Despidos masivos, el pago de Chile al personal de salud que salvó sus vidas. Demás está decir que los últimos años han sido muy difíciles para el sistema público de salud en nuestro país. A la sobrecarga que se vivió durante el tiempo de la pandemia, se suma la crisis más importante del sector privado relacionada con este ámbito. Ni el desarrollo económico que se ha producido en Chile, ha resuelto las profundas desigualdades que afectan el legítimo derecho a la salud de la población chilena.

A diez años de que se iniciara la implementación de la última reforma al sistema, éste sigue siendo un ámbito prioritario en la preocupación de la población y parte de las actuales demandas ciudadanas. El principio central que ordena la política de salud chilena, y que justifica el trato que recibe, es el paradigma de la focalización, que implica que las políticas públicas son diseñadas para grupos específicos de la población que se encuentran en alguna “situación de carencia” y, por tanto, requieren de la asistencia del Estado; enfoque que termina por liquidar la concepción de la universalidad en los derechos sociales, generando un grave problema de exclusión.

Esto ha ido a la par de una serie de prácticas administrativas que han perjudicado el manejo económico del sector público, haciéndolo cada vez más incapaz de cumplir con las demandas de salud de la población, que exige mayor acceso. Esta falencia se ha usado como argumento, para sostener que la Salud Pública es ineficiente y para justificar millonarios traspasos de recursos a los privados. Durante este año, la partida de Salud contempla un monto de más de 12 billones de pesos, implicando una variación negativa de -0,4%, lo que representa un crecimiento total de 7,1% respecto al año anterior, y que al final de la escala se traduce en un per cápita en la Atención Primaria de Salud (APS) de 10 mil pesos por usuario.

Hoy nuevamente el sistema público de salud está en crisis, porque el personal fundamental para su funcionamiento y prestación de atención a la población chilena está en conflicto con la autoridad. Diversas federaciones de trabajadores y trabajadoras de la salud realizaron un paro de 48 horas, en respuesta a la desvinculación de más de 6 mil profesionales y técnicos del rubro; despidos que se dan en el marco del fin de la alerta sanitaria de covid19 imperante en nuestro país. La pandemia permitió al Gobierno la contratación de profesionales bajo la figura de boletas a honorarios, los que fueron despedidos o no renovados al término de ésta, generando la molestia de los gremios y que, al no recibir soluciones por parte del Ministerio de Salud, el Consejo Directivo de la Confusam definirá en los próximos días la posibilidad de una nueva paralización.

El Colegio Médico no se sumó al paro, pero sí se ha solidarizado con la movilización empujada por organizaciones de trabajadores de la salud – no médicos. Patricio Meza, presidente de este gremio de facultativos, declaró a la prensa que: “Queremos que se sincere cuáles son los objetivos sanitarios de nuestro país. Si queremos alcanzar los objetivos en materia sanitaria, necesitamos que estos funcionarios sigan trabajando…” “Le hacemos un llamado al Gobierno para que haga un esfuerzo adicional, si queremos satisfacer las necesidades de la salud necesitamos el 100% de los funcionarios…” “Las listas de espera son una verdadera emergencia sanitaria (…) Si el Gobierno dice que su prioridad es la salud pública, debe hacerse cargo de lo que están diciendo“.

El Ministerio de Salud concretó el despido, vía el término de contratos, a los 6.300 funcionarios y funcionarias, aduciendo el término de la alerta sanitaria por Covid-19. Su declaración pública dice que “Esas condiciones nos permitirán decir que hay 9,7 funcionarios por cada mil habitantes. Ello es mejor al 2019, pre pandemia, cuando había 7,5 por cada mil habitantes” sentenció la autoridad sanitaria.

El colapso del sistema de salud se viene advirtiendo desde hace tiempo por parte de las y los actores principales, y se viene padeciendo en la población asalariada, cesante y jubilada que son sus usuarias. Las justificaciones presupuestarias que aducen las autoridades quedan cuestionadas, si se atiende que, simultáneamente, se financian los altos gastos injustificados de las FFAA, cuyo personal, en un país que no tiene conflictos bélicos, resulta bastante menos necesario y prioritario que las y los técnicos y profesionales de la salud pública, en un país en que mueren ciudadanas y ciudadanos estancados en listas de espera eternas por falta de atención especializada.

Acá se da lo que popularmente se conoce como “El pago de Chile”. Nuestras heroínas y héroes, que enfrentaron dramáticamente las urgencias de la población en pandemia, hoy son “desechables”. Miles son arrojados a la cesantía, en momentos en que sostener una canasta de alimentos y costos fijos de vivienda más movilización mensual, son cada vez más una difícil meta familiar.

La falta de priorización de la salud como eje central de la gobernanza, nos deja escuchando siempre estas justificaciones economicistas. Y no todo tiene que ver con platas. Existe un clamor acallado, que cualquiera que quiera escuchar, oirá con claridad, a saber: el sistema de salud no resiste más el cambio de autoridades; con cada nuevo gobierno, gente que entra a dirigir sin competencias ni expertis, los llamados cargos políticos, que se convierten en la práctica en una sobrecarga de trabajo para las y los profesionales jefaturas de mandos medios en hospitales, centros especializados, etc. de la planta permanente del sistema. Lidiar con direcciones incapaces, a la que se les debe enseñar el funcionamiento desde cero y, cuando con el tiempo ya van estando más claros en sus roles, una nueva elección, produce un nuevo recambio… y comienza todo de nuevo, en un círculo de repetición insufrible.

Desde esos directivos y este estilo de gobernar, no se puede esperar un mejor manejo de recursos, ni una optimización en la distribución y mejor gestión del personal, lo que está afectando las respuestas médicas en las regiones del país, dándose la paradoja que los esfuerzos en infraestructura en esos lugares, quedan limitados por falta de personal especializado, y hoy en ese escenario se le está bajando el status a esos hospitales, obligando a sus usuarios a viajar nuevamente a los centros en áreas metropolitanas en búsqueda de atención. Y, paralelamente, para ese personal hoy agredido por el despido masivo, la desesperanza y el tedio les empaña su labor cotidiana y les cierra el futuro. En definitiva, los “cargos políticos” desvanecen la posibilidad de un proyecto nacional de salud pública. La respuesta razonable es que estas direcciones no respondan a cuotas de partidos, y sean altamente profesionalizadas, descentralizadas, con sistemas de fiscalización y probidad.

Cuando una desigualdad en salud es evitable e injusta, es decir, si en la cadena de eventos causantes de la pérdida de una vida humana, estuvo presente la falta de recursos o de atención de parte del sector público, o algún otro determinante social (contaminación ambiental, pobreza, malas condiciones de vivienda, escasa alimentación), entonces estamos frente a una inequidad flagrante e intolerable, un sistema fallido, que se debe superar radicalmente.

Ante todo la salud de nuestro pueblo, y esto no admite justificaciones, ni dilaciones.

 

Redacción colaborativa de M. Angelica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada; Sandra Arriola Oporto; Ricardo Lisboa Henríquez y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública