El lucrativo negocio de la cocaína está en franco crecimiento a nivel mundial, luego de una contracción por la pandemia de la Covid-19. Más allá de las interesantes posiciones de algunos de los países de la región, América Latina aún debe discutir seriamente su política de combate a las drogas y abandonar de una vez por todas las recetas prohibicionistas y militaristas de Estados Unidos, el principal consumidor.
Lo que hizo a este fenómeno tan grave en nuestro continente es la desigualdad social, que es escandalosa. Por ejemplo, las periferias están superpobladas por personas que no tienen la menor oportunidad de conseguir empleo en el mercado legal y que ven una salida en el tráfico. ¿Negocio? Gran negocio: Una tonelada de cocaína se obtiene a mil dólares estadounidenses en Bolivia y se vende a 35 mil en los puertos europeos.
Los problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de drogas en América Latina afectan la calidad de vida de la población, están ligados a formas de exclusión social y debilidad institucional, generan mayor inseguridad y violencia, y corroen la gobernabilidad en algunos países, señala un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) de Naciones Unidas.
En relación a la producción, América Latina concentra la totalidad de producción global de hoja de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína del mundo. Posee, además una producción de marihuana que se extiende hacia distintos países y zonas, destinada tanto al consumo interno como a la exportación. Y, crecientemente, produce amapola y elabora opio y heroína.
En relación con el tráfico, la zona del Caribe sigue siendo la ruta más frecuente para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, pero la ruta del Pacífico, pasando por América Central, ha ganado importancia relativa. Recientemente ha cobrado importancia el transporte fluvial desde los países productores de coca-cocaína a través de Brasil.
El problema del consumo afecta principalmente a la población juvenil y a los varones más que a las mujeres. La marihuana, seguida de la pasta base de cocaína, el crack y el clorhidrato de cocaína son las drogas ilícitas de mayor consumo en la región, generando mayores problemas en jóvenes de alta vulnerabilidad social, añade Cepal.
El prohibicionismo arrancó hace más de 100 años como forma de controlar sustancias peligrosas, que muchas veces suele ser a través de la militarización, la policía, la represión y las cárceles. Visto en grande, lo peligroso de las sustancias termina siendo la respuesta militarizada a ellas y no tanto ellas mismas.
Esta guerra bajo la visión estadounidense del problema no es la salida para la región, que lleva al menos cuatro décadas en esta guerra y no llegó a nada, pero se gasta (no se invierte) mucho dinero. Los que son beneficiarios de esas políticas son las industrias armamentistas y los «batallones» de obreros del narcotráfico que ven en él su forma de asegurar el sustento.
Hoy los criminales están mucho más articulados, transitan por la alta sociedad y, al mismo tiempo, atraen a las personas pobres para que hagan el trabajo sucio por su falta de perspectiva económica.
En América del Sur hay dos grandes rutas para el narcotráfico. Una, la del sur -Paraguay, centro-sur de Brasil, Argentina y Uruguay-, importante porque cuenta con centros urbanos mayores y una estructura aeroportuaria y portuaria mayor también, un desarrollo logístico que facilita transportar la droga, que incluye una red de carreteras bien estructurada, lo que facilita la exportación de cocaína a Europa, que es el gran negocio actualmente.
La segunda es la ruta amazónica, que sale de Perú y Colombia, va hacia el Pacífico, siguiendo caminos como el que iba de Ecuador a Costa Rica y de allí al Caribe. Es una vía orientada más bien hacia Estados Unidos.
Uruguay, que tiene algunas buenas leyes para combatir el tráfico y el lavado de activos, hace agua a la hora de aplicar controles. A los tradicionales servicios nacionales de blanqueo de capitales y tránsito de drogas, se ha sumado un crecimiento del mercado interno y el refugio que prófugos de otras latitudes han sabido encontrar en el país, muchas veces amparados por gobernantes corruptos.
Uruguay ha pasado a ocupar una posición cada vez más relevante en la distribución internacional del mercado de drogas. No es un país productor ni alberga una gran demanda, aunque es de los mejores en consumo por habitante: está enclavado en un lugar estratégico para colocar grandes cargamentos en Europa. Y existen grandes falencias en los sistemas de control y detección de cargamentos ilícitos.
