Mega-devaluación, inflación descontrolada, mayor pobreza, amenazas de represión y extractivismo recargado. El combo del gobierno de Javier Milei. La política agropecuaria, conducida por un ex decano de la UBA y hombre del agronegocio, es aplaudida por las grandes empresas exportadoras y transgénicas. El INTA quedó en manos de un censor de la agroecología y de Aapresid.

«Hacer lo mismo, pero más rápido», había dicho Mauricio Macri en un pretendido segundo gobierno. Y Javier Milei tomó nota: mega-devaluación, inflación sin control y más pobreza. En lo que respecta al agro (y al extractivismo), no hay novedad: funcionarios que impulsan más explotación de la naturaleza, con ministros y secretarios que solo priorizan los dólares. El agronegocio explicitó la alianza de la UBA con el sector empresario: Fernando Vilella, ex decano de la Facultad de Agronomía (Fauba), Aapresid y las grandes empresas del sector celebran en la nueva Secretaría de Bioeconomía. Mientras el precio de los alimentos no tiene techo, el Gobierno amenaza con represión de la mano de Patricia Bullrich.

Doctrina del shock y represión

La llamada «doctrina del shock» es conocida dentro del sector de la militancia social, sobre todo desde la investigación de la periodista Naomi Klein en 2007 (basada en la teoría y práctica del economista estadounidense Milton Friedman). De forma muy simplificada, toma la referencia de la antigua «terapia de electroshock» que se realizaba sobre personas y cómo estas descargas eléctricas hacían perder la capacidad de reacción, los paralizaba.

El sistema político-económico hegemónico aplica un shock en la población (puede ser una dictadura, una guerra o utilizar el momento de un desastre natural) y así implementa un plan de políticas extremas, que de otra forma no pueden ser aceptadas por la población. Es clave ejecutar esas medidas de manera muy rápida, que no permita reacción popular. Como si esto fuera poca, cuenta con la herramienta de la violencia para terminar de ejecutar su paquete de medidas.

El objetivo: que un grupo pequeño, de empresas y corporaciones, sea cada vez más ricoa. Y que el pueblo sea cada vez más pobre. Concentración, aún mayor, de la riqueza.

Las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, van en esa línea. Devaluación sideral, escalada inflacionaria, pulverización de los salarios, aumento de la pobreza y la miseria. En ese contexto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, amenazó en conferencia de prensa a quiénes corten calles y rutas. Es sabido: el ajuste (y el extractivismo) solo se puede ejecutar con represión de los que se manifiestan en contra.

Con los antecedentes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, entre otros, Bullrich volvió a la carga con el anuncio del «Protocolo para el mantenimiento del orden público», un plan con claras amenazas de represión y criminalización.

Foto: Casa Rosada

«Rechazamos el Protocolo porque contraría totalmente nuestro ordenamiento jurídico y abre las puertas a la comisión de delitos graves por parte de las fuerzas de seguridad federales, encargadas de implementarlo reprimiendo a quienes participen de marchas y movilizaciones callejeras», denunció la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Desde la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi) también salieron al cruce: «El protocolo antipiquetes anunciado por la ministra Bullrich apenas 24 horas después de que el Ministro de Economía licuara en más del 120 por ciento los ingresos de las familias argentinas es la muestra más clara de que la represión es el camino elegido para garantizar el mega ajuste en marcha».

Recordó que en 2016, con Mauricio Macri, Bullrich intentó implementar un plan similar. Y denuncia: «El Gobierno impone con esta resolución un estado de excepción con suspensión de derechos democráticos y garantías constitucionales. Para lograr su objetivo de prohibir todo reclamo contra medidas antipopulares, decreta la ilegalidad de toda manifestación, movilización o acto de protesta (…) Instruye a las fuerzas federales para actuar directamente sin orden judicial o fiscal y fija la ‘liberación de la vía pública’ como objetivo inmediato con autorización para el uso de la fuerza».

«No es exagerado definir la resolución 943/2023 del actual Gobierno como la imposición de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías. Se prohíbe el ejercicio del legítimo derecho a la protesta, se avanza en la criminalización de personas y persecución a las organizaciones populares, se habilita el uso inmediato y directo de la fuerza y la detención de manifestantes y se borran de un plumazo todos los estándares impuestos por la legislación nacional e internacional en la materia», alerta la Correpi.

