por Nicky Arenberg, Est. Derecho, U. Chile. Ex Vice-Presidente, Federación de Estudiantes Judíos para El Diario Judío
En medio de la enorme crisis que los casos PENTA, CAVAL y SQM han desatado sobre la clase política chilena, los Presidentes de la UDI, el PC, el PPD, el PS, el PRSD, la DC y RN firmaron y difundieron una “Declaración Conjunta sobre Probidad y Transparencia”.
El contenido de este escueto documento (de solo 6 puntos), sus firmantes y las circunstancias que lo rodean, ponen de manifiesto la pésima forma en la que nuestra “clase” política está tratando de superar esta crisis, poniendo en duda la legitimidad del poder cívico y el rol de quienes gobiernan nuestro país.
La declaración dice básicamente tres cosas: Uno, que los firmantes (y sus partidos) hacen un mea culpa transversal –literalmente “dejándose interpelar” por la ciudadanía- y se comprometen a concentrar sus esfuerzos legislativos en aquellas iniciativas que apunten a superar esta crisis. Dos, que ya pasó la hora de criticar al gobierno, dando ahora su confianza y respaldo total a la Presidenta y la nueva Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. Y tres, que la institucionalidad -encarnada en los poderes del Estado- es la que debe sacarnos de esta situación, escuchando la voz del pueblo. Cuek.
Como ningún otro proyecto de ley o acuerdo anterior, lo firman desde la UDI al PC, dejando de lado sus posiciones antagónicas para hacer frente juntos a las críticas de la ciudadanía y la prensa. Es tan grave la crisis que comunistas y ultra conservadores están dispuestos a poner sus diferencias todas sus diferencias de lado y asumir, como un solo bloque, esta declaración.
Insólitamente, esto no es tan raro para lo que históricamente ha hecho la clase política ante crisis similares en las últimas décadas. En 2003, un precedente de estos acuerdos político-programáticos entre oficialismo y oposición ocurrió cuando Lagos y Longueira, con mucha más pompa y publicidad, y con varios de los mismos actores, realizaron un pacto bastante similar para contener el efecto social y mediático de los casos Coimas y MOP-GATE.
Pero Chile ha cambiado desde el 2003. Los movimientos sociales y la ampliación del espectro ideológico y alcance real de los medios de comunicación hacen que estas declaraciones transversales ya no sean tan efectivas para apagar incendios políticos. Chile está evidentemente cansado que, como escribía Nicanor Parra, “La izquierda y la derecha unidas/ jamás serán vencidas“. Chile ya no quiere ser el país de Martín Larraín y Sebastián Dávalos, no quiere ser el país de la UDI y el PPD, de los negocios truchos y los pitutos políticos.
Los clichés respecto a la eterna confianza chilena en las instituciones, especialmente el Poder judicial y el Ministerio Público, o el chaqueteo de la indignación convertida en respaldo al rol de la Presidenta y su nueva comisión, son sólo eso, clichés. Las viejas prácticas político-mediáticas ya no convencen porque la gente ya no le cree a las mismas personas que nos están mintiendo hace 20 años. Necesitamos un cambio real, no necesariamente en nuestra institucionalidad, sino en quienes la manejan como si les perteneciera para su beneficio propio.
Para que Chile cambie, tenemos que romper el status quo en que vive nuestra política y nuestra sociedad. Para lograr este cambio, todos tenemos que contribuir, ya sea desde la calle, nuestras carreras, los movimientos político/ciudadanos o desde las urnas, estamos obligados a participar de manera activa. No podemos dejar que quienes ya no están pensando en Chile decidan los cambios que se deben hacer.