En el consumo a gran escala de información sobre el mundo de las drogas muchas cosas se dan por sentadas: los grupos criminales combaten, corrompen o engañan desde la ilegalidad a Estados que siempre tienen la voluntad de enfrentarlos. Sin embargo, fuera de las grandes hegemonías discursivas, hasta el nombre con el que se conoce el fenómeno está en discusión.
El término narcotráfico deriva solamente de dos componentes de la actividad: los narcóticos (que son una familia de drogas, entre otras) y el tráfico o tránsito (un eslabón de una cadena productiva que incluye también producción, acopio, comercialización, etcétera). Aunque en términos de lenguaje allí no hay más que un ejemplo de metonimia en el que se toma la parte (en este caso, dos partes) por el todo, esa composición es sin…
Allan De Abreu, periodista brasileño de la revista Piauí, que lleva dos décadas investigando el crimen organizado. Señala que la ruta caipira empezó a ser transitada en los años setenta con contrabando de café. En esa época Brasil cobraba impuestos muy altos a la exportación de café y los de Paraguay eran insignificantes y por eso los caficultores lo contrabandeaban a Paraguay para exportarlo desde ahí.
Y en los años noventa, cuando este negocio deja de ser interesante porque cambia la tributación, la dirección del camino se invierte y por la misma ruta se lleva a Brasil, desde Paraguay, la cocaína, tráfico con eje en las ciudades de Punta Porá, del lado brasileño, y Pedro Juan Caballero, del paraguayo, prácticamente una sola ciudad. Por allí pasa hacia Brasil buena parte de la cocaína que Paraguay recibe de Bolivia y Perú.
Dominar esa región es dominar la ruta. Y el cártel brasileño Primer Comando Capital intentó controlarla, lo que llevó a un conflicto con Pedro Jorge Rafaat, que era el gran capo de esa frontera, historia que culminó con el asesinato de Rafaat en 2016. También está muy establecida y ha tenido muchos usos la ruta del río Paraguay, que baja por el Paraná y llega al Río de la Plata, involucrando a Uruguay. Sebastián Marset está operando por esa vía, que culmina en el puerto de Montevideo, desde donde la cocaína sale hacia Europa.
El Comando Vermelho –la organización criminal más antigua de Brasil– desplazó a las mafias locales de la triple frontera amazónica y ha tomado el control de la producción de cocaína en el lado peruano. La triple frontera amazónica se ha convertido en un territorio en disputa por varios grupos armados procedentes de Brasil, que se han impuesto con violencia sobre las mafias locales peruanas y colombianas.
Una investigación de Ojo Público revela cómo esta banda opera la ruta fluvial del Amazonas, en alianza con grupos criminales de Colombia, y el reclutamiento de ribereños e indígenas peruanos para la producción de droga. Esto se produjo en medio de una guerra con Los Crías, una facción local de Tabatinga, que se ha aliado con el poderoso Primer Comando Capital brasileño para disputar el control territorial.
Pero es el Comando Vermelho el que ha logrado dominar –así como lo ha hecho más al sur, en la frontera de Ucayali (Perú) con Acre (Brasil)– gran parte de las rutas en este territorio amazónico donde no solo predomina el tráfico de drogas, sino también la tala y la pesca ilegal.
Mientras, el sureña puerto de Montevideo, la capital uruguaya sobre el Río de la Plata ofrece al narcotráfico la ventaja de ser un punto de salida «contraintuitivo», por su mayor distancia de los puertos de llegada y por la falta de fiscalización, como ocurre en Paraguay, que no tiene ningún control sobre lo que pasa por el río.
Cambios en el negocio
En este narconegocio, ha habido cambios y el más notorio es que el jefe de la pandilla tiene que alejarse de la droga y que es necesaria la compartimentación. Los primeros narcotraficantes intervenían personalmente en el transporte y así siempre corrían el riesgo de ir presos. Con la compartimentación, los niveles inferiores de la banda desconocen para quién trabajan y eso protege a la cabeza del esquema.
Según los expertos, el tercer cambio (o lección aprendida a lo largo de los años) es advertir el riesgo de la verticalización. Como ejemplo, en el Cártel de Medellín todo dependía de Pablo Escobar y cuando éste cae todo se desarma.
El PCC brasileño aprendió estas lecciones de la historia y hoy goza de una estructura horizontalizada, organizada en sintonías: la sintonía de las corbatas (los abogados), la del transporte, la financiera, la sintonía comunicacional (encriptación de los mensajes, lo que deja en el pasado las escuchas). En el CCC la cabeza es una sintonía, no el «capo» Marcos Willians Herbas Camacho (más conocido por Marcola), pese a que nadie dude que es el gran jefe. Pero si él muere o cae preso, la estructura continua.
