Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, declaró hoy en un tribunal de La Matanza. Esta es la primera causa vinculada al adolescente que llega a juicio. Luciano fue detenido y torturado en una comisaría. “Vane, sácame de acá. Me están matando a palos”, llegó a decir ese día. Cuatro meses después desapareció. Se juzga al ex policía Julio Torales por torturas.
Por María Florencia Alcaraz para Infojus Noticias
No. Luciano Arruga hoy no estaba para contar cómo el 22 de septiembre de 2008, al menos tres policías bonaerenses lo detuvieron en la calle, lo llevaron al destacamento de Lomas del Mirador, lo dejaron incomunicado, lo golpearon, le dieron de comer un sándwich escupido y lo amenazaron con que iban a violarlo. Sí estaban sus familiares y amigos, quienes relataron frente a los jueces del Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza, todo lo que vivió ese día el adolescente de 16 años. Julio Diego Torales es el único ex policía que ocupó el asiento de los acusados, imputado por torturas, en el debate oral que comenzó hoy. Los otros dos nunca fueron identificados. Hoy declararon seis testigos y mañana continuarán las testimoniales.
“Vane, sácame de acá. Me están matando a palos”. Luciano se lo gritó a su madre, Mónica Alegre, y a su hermana, Vanesa Orieta, cuando lo fueron a buscar a la dependencia de Indart 106. Aunque pidieron verlo, no pudieron. Sólo lograron escucharlo a través de la puerta donde estaba detenido. La frase la contó su mamá esta mañana. De acuerdo al expediente, a Luciano lo levantaron en Bolívar y Perú por la figura conocida como “AA”: averiguación de antecedentes. Buscaban al responsable del robo de un celular. Lo tuvieron más de 8 horas en un lugar que no estaba habilitado para detenciones. Pudo irse después de que su mamá volviera con la partida de nacimiento en la mano. La había ido a buscar hasta Puente de la Noria porque la tenía su cuñada, que le estaba tramitando el DNI al sobrino. Cuando se lo llevaron, Luciano alcanzó a señalar a Torales: “Vos me pegaste mientras dos me sostenían”.
“Lo denigraron, humillaron, lo destrataron como persona”, dijo el fiscal José Luis Longobardi al inicio de la audiencia cuando presentó sus lineamientos. A su lado estaban los tres abogados que representan a la familia del chico, María Dinard y Maximiliano Medina del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Dinard habló del “grave sufrimiento físico y psíquico” y “gravísimas amenazas contra la integridad sexual” de Luciano. Y remarcó en cada intervención algo no tan obvio: que Luciano era un chico.
No. Luciano dijo que no iba a participar de asaltos con el visto bueno de los agentes policiales. «Todo esto empezó cuando él se negó a robar para la policía. Antes de esa detención, lo llevaron a la comisaría de Don Bosco. En otra oportunidad le pusieron una escopeta en el pecho. Lo estaban ahogando de a poco», dijo Mónica ante los magistrados Diana Nora Volpicina, Gustavo Omar Navarrine y Liliana Logroño. La mujer fue la primera en declarar. Explicó cada detalle de ese día durante una hora y media. “Yo no sabía que a un menor no se lo podía tener incomunicado”, contó la madre del joven. Se quebró varias veces pero, al igual que estos seis años de búsqueda de Justicia, siguió para adelante.
También agregó detalles que no estaban en la elevación a juicio. Recordó que cuando fue a buscar a su hijo aquel día de 2008, en su oficina Torales le gritó “chorro” y “negro rastrero”. Lo acusaba porque Luciano, alterado, manoteó el celular del policía que se estaba cargando para revoleárselo. Mónica también dijo que el ex policía lo amenazó con llevarlo al “pabellón rosa”, “a la 8va, con todos los violines”.
No. Luciano tenía sueños que no se cumplieron. “Quería conocer el mar, conseguir un trabajo piola, terminar los estudios”, rememoró su madre. En ese entonces, el adolescente trabajaba en una fábrica durante jornadas extensas. Cuando podía, salía con el carro a cartonear.
“La policía no me deja circular por la calle de mi casa”
Además de la madre del joven, en la primera jornada compartieron sus testimonios Juan Gabriel Apud y Rocío Gallegos. Él era amigo del barrio. Lo conocía desde los 5 años. Ella vivía con Vanesa en ese entonces. Los tres coincidieron en que después de la detención irregular, Luciano cambió. La palabra “miedo” se repitió en sus declaraciones.
“Después de esa detención, Luciano tenía miedo”, dijo su madre. “Estaba más callado, con miedo de salir a la calle. Tenía miedo que la policía lo llevara otra vez. Ya no salía a trabajar con el carro, ni me iba a buscar para tocar la guitarra”, contó su amigo que dijo que a Luciano lo “verduguearon”.
Rocío Gallegos relató que en octubre de 2008 Luciano la vio por la calle, la llamó y le pidió ayuda: “Rocío, yo no sé qué hacer. La policía no me deja circular por la calle de mi casa”. Tras la detención, el chico comenzó a quedarse a dormir en la casa de su hermana y su amiga. Según Rocío, ahí sentía “seguridad”.
“Cuando vos veas un patrullero cruzate de calle porque si a vos te pasa algo me muero con vos”, le había aconsejado Mónica. La mujer compartió palabras de su hijo que la sorprendieron: «Luciano me dijo: ‘El día que yo me vaya cuida a mis hermanos y poneme la camiseta de River”.
