervisados por el Cuerpo Nacional de Policía. Partiendo de este dato, la falta de vigilancia sobre la autoridad policial hace que sea extremo complejo el ejercicio de un control sobre las funciones de los agentes. De nada sirve la existencia de cámaras de seguridad dentro del centro, puesto que no hay personas externas que las revisen y que éstas no sean las mismas que presuntamente cometen las agresiones, un sinsentido que deja desamparados a los migrantes agredidos.

Los residentes, que viven bajo un régimen de facto idéntico al penitenciario – con la particularidad de que estas personas no han cometido más que una infracción administrativa al haber cruzado irregularmente las fronteras- son desprovistos, desde el momento de su ingreso, de sus teléfonos móviles, deben compartir habitación minúscula con hasta ocho personas y se les niega de manera recurrente las llamadas telefónicas con sus familiares y abogados. “La gente que vive ahí vive igual o peor que en las cárceles, incluso se tienen los mismos horarios, aunque las personas que estamos internas no hemos cometido ningún delito”, denuncia Amir, que después de haber pasado por varios CIE de España, entre ellos el de Melilla, destaca que el más violento e insalubre es sin duda el de Aluche, donde “ni siquiera limpian los cuartos de baño y hace muchísimo frío durante el invierno porque quitan constantemente la calefacción”.

El artículo 16 del Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, establece que las personas internas tienen derecho “a que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud, sin que pueda en ningún caso ser sometido a tratos degradantes o vejatorios, y a que sea preservada su dignidad y su intimidad” así como a “a no ser objeto de discriminación por razón de origen, incluido el racial o étnico, sexo, orientación o identidad sexual, ideología, religión o creencias, enfermedad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social”. Queda evidenciado a través de las voces de diferentes personas que han pasado por los CIE, que incluso las políticas “menos violentas” de estos centros violan flagrantemente esta ley y, por tanto, deberían denunciarse por atacar directamente a la dignidad de los migrantes.

Manifestación contra los CIE en Aluche, Madrid. Foto: Gloria Moronta, Hemisferio Zero, 04/03/2012.

La mencionada ley también estipula que “a tener en su compañía a sus hijos menores, siempre que el Ministerio Fiscal informe favorablemente tal medida y existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar”. Sin embargo, como relata Amir, “los niños se quedan con las madres en los módulos de mujeres, a muchas les quitan los niños cuando no llevan consigo documentos que acreditan que son suyos y que pueden no tener consigo porque han tenido que migrar durante periodos muy largos en condiciones duras”.

Los padres de las criaturas no pueden verlas porque están en otro edificio y no se les permite visitarles. Amnistía Internacional va más allá en este aspecto y considera que en el caso de aquellas familias que llegan a un país con menores a su cargo nunca debería considerarse el internamiento, sea cual sea su situación administrativa dada su especial vulnerabilidad y puesto que el interés superior del menor debe prevalecer ante su estado administrativo irregular. Esta organización ha solicitado públicamente en varias ocasiones que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para reducir la exposición de los migrantes frente a los abusos y violaciones de derechos humanos, especialmente cuando se trata de mujeres y menores de edad.

Cuando rememora con horror los episodios de violencia policial que pudo avistar durante su etapa de reclusión, Amir siempre recuerda el caso de una mujer nigeriana recién llegada de Italia. Por aquel entonces, la mujer estaba embarazada y a penas sabía hablar o entender el castellano. Un día en que decidió reclamar la presencia de su abogada, cuatro policías la agarraron de las manos y comenzaron a pegarla con fuerza mientras gritaban amenazas racistas como “te vamos a mandar a tu puto país y te tienes que callar”. Otras tantas veces, los agentes llevan a los residentes hacia sus habitaciones – que entre los migrantes son denominadas celdas- y ahí les propinan porrazos y patadas si alguno de ellos les confronta. Amir, quien desea en un futuro poder trabajar en el área de los derechos humanos para poder defender a quienes se encuentran indefensos en los CIE, sostiene que, en estos espacios, “los migrantes son tratados como basura, siempre utilizan con nosotros un lenguaje basado en la amenaza y el ataque para cometer todo tipo de actos”.

Aun siendo personas sin documentación en regla, todas las personas que llegan a España gozan de derechos y garantías legales que deben cumplirse en virtud del propio reglamento de los centros de internamiento. Estas garantías existen desde el momento en que la persona es detenida en su llegada al país y es privada de libertad. Algunos de estos derechos que pocas veces son conocidos por los propios internos, que creen no gozar de protección de ningún tipo debido a su estatus irregular, son el derecho a la asistencia letrada o el derecho a no realizarse su internamiento en caso de padecer una enfermedad o discapacidad desconocida hasta el momento. Por supuesto, deben ser tratados con dignidad y debe respetarse su derecho a la privacidad, algo que dista mucho de la realidad actual de los CIE.

