En octubre próximo tendremos en Chile elecciones generales para renovar a los alcaldes y concejales de todo el país, por lo que los partidos ya se encuentran en todo tipo de tratativas y negociaciones para definir a sus candidatos. Estos comicios no causan tanto interés público como los que se efectúan para elegir a los parlamentarios y al Presidente de la República. Sin embargo, la naturaleza de las funciones que cumplen los jefes comunales pueden ser claramente más relevantes que las de los legisladores, ministros y otros altos funcionarios públicos.

Desde luego, ser alcalde les da a sus titulares una magnífica posibilidad de corromperse y enriquecerse personalmente, cuanto aportarle ingentes recursos a sus colectividades y a las maquinarias electorales. Por las municipalidades pasa mucho dinero, especialmente cuando están ubicadas en aquellas ciudades y barrios donde viven los más ricos o se ubican las grandes empresas e industrias del país, cuyos tributos en buena medida administran los 346 ediles elegidos democráticamente.

Aunque existe un sistema de chorreo de recursos desde los municipios más ricos hacia los más pobres, lo cierto es que este no resuelve la desigualdad aguda que existe entre ellos. Es ostensible cómo las municipalidades de los barrios más pudientes multiplican más de cincuenta veces sus caudales respecto de las comunas pobres y, muchas veces, más populosas.

Hay alcaldes y concejales que hacen verdaderos milagros para financiar sus obras municipales, así como hay otros en que el dispendio es descarado y hasta irritante para los chilenos que deben circular por estos sectores. Contrastan la infraestructura, la fluidez del tránsito, el número y calidad de los parques, plazas y lugares públicos, pero sobre todo la inequidad existente en materia de seguridad. Allí donde viven los ricos existen muchos más policías, así como también mejores servicios de salud y establecimientos educacionales.

Guardando las distancias, es obvio que la corrupción puede hacerse presente en todos los municipios y lo que se constata en los últimos años es que hay alcaldes que malversan sus recursos públicos y otros que aprovechan su rango para recibir sobornos, así sea del mismo narcotráfico, una lacra hoy extendida por todas las comunas del país, cualquiera sea el estándar socioeconómico de sus habitantes. Cuando nos referimos a los ediles nos mueve el reconocimiento que la autoridad de estos es elevadísima y que sus concejales, aunque actúen unidos, no alcanzar a equiparar en atribuciones al jefe comunal. La Ley lo ha establecido así y ni los sucesivos gobiernos o parlamentos han corregido esta desigualdad.

Los chilenos, desde siempre, sabemos de los abusos y corrupciones de los gobiernos comunales. Quienquiera tenga que acudir a un servicio municipal puede experimentar la facilidad que pueden alcanzar sus demandas si se cuenta con un alcalde o un administrador comunal amigo o camarada de partido. Incluso para acceder a un puesto en el propio municipio que, dependiendo de su solvencia, puede ofrecer múltiples oportunidades de trabajo, ya que es en estas entidades públicas donde más se manifiesta el amiguismo o nepotismo.

La cuestión está en el “permiso municipal”. Todos los emprendimientos, construcciones de viviendas y hasta las autorizaciones para instalar un kiosco de diario o comida rápida tienen como condición la autorización del alcalde u otro de sus funcionarios dependientes, como el jefe de obras. Grandes condominios, hoteles y otras construcciones están hoy en entredicho, suspendidas o a punto de ser demolidas por haber soslayado estas autorizaciones o haber conseguido sus ejecutores permisos que no se ajustaban al plano regulador o a las normas medio ambientales. Se supone que muchas de estas autorizaciones se consiguieron mediante coimas a los alcaldes y, muchas veces, a funcionarios de los ministerios de la Vivienda y Obras Públicas. Recursos finalmente malgastados especialmente si la corrupción toca también a los jueces que deben constatar su ilegalidad.

Las más severas denuncias de soborno, cohecho y otras prácticas a nivel parlamentario no son nada respecto de los múltiples vicios que se cometen a nivel comunal y que involucran a funcionarios públicos, empresarios, comerciantes y otros actores sociales cuyos casos más bullados solo son investigados por la Justicia y las fiscalías.

De allí que las elecciones municipales despierten actualmente tantos apetitos y componendas y se haya tenido que legislar para que los ediles solo puedan ser reelectos solo una vez, lo que no impide sus migraciones de una a otra comuna o el acseso hacia otros cargos públicos.

De derecha a izquierda tenemos ahora alcaldes procesados, suspendidos e, incluso, encarcelados, pero todavía es muy incierto el futuro procesal de los mismos, cuando se sabe que cuentan con los más habilidosos abogados y sus juicios suelen culminar en prescripción o inanición. Hasta hay una ex alcaldesa de derecha que alcanzó a huir a Europa para escapar de su segura detención y condena. Así como existe un exalcalde socialista de una comuna popular que cayó en las redes de un cartel de la droga. Cifras enormes metidas a su bolsillo involucran al que fue alcalde de una de las comunas más ricas, como la de Vitacura, el que acaba de pagar una millonaria fianza para obtener su libertad condicional.

Suma y sigue. Se podría investigar cómo algunos alcaldes fueron reelegidos una y otra vez en remotos municipios que, curiosamente, tienen más ciudadanos que habitantes. Lo que se explica en la inscripción fraudulenta de miles de votantes adictos y acarreados que pisan tales comunas solo el día de la elección.

Sin duda, ser elegido alcalde es un lucrativo negocio y cuenta, en general, con la impunidad de toda la clase política coludida en los mismos vicios. Por esto es que ya se practica una lucha soterrada en las agrupaciones oficialistas y opositoras por repartirse las próximas nominaciones partidarias. De tal manera que el botín, que es superior al de muchas otras reparticiones públicas, alcance para todos. Es lo que se entiende en Chile como “democracia de los acuerdos” o “amistad cívica”, que rápidamente encantó tanto a las jóvenes promesas de la política que venían a corregir nuestras malas prácticas republicanas.