Un negocio atendido por sus propios dueños

El área de agricultura de nuevo pasó a ser Secretaría y lleva el pomposo nombre de «bioeconomía», a cargo del ex decano de la Facultad de Agronomía de la UBA y ex funcionario de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, Fernando Vilella. Es un hombre del agronegocio, con tono conciliador, voz aflautada pero una postura clara respecto a la alianza con las empresas transgénicas (y de agrotóxicos).

Como muestras de sus alianzas y pertenencias: la multinacional Bayer-Monsanto difundió una charla con él en sus redes digitales una semana antes de su nombramiento. «Promueve una mirada integral sobre un rumbo posible y virtuoso para la producción y el desarrollo argentino», celebraba la multinacional alemana. Durante su gestión, la Fauba se caracterizó (y caracteriza) por la alianza con las multinacionales del agro.

Muestra dos: el portal de noticias Bichos de Campo, espacio que promociona al agronegocio, precisó el momento de presentación del equipo de Vilella. En una casona de San Telmo, ofició de presentador el director de Clarín Rural, empresario y ex funcionario de Domingo Cavallo en el INTA, Héctor Huergo. Es uno de los mayores lobistas del agronegocio.

Otro medio de comunicación que es pilar del modelo, el diario La Nación, aportó detalles de la reunión del brindis del flamante funcionario en San Telmo: «El ex decano de la Fauba presentó a su equipo frente a un auditorio de 150 empresarios agroindustriales, productores, economistas, técnicos y distintos referentes y destacó los puntos esenciales que tendrá su futura gestión». Precisó que el encuentro fue organizado por José Demicheli, CEO de ADblick Agro, y el empresario Francisco García Mansilla. Formaron parte del encuentro los referentes del agro más poderoso del país: Aceitera General Deheza (Roberto Urquía), Louis Dreyfus (Luis Zubizarreta), Cresud (Diego Chillado Biaus), Cofco (Alfonso Romero), Cargill (Fernando García Cozzi), Adecoagro (Ezequiel Garbers), Rizobacter (Ricardo Yapur), Cámara de la Industria Aceitera – Centro de Exportadores de Cereales (Gustavo Idígoras) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Daniel Funes de Rioja), entre otros.

Se trata de los dueños de la pelota, la cancha, el estadio y del árbitro. Los dueños de todo. Pero, eso sí, Vilella le agrega el prefijo «bio» a todo lo que dice, como muestra de su (supuesta) preocupación ambiental.

Foto David Maunsell/Unsplash

Aapresid e INTA, regresos y continuidades

La Asociación de de Productores de Siembra Directa (Aapresid) mantuvo durante dos décadas el tono muy pulcro, cuidadoso de las formas, diplomático. En momentos de conflicto (Resolución 125) fueron estratégicos y dejaron el lugar de choque a la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro). Pero siempre fue un espacio de lobby y articulación del agronegocio, tanto a nivel local como internacional.

Ya formaron parte del gobierno de Mauricio Macri (en la entonces Coordinación de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). Aunque tienen un discurso anti-Estado, ahora regresan por más: Pedro Vigneau, ex presidente de Aapresid y de la organización Maizar, fue nombrado como asesor espacial de Vilella. Nicolás Bronzovich, también cuadro de Aapresid, tiene el título de Director Nacional de Agricultura; y Beatriz «Pilu» Giraudo, fue nombrada vicepresidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El que también vuelve a la función pública es el ex Monsanto y funcionario de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, que estará a cargo del Consejo Federal Agropecuario (CFA). Aún no confirmado, en el Inase circula la versión de Claudio Dunan, de Bioceres-Indear, creadores del trigo transgénico.

Es sabido que no hay grieta entre gobiernos, pero quizá sea mucho pasar de una gestión que se auto definía como «nacional y popular» a uno de ultraderecha. No le pareció demasiado a Sabina Vetter, que seguirá al frente de la Dirección de Producción Forestal (monocultivos de árboles, parte del modelo extractivo). Similar a las continuidades de Flavia Royón (secretaria de Energía con Sergio Massa, pasa a ser secretaria de Minería, bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo) y de la catamarqueña Yanina Martínez, que estuvo con Matías Lammens en el Ministerio de Turismo y sigue en el área.