Entre los testigos de hoy además estuvieron dos médicos: una mujer que trabajaba en el Cuerpo Médico Forense de San Justo y el especialista que atendió a Luciano en el Policlínico de San Justo. Luciano no quiso hacer la denuncia penal porque tenía miedo de las represalias. “Negrito a vos nadie te hizo nada acá”, “Vos vas a terminar en un zanjón”, le habían advertido en el destacamento. Su hermana lo convenció para ir al Policlínico y certificar las heridas. Allí el médico constató el traumatismo en la región facial y pómulo izquierdo. “Golpe con un artefacto o una superficie lisa” que puede haber sido un “puño”, según explicó el médico. Su amigo agregó que Luciano estaba dolorido en un tobillo.
Torales: un policía de vocación
Como suele disponerse en un juicio, frente a la querella y la fiscalía estaba el acusado, que llegó en un camión del Servicio Penitenciario Bonaerense. Desde 2013 cumple con prisión preventiva por esta causa. Por la mañana, mientras los militantes esperaban el comienzo de la audiencia, se montó una puesta en escena en la que ingresó un hombre encapuchado en un móvil del servicio penitenciario. Todos pensaron que era Torales. Sin embargo, el acusado entró cuando ya todo el público había ocupado la sala.
Su troupe de abogados defensores estuvo conformada por Juan Grimberg y su hijo; y Gastón Jordanes con un ayudante. Al inicio del debate, Grimberg protagonizó un paso de comedia cuando dijo que su defendido era un “detenido por razones políticas”. El público se sonrío. También describió a la causa como un “engendro”, un “hecho delirante”, un “planteo exótico”. Las personas presentes también se sorprendieron cuando citó a declarar en el debate al presidente del CELS, Horacio Verbitsky, entre otros.
Durante la audiencia, con preguntas débiles, la defensa intentó confundir a los testigos con juicios de valor e interrogantes que no estaban vinculados a los hechos que empezaron a juzgarse hoy. En un momento le preguntaron a la madre de Luciano: “¿Usted qué opina de que un chico de 16 años esté obligado a cartonear?”. El fiscal y la querella se opusieron a la consulta pero Mónica, estoica, contestó: “Orgullo. Sentí orgullo que mi hijo salga a cartonear para ayudar a su familia”.
También quisieron instalar la versión de que Luciano estaba drogado, por declaraciones que figuran el expediente, donde se menciona que lo detuvieron porque estaba “empastillado”.
Un capítulo aparte merece la declaración de la madre de Torales, convocada por sus abogados. La mujer dijo que su hijo -a quien describió como un “policía de vocación”- estaba “preso por un moretón”. Y que “los derechos humanos no habían ido a ver qué le pasaba a su hijo”. Denunció que a Torales se le negó todo derecho. Mientras tanto, Torales lloraba.
Un debate oral en un sindicato
El juicio se desarrolló en el salón del Unión Industrial del Partido de La Matanza (UIPMA), en el centro de San Justo, que se acondicionó para la ocasión. Entre publicidades de galletitas, combustibles, resortes y cables se emplazó el estrado detrás del que se sentaron los jueces. La sala estaba estrictamente custodiada por Gendarmería nacional. No se podía grabar, ni usar celulares. Los jueces también pidieron que los familiares de víctimas que estaban presentes no levantaran carteles con reclamos.
Afuera, desde temprano se montó un excesivo vallado sobre el que se colocaron banderas con el rostro de Luciano. “Ni ausente ni perdido: detenido desaparecido”, decía el trapo más grande.
«Yo sabía, yo sabía, que a Luciano, lo mató la policía», cantaban los militantes que se acercaron a acompañar a la familia. En el juicio estuvieron el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH), Pablo Pimentel, los diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores Cristian “Chipi” Castillo y Néstor Pitrola y la concejala de Libres del Sur Sandra Oviedo, entre otros.
«Esperamos que se condene a los responsables y que se abran nuevas líneas de investigación», dijo Vanesa en la calle cuando habló con los medios. Mañana prestará su testimonio y por eso no pudo entrar al debate.
El desaparecido aparecido
Cuatro meses después de esa detención, Luciano desapareció. La madrugada del 31 de enero de 2009 salió de su casa para ver a su hermana, pero nunca llegó. Se cree que fue detenido en ese trayecto. A las 3.21, un estudiante de 21 años de Monte Grande lo atropelló sobre la General Paz. El mismo joven avisó al SAME. Una ambulancia llevó a Luciano hasta el Hospital Santojanni, donde murió al día siguiente. El adolescente no tenía documentos y después de una autopsia fue enterrado sin nombre. El conductor dijo que “corría desesperado”, como “escapando”. También declaró un motoquero que estacionó para ayudar. Dijo que sobre la colectora vio estacionada una camioneta doble cabina de la Bonaerense con las luces bajas.
La identificación del cuerpo se logró el 17 de octubre del año pasado luego de la aprobación judicial del habeas corpus, que puso en marcha los mecanismos de búsqueda del Estado. El recurso había sido presentado por los abogados del CELS en abril. La Sala IV de Casación Penal pidió a Salas “realizar la totalidad de las diligencias conducentes a establecer lo ocurrido”. En tres meses Salas, en coordinación con distintos funcionarios del Estado nacional y provincial, logró identificar el cadáver enterrado como NN. Paradójicamente, lo hizo cruzando las huellas dactilares que le habían tomado a Luciano en su paso por la comisaría donde lo torturaron en 2008, la antesala de su desaparición.
Fotos de Facundo Nivolo
