El informe de la Coalición por el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión en Chile planteó modificar la normativa de injurias y calumnias para adecuarla a los estándares internacionales de libertad de expresión, agresiones a la prensa, violencia contra periodistas mujeres y el desarrollo de una política pública que impulse medios de comunicación con pertinencia territorial y que surjan desde comunidades indígenas. 

Durante los días 4 y 5 de marzo Chile vuelve a rendir examen ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, sobre el cumplimiento de las obligaciones respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nuestro país ratificó en 1972.

En este contexto, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de la libertad de expresión hicieron llegar sus informes alternativos que serán revisados por dicho Comité para entregar, posteriormente, recomendaciones al Estado de Chile.

Desde la Coalición por el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión (COFLE), que reúne al Colegio de Periodistas de Chile, el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile, la Red de Periodistas Migrantes y la Iniciativa por más periodismo y la Libertad de Expresión, presentaron ante dicho Comité preocupaciones y recomendaciones en torno a libertad de expresión, agresiones a la prensa, violencia contra las periodistas mujeres con voz pública, pluralismo informativo, derecho a crear medios de comunicación y derechos de los pueblos indígenas, entre otras materias.

En el unto sobre Libertad de Expresión y Marco Normativo, la COFLE recomendó una modificación de la normativa de injurias y calumnias con el fin de adecuarlas a los estándares internacionales de libertad de expresión, así como establecer alternativas al derecho penal al tratarse de informaciones u opiniones cuando se hable de un tema de interés público y aluda a autoridades.

Respecto al punto sobre agresiones a la libertad de prensa y de expresión, se propone actualizar el marco normativo sobre libertad de prensa para incrementar la protección a quienes ejercen la actividad periodística y establecer una política pública de prevención, protección y persecución ante agresiones a la prensa; crear una instancia interinstitucional que sirva de espacio de diálogo periódico y de evaluación, entre agentes del Estado, principalmente los involucrados en el orden público (Ministerio del Interior y policías), y organizaciones de periodistas y de la sociedad civil.

También el informe insta a mejorar los sistemas de registro de policías, el Ministerio Público y el Poder Judicial para incorporar información relativa a denuncias sobre agresiones y crímenes contra la prensa.

En términos concretos, la Coalición busca impulsar un sistema de registro con datos desagregados sobre violencia digital que integre información de las policías, Fiscalía y sistema de justicia, también realizar estudios periódicos que permitan tener un diagnóstico y diseñar políticas públicas.

Otra temática que se releva es la generación de protocolos frente a la violencia digital, acoso laboral y/o sexual contra mujeres periodistas al interior de los medios de comunicación, en especial en los medios de comunicación públicos, entre otros aspectos.

En el informe se menciona la incrementación de las exigencias legales de transparencia y de notificación de información respecto de los medios y grupos empresariales con presencia relevante en los mercados sobre la audiencia y la publicidad, así como en los que se han asignado bienes o recursos públicos, como publicidad oficial o concesiones de radio o televisión para explotar frecuencias del espectro radioeléctrico.

Además, se releva la accesibilidad al público de información sobre los niveles de concentración en los medios de comunicación, así como una recopilación de las conclusiones y recomendaciones de las distintas investigaciones que fueron financiadas por el Fondo de Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional, y revisar el marco normativo en materia de medios de comunicación para introducir medidas y políticas públicas que fomenten el pluralismo informativo y el derecho a la competencia.

Junto con esto, se insta a modificar la normativa de radiodifusión y eliminar las restricciones indebidas de cobertura geográfica y acceso a financiación, a desarrollar una política pública de impulso de medios de comunicación comunitarios, con particular énfasis en aquellos que surjan de comunidades indígenas, que dé cumplimiento a las recomendaciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión CIDH de 2017 y del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de 2013.

Finalmente, otra de las recomendaciones de este informe es establecer medidas para contrarrestar las campañas de desinformación que propagan contenidos xenófobos e implementar una política pública destinada a proteger a las comunidades y personas discriminadas por etnia, raza, nacionalidad, o lugar de origen.