Aram Aharonian
Tras el fracaso de su Ley Ómnibus en el Congreso, enfrentado con los gobernadores y con una caída en su popularidad y credibilidad, el ultraderechista presidente Javier Milei se reuniría con el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) para hablar sobre la incorporación formal de la derechista Propuesta Republicana (PRO) al gobierno, en un experimento de co-gobierno libertario-neoliberal.
«Acá no va a haber un co-gobierno, el que mando soy yo», afirmó Milei, quien teme que el acercamiento con Macri implique un doble comando. Ese mismo temor lo llevó a rechazar un acuerdo en diciembre, alentado por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a su vez presidenta del PRO. Milei entiende que no pueden quedar dudas de que su gobierno no es un segundo tiempo macrista y que el que toma las decisiones es él.“No me pidió nada”, asegura.
El anuncio despertó dudas al interior de cada uno de los partidos sobre cómo se llevará a cabo y qué implicancias tendrá. Hasta ahora, el PRO tiene dos ministros en Defensa y Seguridad y la prensa señala que reclamaría tres más. De todas formas, rodean a Milei el ministro de Economía Luis Caputo y el asesor principal Federico Sturzenegger (ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central con Macri, respectivamente).
Preocupado, el derechista presidente de Paraguay, Santiago Peña, aconsejó a Milei que busque «construir consenso político» para mejorar la gestión del gobierno, ya que advirtió que «sin el acompañamiento de la clase política representada en el Parlamento se hace muy difícil».
En poco menos de 60 días el gobierno aplicó una devaluación del 100%, con aumentos de combustibles, alimentos, tarifas, y recortes salariales; apuró un desfinanciamiento de los presupuestos públicos, y dejó a las universidades nacionales ante el riesgo de no poder iniciar las clases.
Presentó un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de más de 300 artículos que incluye una reforma laboral regresiva, que abre la posibilidad de un régimen de excepción por encima del Congreso, además de privatizaciones de empresas públicas, y el remate sin límite de las tierras y recursos naturales a “buitres” nacionales y extranjeros, como Elon Musk, al cual el presidente parece haberle prometido el litio.
Junto con este decreto, el gobierno envió al congreso una Ley Ómnibus, un paquete de leyes redactadas como si fuera una sola, que implica cambios estructurales en el régimen político y económico, cercena el derecho a la protesta, y le otorga facultades extraordinarias al ejecutivo.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner definió a Milei como «un showman-economista» y remarcó que pese a su discurso en campaña «produjo, ni bien fue electo, un insólito reciclaje de personajes y exfuncionarios», señalando principalmente al titular de Economía Luis Caputo -«artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri y del retorno del FMI a la Argentina»- y Federico Sturzenegger.
Añadió que es «más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización, tras cuestionar el «caos planificado» que genera el «feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización».
La expresidenta advirtió sobre «el clima de insultos, escraches, descalificaciones y estigmatizaciones que aumentó exponencialmente a partir de la vuelta a comisión del proyecto de ley Ómnibus», lo que. «presagia un escenario de violencia que, como ya sabemos, comienza por lo verbal y luego pasa a lo físico».
Por su parte, el académico y economista Horacio Rovelli hace especial hincapié en el espíritu entreguista de la Ley Ómnibus y cómo a través de la misma se atentaba contra la soberanía nacional: el fondo de inversiones “Blackrock es nuestro principal acreedor privado, con más de dos mil millones de dólares de títulos de deuda”.
Destacó que Larry Fink, el más alto ejecutivo de BlackRock le pidió a Milei la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF), el Banco Nación, y los yacimientos de Vaca Muerta. “Tienen plata para invertir y creen que somos una colonia africana que por la deuda vamos a malvender nuestro patrimonio y bellezas naturales por eso avanzan con la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques”, enfatizó.
Para Rovelli, “Javier Milei no es una persona equilibrada. Su destino final es una Asamblea Legislativa que lo destituya”.
La visita al Papa
Tras enterarse del fracaso parlamentario frente al Muro de los Lamentos en Jerusalén, Milei mantuvo una reunión con el Papa Francisco. “Yo soy católico, pero practico algo de la religión judía” aseguró, impávido, en un programa de la cadena italiana Rettequatro.
Con el abrazo con el jesuita Jorge Bergoglio , Milei quiso dejar atrás las gratuitas agresiones que había vertido en campaña hacia la máxima autoridad de la Iglesia católica, entre ellas la de «representante del Maligno en la tierra». Ahora, asegura, «reconsideró su opinión del Papa», que pasó a ser para él «la persona más importante de toda Argentina».
Pero también fue “negocio” para el Papa, ya que encauzó la relación, buscando hacer foco en la urgente agenda social. Milei dijo que tuvo que reconsiderar “algunos pensamientos porque el Papa es el jefe de los católicos de todo el mundo”. Pero no lo planteó como una revisión al improperio anterior, pese a que varios hombres de su cercanía también son jesuítas (aunque otros entre los católicos son del Opus Dei). ¿Habrá “bendecido” Bergoglio el cogobierno con Macri?
La educación como negocio
El proyecto mileinista no plantea ninguna función definida para el sistema educativo. Ya en su campaña electoral, planteó que había que eliminar la educación obligatoria: esa es la concepción que muchos de los economistas ultraliberales y de la escuela austríaca enuncian como dogma.
El exministro de Educación Daniel Filmus señala que esta concepción no prevé que la educación juegue un papel importante en la formación para el trabajo, la productividad o el desarrollo científico-tecnológico, porque el modelo propuesto no incluye una ampliación del mercado de trabajo, un proceso de industrialización o de creación de conocimiento y tecnologías propias.
