En el marco de la discusión de la llamada Ley Ómnibus (27640) que promueve el gobierno de Milei, la Coalición Ciudadana Antiincineración manifiesta su rotundo rechazo a los cambios propuestos al Marco regulatorio de biocombustibles.

Se ha dado a conocer el dictamen de mayoría, aprobado en el plenario por las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se aplica una modificación al artículo 4º de la Ley N.º 27640 Marco regulatorio de Biocombustibles, que refiere a los plásticos: “se entiende por biocombustible al bioetanol, al biodiésel y a cualquier otro biocombustible líquido que cumpla los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación y cuyo origen sea agropecuario, agroindustrial y/o provenga de desechos orgánicos y/o plásticos”.

La Coalición Ciudadana Antiincineración informa que obtener combustible a partir de los plásticos es una práctica altamente contaminante. Consiste, someramente, en someter a una combinación de calor, presión, oxígeno menguado, catalizadores, y/o solventes –una cocción– a polímeros duros como polipropileno (PP) y blandos como el polietileno (PE) para la generación de aceites de hidrocarburos, emparentados con el diesel. Este método también se conoce como reciclaje químico o reciclaje avanzado (en inglés chemical recycling/advanced recycling).

Se ofrece esta tecnología como una alternativa en la economía circular, concepto creado y popularizado por la industria, que trata perversamente de emparentarse con los sistemas naturales, cuando nada es más alejado de la realidad.

El reciclaje químico genera gran impacto en el ambiente y la salud. Por ejemplo, se generan emisiones de sustancias cancerígenas, alteradoras del sistema hormonal, neurotóxicas como las dioxinas, furanos, PCB, metales, además de producir gases de efecto invernadero. Genera residuos peligrosos que se deben disponer en rellenos de seguridad, y toda la cadena es intensiva en el uso de energía.

Recientes investigaciones dan cuenta de la presencia de cientos de sustancias tóxicas en los plásticos, muchas adicionadas intencionalmente con el objetivo de conferir propiedades funcionales a los productos plásticos. Estas sustancias indefectiblemente terminan siendo liberadas al ambiente cualquiera sea el método que se utilice para disponer los residuos plásticos o se incorporan a los productos que se fabriquen con el material reciclado.

Las comunidades vecinas a instalaciones donde se realiza reciclaje químico viven en territorios considerados zonas de sacrificio, adonde parece no existir la justicia ambiental o el derecho al ambiente sano.

Argentina en general y las provincias en particular, como tutoras de los bienes comunes, tienen sus legislaciones sobre calidad del aire y emisiones muy desactualizadas, y una escasa o nula capacidad de control ya que no poseen equipos de medición propios y dependen de los estudios ambientales que hagan las mismas industrias bajo declaraciones juradas imposibles de contrastar.

Estas tecnologías apoyan y sostienen el sistema de consumo caracterizado por usar y tirar, que con los plásticos llegan a su mayor exponente en los identificados como “de un solo uso”.

El ciclo de vida de los plásticos, que se inicia en la extracción de la materia prima, ya comienza con altísimos impactos al ambiente y a la salud y en ocasiones, son causantes del despojo de sus territorios a Pueblos Indígenas.

Más del 90% de los plásticos se fabrican a partir del gas y del petróleo, por lo tanto, no es aceptable afirmar que los plásticos son renovables.

Por todo lo anterior, la Coalición Ciudadana Antiincineración reafirma su total rechazo al uso de los plásticos como fuente de energía y pide que no se modifique la Ley N.º 27640 Marco Regulatorio de Biocombustibles en su artículo 4º. También se opone a toda disposición ambiental que signifique un retroceso en el marco jurídico protectivo del ambiente y la salud y peticiona que no se apruebe la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo que puedan generar cualquier retroceso en el plexo normativo ambiental de nuestro país.

Coalición Ciudadana Antiincineración
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