Publicamos acá la intervención de Nelsy Lizarazo, Coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, en el encuentro ‘Ministerial de Educación Santiago 2024: del compromiso a la acción’, reunión en la que más de 20 ministros de Educación de América Latina y el Caribe junto a varios de los Ministros de Hacienda intercambiaron miradas y experiencias en torno a la reactivación, recuperación y transformación educativa:

«1. Puntos de partida

Cuando hablamos de educación, hablamos de Derecho Humano a la educación y, por tanto, de un derecho que es de todos y todas, a lo largo de toda la vida, sin excepción, sin exclusión. Los garantes de los derechos humanos son los Estados. Los demás actores somos corresponsables, pero no garantes. Para garantizar el derecho humano a la educación, fortalecer los sistemas de educación pública, desde la primera infancia hasta la educación de personas jóvenes y adultas es, al menos en nuestra región y desde la perspectiva de CLADE, el camino. La educación pública requiere transformarse y ese horizonte transformador es el de la justicia social, el pensamiento crítico, la creatividad, la conciencia planetaria, la convivencia no violenta, la no discriminación … y mucho más. La financiación pública de la educación es la inversión más eficiente y socialmente responsable que pueden realizar los países. Cada dólar invertido en educación produce un mayor rendimiento para los individuos, y aún más para la sociedad, que cualquier otra inversión.

2. La pregunta

¿Cuál es la relación entre la apertura de una cuenta o empresa con nombres falsos en la Isla de Man (un paraíso fiscal) y la falta de agua potable en una escuela en cualquier país de nuestra América Latina y Caribeña? ¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública y de calidad?

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Red de Justicia económica y social Latindadd y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) han unido esfuerzos y agendas para responder estas preguntas y revelar, finalmente, el estrecho vínculo entre justicia fiscal y financiamiento educativo.

3. Luces y sombras en el escenario actual

Desde el lugar de la educación – Sombras

Los informes más recientes, tanto a nivel global como a nivel regional, nos alertan sobre los logros insuficientes y el estancamiento en la agenda 2030. No abundaré en este diagnóstico porque quienes estamos aquí, lo conocemos suficientemente y además, conocemos con precisión la situación en cada uno de nuestros países.

Recordaré sí, que la pandemia expulso 160 millones de estudiantes de los centros educativos de la región y nuevamente, no estamos seguros de si este dato incluye a personas jóvenes y adultas y que, paradójicamente, el presupuesto público para educación, ha disminuido sustantivamente y que la precarización de los sistemas públicos de educación, salvo algunas excepciones, aumenta.

El Informe sobre ODS de ONU, presentado con motivo de la Cumbre de 2023, destacó que para cumplir con el Objetivo 4 que, insisto, sitúa el aprendizaje a lo largo de la vida, la financiación de la enseñanza debe convertirse en una prioridad de las inversiones nacionales. Además, son esenciales las medidas como la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza, el aumento de la cantidad y la formación de docentes, la mejora de las infraestructuras escolares básicas y la adopción de la transformación digital tema, este último, del que estaremos hablando también en estos días.

Luces

A nivel global y regional, el llamado para asegurar el logro de la Agenda 2030 es urgente. El ODS 4 es un compromiso de todos los Estados de LAC para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

La TES enfatizó líneas de acción prioritarias, vinculadas con el ODS4. Una de esas líneas es el financiamiento público y suficiente de la educación y uno de los mecanismos incluidos es, precisamente, la justicia fiscal.

Nuestros Estados tienen un compromiso con el Marco de Acción de Marrakech, por la educación de personas jóvenes y adultas. También tienen un compromiso con la Cumbre de Tashken, en torno a la educación de la primera infancia. En los dos casos, el aumento de los porcentajes de presupuesto público, es parte sustancial del compromiso.

Desde la justicia fiscal – Sombras

-Los sistemas fiscales de LAC son altamente regresivos: el 70% de la recaudación tributaria proviene de impuestos indirectos. . En proporción, los que menos tienen pagan más impuestos que los que más tienen. Para el caso de Guatemala, el 51,3% de la recaudación de impuestos está explicada por impuestos al consumo. En el caso de Argentina, el 46,8% de la recaudación se explica por impuestos indirectos, impuestos al consumo. Como en el caso de Guatemala pagan más, en proporción, los que menos tienen.

– América Latina y el Caribe pierden anualmente recursos muy necesarios. Las pérdidas regionales anuales estimadas por diferentes organismos y OSC arrojan que, producto de la elusión fiscal, dejamos de recaudar 500 mil millones de dólares por año, según un informe de la red global Tax Justice Network en conjunto con ISP y Global Alliance for Tax Justice.

-Se pierden también por evasión fiscal: 320 mil millones de dólares por año según CEPAL. Se pierden además, por incentivos tributarios, 5% PBI regional y por no gravar a las grandes fortunas perdemos, actualmente, 26 mil millones de USD por año según un informe de Latindadd, RJFLAC y Fundación SES. La recaudación es 12 puntos menos sobre el PBI, en comparación con los países OCDE.