Los anarcocapitalistas sostienen que la sociedad no debe invertir en formar trabajadores o profesionales que no se sabe si encontrarán puestos laborales para ejercer su carrera, ya que ello implicaría “sobreeducar” en una sociedad que se quiere diseñar dividida entre empresarios-patrones y trabajadores sin educación ni formación, más fáciles de explotar.
Es un modelo de construcción de hegemonía ideológica que prescinde del papel de la escuela para concentrarse principalmente en las redes sociales. Una política de ajuste económico que disminuirá drásticamente la inversión en educación, ciencia, y tecnología, y golpeará fuertemente el salario docente, profundizando la desigualdad y condicionando la posibilidad del inicio y continuidad del ciclo lectivo y la calidad de los aprendizajes escolares, añade Filmus.
Para ellos la educación significa un gasto público por el que no se obtendría una tasa de retorno que justifique la inversión social. Se trataría así de una inversión a riesgo que debería ser asumida por los particulares.
Para ellos, los pocos empleos altamente cualificados que requerirá una economía crecientemente concentrada pueden ser cubiertos por los circuitos educativos de élite o de alta calidad del sector de la enseñanza privada o de entidades extranjeras.
¿Dolarización?
Mientras la agenda social pasa por el ajuste, la contracción económica y la disparada inflacionaria, el plan de Javier Milei de dolarizar la economía avanza y se supone que en plazos muy cortos, alentados por empresarios e influyentes hombres del poder que creen que exterminar el peso y reemplazarlo por la moneda estadounidense es la única salida que tiene el Gobierno para controlar los precios.
La dolarización es esperada con los brazos abiertos por las mafias y los sectores delictivos: va a calcar en Argentina el negocio delictivo de las Maras salvadoreñas, la marginalidad y el narcotráfico en todo el continente, en beneficio de los grandes bancos del sistema capitalista.
Pero los dolarizadores temen que la Corte Suprema de Justicia aborte la idea. Su presidente, Horacio Rosatti, señaló que «si una dolarización elimina la moneda argentina, es inconstitucional” – ”se trataría de una moneda que no podría emitir el Estado nacional (…) y porque se trataría de una moneda cuyo valor no podría ser fijado por el Estado Nacional”- e instó a los políticos a “leer la Constitución».
¿Bonapartismo?
Algunos analistas (del exterior) se animan a calificar al mileinato como un gobierno bonapartista, aunque débil, ya que el gobierno cuenta con una pequeña representación parlamentaria en función de objetivos tan ambiciosos, no tiene ninguna gobernación en manos de su fuerza política. (El bonapartismo está inspirado en la política llevada a cabo por el emperador francés Napoleón I).
Además, existe una relación de fuerzas entre las clases que necesitan quebrar y hay brechas importantes en la propia burguesía. Como clase de conjunto acuerdan en que es necesario “un ajuste duro o de shock” (devaluación, mayor extractivismo, reforma laboral, recorte a las jubilaciones, a la asistencia social, al empleo público y a los gastos del estado en general) pero cada fracción pretende que el ajuste lo pague otro.
El capital financiero y sus instituciones como el Fondo Monetario Internacional son el principal sostén y beneficiarios de las profundas transformaciones que pretende el gobierno para cumplir, ante todo con los tenedores de la deuda externa. Ese mismo sector capitalista también es consciente del golpe que significan las medidas no sólo para las mayorías populares sino también para intereses de otros grupos capitalistas, en parte representados por los gobernadores.
Esto se dejó traslucir en el tratamiento de la Ley Ómnibus en Diputados, donde las patronales exportadoras del campo y la industria lograron eliminar la suba de las retenciones y luego otros sectores empresariales lograron quedar a resguardo de la apertura de importaciones (como el azúcar, citrus, etc.), señala Fredy Lizarrague.
La aplicación a rajatabla del protocolo antipiquetes pareció poner en riesgo la aprobación de la Ley Ómnibus. Al Ministerio de Seguridad le hicieron llegar el mensaje de que la sobresaturación de efectivos en la calle podía ser contraproducente, sobre todo si Bullrich daba la orden de reaccionar ante el primer síntoma de incumplimiento del protocolo.
¿Tiempo de convulsiones?
Pero Milei está feliz con la actuación de Patricia Bullrich y su misión de ordenar el espacio público, sobre todo cuando las fuerzas son provocadas o desafiadas por los manifestantes. Pero la resistencia a la represión policial, si bien minoritaria, puso en alerta a los analistas del régimen.
La previsible etapa que se abre tras los primeros actos del gobierno de Milei -a lo que habría que añadir, de producirse, el cogobierno con el macrismo-, es de convulsiones sociales. Milei, enfrenta a la realidad luego de que sus ofertas electorales comienzan a demostrar un peso más propagandístico que real, llevando a la pobreza a la mitad de la población, usando la comida y la crisis alimentaria como variable de ajuste.
La duda es sobre la masividad que pueda tener la lucha, enfrentando el amedrentamiento de la campaña de miedo desde los medios hegemónicos y la desmedida represión en las calles, cuando la principal fuerza opositora, el peronismo, parece aún dormido tras la derrota electoral, causada principalmente por el desbarajuste provocado por el mal gobierno de Alberto Fernández.
La izquierda, hoy, es la calle, donde trabajadores, educadores, desempleados, movimientos sociales y barriales, suman su repudio a las medidas y la orientación del gobierno, desafiando el letal aparato represivo de Milei y Bullrich.
