El expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle golpeó el tablero político al anunciar su decisión de apoyar la Constitución Política que se plebiscitará en diciembre próximo. Pese a los reparos que el mismo le observó al texto, piensa que con su aprobación podría terminar un largo proceso constituyente y el país pueda avanzar hacia los consensos necesarios para satisfacer las demandas sociales postergadas por un proceso que ha dividido a los chilenos y tiene crispada a toda la política.
Sin embargo, es muy poco probable que con esta consulta ciudadana podamos clausurar una larga etapa de disensos y controversias, mientras el crimen organizado se consolida y la percepción de inseguridad en la ciudadanía se acrecienta. Con la inflación, además, y una crisis educacional como de salud cada vez más críticas.
Aunque algunos auguran la aprobación del texto propuesto por el último Consejo Constituyente, otros aseguran que el resultado de Plebiscito le prolongará vigencia a la Carta Magna heredada de la dictadura con los remiendos realizados durante el gobierno de Ricardo Lagos. Una opción que a nadie le gusta pero que pudiera consolidarse con esta consulta nacional con sufragio obligatorio. De ser así, la Constitución del 1980 podría constituirse en el texto de mayor extensión de toda nuestra historia republicana.
Algo que resulta muy sorprendente si se tiene en cuenta la larga y masiva lucha emprendida para no dejar vestigios del régimen pinochetista y, más todavía, si se considera que los principales detractores del régimen castrense paradojalmente están llamando a rechazar el nuevo texto, habida cuenta que este habría sido redactado por la extrema derecha.
Una situación difícil de entender, por supuesto, si no se considera que los chilenos siguen tajantemente divididos por el pasado y, ahora, como suele ocurrir, son muchos más los que buscan castigar al Gobierno de Boric como al de sus antecesores por la incapacidad demostrada para encarar las demandas sociales, que ciertamente le importan mucho más a la población que definir su futuro institucional. Tanto así que cada día se habla más de un nuevo estallido social en que se manifieste el repudio hacía los turbios manejos e incapacidad de la clase o casta política, como se le denomina en Argentina y en varias otras naciones del mundo.
A propósito de lo ocurrido en el país trasandino, no son pocos los que añoran también para Chile un caudillo que prometa barrer con las malas prácticas y mejorar la precaria condición de vida de millones de personas y familias. El síndrome Milei, en realidad, se hace cada vez más continental, cuando no universal.
Sí o sí, cualquiera sea el resultado del referéndum, los perdedores van a seguir bogando por un nuevo proceso constituyente. Que se acote y tenga como epicentro La Moneda y el Congreso Nacional mismo, descartando las instancias ad hoc que fueron convocadas por el poder legislativo y sus mayorías circunstanciales.
Lo que queda claro es que ya no está vigente la posibilidad de que la nueva Carta Magna se derive de una asamblea constituyente de vocación verdaderamente democrática, como se había prometido en sus inicios. Al fin de cuentas, los partidos, sus gobernantes y legisladores van a optar, como siempre antes, por un texto definido por las cúpulas políticas, dejándole únicamente al pueblo la posibilidad de sancionarlo al final de sus conciliábulos solo por un Si o un No.
De no mediar la obligatoriedad del voto, seguramente sería la abstención electoral la ganadora, de estos comicios. Al menos así lo manifiestan hasta hoy las encuestas, donde el desinterés ciudadano es ostensible, lo que conspira contra la legitimidad de esta consulta popular en cualquiera de las opciones planteadas: la continuidad de la Constitución de Pinochet y la propuesta por los sectores de derecha que gobernaron o simpatizaron en el pasado con la “democracia protegida” y el orden económico neoliberal. Confirmando el fracaso de la izquierda y la llamada centroizquierda incapaces de consolidar acuerdos mínimos. Mientras los sectores retardatarios, pese al sus litigios, son capaces de entenderse para defender sus intereses y aguardar por un nuevo gobierno oligárquico.