En la presidencia del INTA nombraron a Juan Cruz Molina Hafford, que se desempeñaba desde el 2018 como director regional del INTA en Córdoba. Curioso su caso: apadrinado por Juan Schiaretti, llegó al máximo escalafón provincial sin haber realizado previamente una carrera dentro de la institución (como es costumbre), pero sí fue secretario de Agricultura y Ganadería de Córdoba entre 2011 y 2018 (bajo las órdenes del ministro Sergio Busso). Molina Hafford fue gran impulsor y coordinador del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), eufemismo del agronegocio para poder fumigar con agrotóxicos hasta la puerta de las viviendas.

No se caracteriza por ser un hombre tolerante con quien piensa distinto. Molina Hafford fue denunciado por perseguir a profesionales que impulsan la agroecología en el INTA de Córdoba. En diciembre de 2022, en un comunicado de ATE-INTA se lo acusó de hostigar al ingeniero agrónomo César Gramaglia, especialista en agroecología. Gramaglia fue denunciado por Hafford por difundir las técnicas agroecológicas para el control de plaga de langosta, a contramano del modelo convencional con agrotóxicos.

Desde ATE-INTA afirmaron que el problema es la posición de Molina Hafford y de sus colegas del gobierno de Córdoba y la regional de Senasa, “siendo la difusión y desarrollo del sistema productivo convencional del agronegocio su principal faceta técnica, política e ideológica”.

No toleran que haya opciones al agronegocio. E intentan castigar a quién plantee otra mirada. “El absurdo proceso sumarial en la que devino esta denuncia da muestra clara de esto. Es decir, se sanciona con una suspensión de seis días por informar, por opinar, ¿por expresar una idea?”, alertó el gremio del INTA y sostuvo que no se podía “permitir ni justificar este accionar dentro del organismo, por injusto, censurador y disciplinador”.

Juan Cruz Molina Hafford ahora es la máxima autoridad del INTA.

Foto: Nicolas Pousthomis

Cambios, ausencias y tiempos

El Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) estaba en manos del Movimiento Evita y dependía de la Jefatura de Gabinete. Con el decreto 8/2023, que modificó la Ley de Ministerio, pasó al Ministerio de Capital Humano (a cargo de Viviana Pettovello). Toda una toma de decisión: la agricultura campesina no está con el sector productivo, sino con el área de asistencia social. Y aún no tiene nombramiento de quién ejercerá su titularidad.

Peor el caso de la Dirección de Agroecología, donde estaba Eduardo Cerdá de la Renama, que ni siquiera aparece en ningún organigrama y se desconoce si continuará o no.

«Las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, de forma malintencionada y apelando al terror —y en concomitancia con el discurso de asunción del presidente Javier Milei— confirman aquello que muchos denunciábamos: no se ajusta a los bancos, ni a los especuladores, ni a la bicicleta financiera, ni a los exportadores, ni a los dueños de las semillas, ni a los grandes comercializadoras. Nos ajustan a nosotros y nosotras, a los que trabajamos y tomamos transporte público, a los que las facturas de luz y agua le significan no solo un derecho humano sino un insumo necesario para la producción, a los que trabajamos de sol a sol para llegar a fin de mes», afirmó la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Advirtieron que no se quedarán de «brazos cruzados» ante el riesgo que corre la producción campesina.

Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) declararon el «alerta» de movilización: «Nuestro deber como organización social popular defender los derechos conquistados, pelear por los que faltan, construir una sociedad diversa, con respeto y sin violencia, con Memoria, Verdad y Justicia, que nos permita alcanzar la soberanía alimentaria y la justicia social, que es lo que realmente nos hará libres».

En la gran mayoría de las organizaciones (socioambientales, campesinas, indígenas) se sigue muy de cerca las medidas del Gobierno, entre broncas, tristezas y angustias (por citar solo algunos sentimientos). Aún no hay acciones concretas de movilizaciones ni acciones directas. Quizá porque pasó muy poco tiempo o quizá porque el shock aún está sucediendo.