En Brasil, el PCC domina y regula el crimen en San Pablo y se abstiene de atraer la atención de los medios y de la policía, mientras que a Río se lo disputaban las milicias, el Comando Vermelho y el Terceiro Comando Puro. Lo cierto es que el PCC nació como una especie de sindicato de los presos, tras la masacre de la cárcel paulista de Carandiru, con un saldo de 111 presos muertos. Entonces, los presos percibieron que tenían que unirse contra un Estado corrupto y una Policía asesina.
El PCC nace en las cárceles y desde allí se extiende: es fruto del encarcelamiento masivo, el resultado de eso, de las prisiones abarrotadas de pequeños traficantes, de las condiciones de salud absolutamente inhumanas. ¿Tiene sentido detener a un microtraficante y encarcelarlo para que salga con un posgrado en el crimen?
Con el nuevo siglo el CCC se dirige al oeste para establecerse en las fronteras de Paraguay y Bolivia, buscando proveedores de cocaína para alimentar sus puntos de venta en San Pablo. Tras la muerte de Rafaat penetran en Paraguay y Bolivia, y hoy dominan toda la cadena, desde la producción en la selva boliviana, hasta la exportación.
Para convertirse en una mafia, solo les falta lograr una infiltración consistente en el Estado. Pero, a diferencia de Pablo Escobar, el CCC no tiene ambiciones políticas… al menos por ahora, aunque sí rituales tipo mafia italiana.
Lo que llama la atención es que los brasileños presos en las cárceles uruguayas que integran el PCC expanden allí su ideología, que es un conjunto estricto de reglas. Para entrar al PCC hay que ser bautizado y para eso hay que tener un padrino, es decir que un miembro del PCC tiene que proponer al candidato y hacerse responsable de sus actos. Permite que sus integrantes tengan negocios ilícitos propios, pero nunca pueden dejar de cumplir las misiones que les encomienda, ni desviar dinero o armamentos de la organización. Tienen tribunales del crimen.
Pero también hay un modelo diferente, empresarial, el de Cabeça Branca, gran mayorista de cocaína que estaba por encima de esas organizaciones. Construyó un esquema logístico importante en países de tránsito, como Brasil y Uruguay. El mayorista compra la cocaína y la traslada hacia su punto de salida: su poder será mayor de acuerdo a cuántas rutas para hacerlo tenga.
Cabeça Branca, que se mantuvo 30 años impune (la Policía Federal ni siquiera tenía una foto suya), tenía una flota de aviones, otra de camiones, funcionarios en casi todos los puertos brasileños, estancias en Mato Grosso que servían de depósito para la cocaína que llegaba en avión y de allí continuaba en camión hacia los grandes centros.
La operación que lo llevó a prisión se orientó hacia una política que no se enfocaba en las incautaciones de droga, sino investigar el lavado de dinero y luego secuestrar los bienes del criminal.
Ecuador se ha convertido en uno de los mayores exportadores de drogas. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio es una de las consecuencias previsibles del nuevo estado de cosas.
El país posee cuatro regiones geográficas: costa, sierra, Amazonía e islas Galápagos. La costa se encuentra bajo el dominio de las bandas criminales asociadas al narcotráfico. Estas bandas se han desplazado a la sierra y Amazonía, pero no han alcanzado todavía el control que ejercen en la franja costera. Transportan desde las fronteras la droga que llevan luego a alta mar o sacan del país en avionetas. Sus socios mexicanos y europeos reciben la droga en la mar, en pistas de Centro y Norteamérica o en los puertos de Europa. Es decir, Ecuador es un engranaje en la maquinaria de producción, transporte y venta de droga que se hace a escala mundial.
Antes de convertirse en uno de los eslabones del tráfico, Ecuador era ya un territorio en el que se lavaba el dinero del narcotráfico. El país usa dólares estadounidenses como moneda de circulación nacional, lo que hacía mucho más fácil la introducción de dólares en el sistema financiero y en todo tipo de inversiones. Ecuador lavaba dólares antes de convertirse en principal canal de salida de cocaína.