“Cualquier interno que vea vulnerados sus derechos en estos centros tiene un mecanismo para denunciar esas violencias a través de quejas a la dirección del centro”, explica Loueila Mint El Mam, abogada especializada en extranjería. Ahora bien, la letrada también remarca que en la mayor parte de los casos, la indefensión que produce en el individuo el desconocimiento del idioma, la falta de comunicación de muchos abogados de oficio y el miedo a reprimendas hacen que no se denuncien las violaciones diarias de estos derechos. Además, Loueila sostiene que “es muy complicado pelear por los derechos cuando dentro de los propios centros te deshumanizan y no te sientes merecedor de esos derechos, por ello las personas de estos centros, cuando sufren violencias no quieren que se inicie un procedimiento legal sino que quieren pasar desapercibidos”.

Cruz Roja: de la inacción al silencio cómplice

Todas estas violencias se cometen de manera cotidiana e hipernormalizada dentro de los centros con la connivencia de organizaciones aparentemente destinadas a brindar protección y apoyo a los migrantes, como La Cruz Roja. Esta ONG, que opera dentro del CIE de Aluche, ha sido criticada en numerosas ocasiones por los propios internos debido a la pasividad y complicidad silenciosa que muestran ante las agresiones de la policía. “Están dentro, saben todo lo que ocurre y a pesar de ello nunca denuncian nada, tampoco ofrecen ayuda real a las personas porque tan solo echan una mano cuando la situación de la persona está encauzada legalmente”, apunta Amir.

Las ONG que trabajan dentro de los CIE juegan un papel muy importante cuando ocurren violaciones de derechos de los internos puesto que los funcionarios forman parte de la Policía Nacional y los que controlan a éstos también son de la Policía, de manera que “las únicas personas externas que entran en estos centros y que tienen la capacidad de denunciar lo que ocurre en su interior son ONG como ésta”, explica la letrada. Por suerte, también existen organizaciones realmente comprometidas con la defensa de las personas extranjeras y sus derechos humanos que han sido críticas con la violencia policial de los CIE. Esta posición beligerante ante los abusos de la Policía Nacional se ha materializado en informes como los del Centro Pueblos Unidos de la Fundación San Juan del Castillo, en los que se desvelan muchas de las negligencias y deficiencias que tienen lugar a diario en estos lugares.

Manifestación contra los CIE en Aluche, Madrid, 04/03/2012. Foto: Gloria Moronta, Hemisferio Zero, en flickr.

Prohibir los CIE,  ¿utopía o futuro cercano?

A medida que año tras año se suceden los episodios de violencia extrema hacia personas migrantes en los CIE se multiplican también las voces que ponen en jaque la propia naturaleza xenófoba de este tipo de centros. Muchas de estas voces disidentes, que provienen en su mayoría de los movimientos antirracistas del estado español, reclaman el cierre de los CIE por tratarse de instituciones intrínsecamente violentas. Según numerosos activistas y organizaciones, los Centros de Internamiento de Extranjeros perpetúan la noción racista de que es legítimo encerrar a personas por el mero hecho de que éstas hayan entrado en un territorio de manera irregular. Como expresa el informe de Mundo en Movimiento, el internamiento tiene una finalidad última que consiste en la manifestación del poder absoluto del Estado sobre las personas migrantes a través del miedo, la coerción y la represión que trae consigo el encarcelamiento. Un ejemplo anecdótico pero profundamente sintomático del poder omnímodo de la Policía Nacional dentro de los centros es que los propios agentes venden tabaco a los residentes en las zonas comunes y estropean las máquinas de venta de este producto para hacer negocio.

Para Antoinette, presidenta de la comunidad digital antirracista Afroféminas, los centros que describe como “campos de concentración” se rigen y operan en base a una política de extranjería injusta y colonial que permite todo tipo de abusos: “desde el momento en que las personas internas son vistas como personas a vigilar y no a cuidar, el sistema está corrompido porque las instituciones no están preparadas para percibirnos como seres humanos respetables a los que hay que tratar con dignidad”, señala la activista. Para ella, “los centros ya tienen de por sí un carácter inherentemente racista porque parte de la base de que hay que encerrarnos”. Ante esta realidad, la organización en defensa de los derechos de las personas migrantes Mundo en Movimiento, propone que el Estado abandone la apertura de nuevos CIE pero también exige la elaboración de un sistema que aborde la gestión del fenómeno migratorio poniendo en el centro a las personas migrantes, para poder avanzar de manera efectiva en la construcción de una ciudadanía global.

Además, la Directiva 2008/115/CE en su artículo 15.1 estipula que el internamiento adquiere sentido únicamente cuando no pueden aplicarse otras medidas de carácter menos coactivo y destinadas exclusivamente de modo preventivo a preparar el retorno de la persona en los supuestos de riesgo de fuga o si el inmigrante evita o dificulta la preparación del retorno o el proceso de expulsión. Así, en algunos documentos jurídicos sobre DD.HH como el Manual para la defensa de Derechos Humanos de personas extranjeras encerradas en los Centros de Internamiento, se hace hincapié en la legalidad de desarrollar medidas cautelares no coactivas que supongan una alternativa al internamiento y que impliquen un control migratorio más acorde con la protección de los derechos humanos.

El artículo original se puede leer aquí