Luces

En el nivel nacional, algunos países en la región han hecho o están haciendo avances en reformas tributarias progresivas. Es el caso de Brasil, cuya ley de impuestos a los súper ricos y las offshores, está a la espera de la sanción presidencial y significará una recaudación 20 billones en 2024. Colombia ha dado pasos importantes en su última reforma fiscal, mientras Honduras está en el proceso de aprobación de su reforma tributaria. No sucede en todos los países, pero sin duda, comienza a ser un asunto de debate público.

Dieciseis países de LAC decidieron el pasado mes de julio, en Cartagena de Indias, crear la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe , un espacio de coordinación regional con la secretaría técnica de CIESPAL y la presidencia pro-tempore de Colombia.

En noviembre de 2023, 125 países votaron en la Asamblea de la ONU a favor de iniciar las negociaciones para una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional a Convención Fiscal de las Naciones Unidas y trabajar por una cooperación fiscal internacional inclusiva y eficaz.

Y recientemente, en DAVOS, 250 ricos y muy ricos, han hecho una petición para que se les haga pagar más impuestos. En esa declaración afirman que “Esto no alterará fundamentalmente nuestro nivel de vida, ni privará a nuestros hijos, ni perjudicará el crecimiento económico de nuestras naciones. Pero convertirá la extrema e improductiva riqueza privada en una inversión para nuestro futuro democrático común”.

Hay una tendencia, no todavía lo suficientemente fuerte y consensuada, pero es una tendencia y allí tenemos una oportunidad, como región.

4. Los vínculos concretos

Los informes nacionales del proceso que hemos llevado adelante indican que en Argentina, la pérdida por evasión alcanza los USD 2.684 M. Si se aplican medidas progresivas, se podría duplicar el gasto en educación.

Colombia: alcanza los USD 17.365 M (5.4% PBI) – equivale al 100% del presupuesto de educación.

Guatemala: evasión de USD 149 M. Con esos recursos, se cubriría el 100% de estudiantes en educación básica, el 50% en educación diversificada.

Paraguay: la pérdida es de de USD 100 M – equivale al 100% del gasto en educación.

Perú: evasión y elusión de USD 80.000 M – equivale a 4 veces la inversión anual necesaria en educación.

República Dominicana: evasión y elusión 4.5% del PIB. El gasto promedio en educación es 3.97% del PIB.

Nuestra pregunta inicial, ¿Cuál es la relación entre la apertura de una cuenta o empresa con nombres falsos en la Isla de Man (un paraíso fiscal) y la falta de agua potable en una escuela en cualquier país de nuestra América Latina y Caribeña? ¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública y de calidad?, encuentra en esos datos, su respuesta.

Las posibilidades de aumentar la inversión en educación eliminando las prácticas de evasión, elusión y movimiento de flujos financieros ilícitos en nuestra región, es un camino a recorrer ahora. Esos recursos, invertidos con enfoque de derechos y de forma eficiente, permitirían acelerar los logros que queremos, en el horizonte que buscamos.

5. Las propuestas

Desde CLADE, Latindadd y RJFLAC buscamos e nuevos espacios desde los cuales poder extraer el financiamiento para una educación de calidad en la región. Estos son el impuesto a la propiedad, el impuesto a las grandes riquezas y el incremento de tributación sobre los abusos corporativos.

¿Qué proponemos?

Incorporarse y participar activamente en la Plataforma Tributaria Regional, en la perspectiva de concretar la cooperación fiscal regional y global.

Impulsar el proceso de la Convenciòn Fiscal de la ONU

Diálogo intersectorial – Abrir espacio permanente de diálogo entre MinEd y Min Fin – flujo de información, conocimiento, intercambio, ubicando el rol de la justicia fiscal para la recuperación de recursos para el financiamiento de políticas públicas que garanticen el derecho de todos y todas.

Mesa Interministerial de Financiamiento Educativo, liderada por los ministerios de educación y finanzas, con participación de los ministerios vinculados (trabajo, mujer, protección, entre otros).

Abrir y sostener espacios de diálogo con estudiantes, docentes, organizaciones y colectivos, en la perspectiva de identificar necesidades, definir prioridades, monitorear la inversión educativa, proponer alternativas.

Mejorar la calidad y asignación de la inversión pública en los sistemas públicos de educación, promoviendo la gestión eficiente de los recursos del sector.

Para cerrar

Nos urge cerrar brechas e inequidades. Nos urge abrir oportunidades para que nuestra niñez y nuestra juventud construyan proyectos de vida plena. Nos urge que nuestras personas adultas cuenten con posibilidades amplias y suficientes para fortalecer su aporte a la cohesión social, a la eliminación de las violencias basadas en género, a sociedades no violentas. Nos urge que nuestras jóvenes y mujeres indígenas cuenten con ofertas educativas públicas pertinentes culturalmente. Nos urge que el derecho se garantice y para ello, sabemos, se necesitan más recursos y, sin duda, mejor gestionados.

Es necesario acelerar el paso, el futuro se construye hoy. Queremos sociedades basadas en los derechos y no en el miedo. No podemos seguir postergando nuestra historia. Queremos una segunda oportunidad sobre la tierra. En ese camino, cuenten con nosotros y nosotras.