El fin de semana pasado fueron detenidos en la ciudad de Córdoba aproximadamente 350 jóvenes, bajo la arbitraria figura de «merodeo», establecida en el caduco y discriminatorio Código de Faltas provincial.

Los jóvenes, todos provenientes de barrios periféricos de la ciudad, se hallaban jugando al fútbol o simplemente conversando con amigos en la vía pública. Su único delito: ser jóvenes, morenos y vivir en el mismo barrio en el que nacieron. Barrio al que la sociedad excluyente pretende condenarlos de por vida.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba denunció «con profunda preocupación y dolor, el accionar de Policía de Córdoba» en estos operativos.

En un comunicado emitido por la entidad se señala: «En Córdoba se disfrazó de operativo policial contra el delito a una verdadera razzia que tuvo por objetivo discriminar y abusar de cientos de cordobeses, en su mayoría jóvenes de barrios populares a quienes se detuvo sin motivo alguno».

El organismo indica que hubo «prácticas vejatorias no sólo al momento de las detenciones y allanamientos, sino también dentro de los lugares de encierro».

A este grave incidente, se suman los retenes policiales en muchas esquinas de la ciudad, en los que cotidianamente se controla a los mismos muchachos y muchachas cuando se desplazan en sus motocicletas.

Estos operativos pretenden, según la policía, menguar las posibilidades de escape de delincuentes luego de un hurto o robo. Cientos de motos son decomisadas diariamente y otros tantos motociclistas detenidos por problemas formales de licencias o documentación, pero no parece que esto afecte mayormente el accionar delictivo del narcotráfico, de la trata de personas, del juego clandestino o de otras mafias de guante negro y blanco.

Por el contrario, en repetidas ocasiones la misma fuerza policial ha sido vinculada a través de informes periodísticos a relaciones de anuencia y permisividad, cuando no a una participación activa en tales irregularidades.

No cabe duda que las presentes acciones responden a un absurdo esquema de marketing político, la conocida «mano dura», que es sufrida una y otra vez, en todas las latitudes, por una juventud desamparada en sus derechos y posibilidades de inclusión y desarrollo según el presente esquema prehistórico de las relaciones humanas y la organización social.

Estos abusos son sin duda alguna instigados por la cúpula gobernante en la provincia, bajo la dirección de José Manuel de la Sota. Muchos vecinos, irritados con la represión generalizada a los jóvenes carenciados y por el clima de tensión que tanta gente armada en las calles genera, lejos de vitorear, rechazan el abusivo e inoperante accionar.

Tal parece que la estrategia electoral tendrá un efecto contrario al deseado, cosechando la violencia contra los jóvenes, el repudio de una gran parte de la colectividad cordobesa.