Durante estos últimos años la modernización del país ha sido vertiginosa. Incluso se ha llegado a dar el caso de que constructores privados financian ellos mismos las obras que se hacen para los gobiernos, como municipios y prefecturas. Había dinero, que circulaba discretamente, para financiar todo tipo de empresas, en condiciones incomprensibles si no fuera porque no se buscaba obtener un beneficio con el dinero, sino sencillamente hacerlo circular. Sin embargo, cuando una persona recibía dinero una vez, ya no podía negarse a recibir una segunda vez.
Ecuador es geográficamente pequeño, comparado con sus vecinos: tiene la cuarta parte del territorio de Perú o Colombia. Durante los últimos veinte años los gobiernos centrales y seccionales construyeron y mejoraron las autopistas, carreteras, aeropuertos y puertos, haciendo que el país sea mucho más transitable que antes. Toda esa infraestructura la han aprovechado las bandas criminales.
Los casos de narcotráfico no eran ajenos a la historia criminal de la República. Durante los años 90 del siglo pasado y a principios del milenio se detuvo y procesó a narcotraficantes locales que, sin embargo, eran todavía ejemplos pequeños de lo que significaba el narcotráfico. Aun así, el asesinato del diputado Jaime Hurtado, a fines de los años noventa, se vinculó con sus investigaciones en torno al lavado de dinero en el sistema financiero de aquellos años.
El actual sistema de cosas, el poder inaudito que han llegado a tener las bandas criminales, se estableció durante los últimos veinte años. Se hicieron cada vez más comunes las denuncias de complicidad entre políticos y narcotraficantes en Ecuador. Se instalaron pistas y muelles clandestinos, en colaboración con los políticos de la región litoral. Un incidente nos puede dar una idea de la penetración del narco en el aparato estatal: en el año 2013 se envió una valija diplomática llena de droga a Italia. El escándalo terminó por afectar a la cancillería y por mostrar qué clase de relaciones se habían establecido entre los narcos y los políticos.
La coexistencia pacífica entre el narco y la política se acabó con la llegada al poder de Lenin Moreno en 2017, cuando rompió totalmente con su pasado revolucionario y se dedicó a perseguir la corrupción de sus antiguos coidearios: Jorge Glas, su vicepresidente, fue investigado, juzgado y condenado por corrupción. Entre otras causas, Glas fue acusado de recibir coimas de la empresa brasileña Odebrecht. Ahora mismo, la justicia brasileña acaba de retirar las causas contra Glas.
Moreno, y su continuador, Guillermo Lasso rompieron las alianzas con Rusia y enfriaron su relación con China. Moreno entregó a Julian Assange y en muy poco tiempo Estados Unidos recobró a un antiguo aliado en la región. De tal suerte que el terreno estaba preparado para iniciar la guerra contra el narco, en donde los Estados Unidos son el principal aliado del país. La guerra contra el narco se inició con Moreno y ha continuado con Lasso. Esta guerra significa el ingreso de millones de dólares e ingentes cantidades de armas destinadas a la policía y al ejército.
Como todos saben, la guerra contra el narco con «tecnología» e «inteligencia» estadounidense no ha funcionado en Colombia ni en México. ¿Por qué iba a funcionar en Ecuador?
Hace pocos meses el embajador de Estados Unidos en Quito acusó a varios generales de la policía de colaborar con el narcotráfico. La embajada estadounidense retiró la visa a los generales, pero el gobierno de Guillermo Lasso no los separó, ni los investigó ni los juzgó. No hizo nada: ¿por qué nadie puede enfrentarse a la policía? Es una pregunta que se desdobla en otra: ¿por qué nadie puede enfrentarse a los narcos?
La acusación de que el Ecuador es gobernado por un narcoestado cobra total validez de cara al asesinato de Fernando Villavicencio. Resulta que quienes deben controlar el crimen en realidad colaboran con él. Las bandas criminales no sólo controlan ya totalmente ciudades como Daule, donde intentaron asesinar al alcalde, y otras como Manta, donde efectivamente lo mataron en julio último. Dos ciudades de la costa.
No existe todavía una razón evidente de cuál fue la causa del asesinato de Fernando Villavicencio. El periodista y político se empeñó en denunciar los casos de corrupción durante los años de la Revolución. Y durante las últimas semanas se enfrentó a las bandas criminales: incluso llegó a hacer un mitin político en una de las ciudades que son cuna de estas bandas. Familiares y conmilitones de Villavicencio señalan que la policía fue negligente respecto a la protección que debía brindarle.
En el momento en que fue asesinado era incierto que pudiera llegar a una segunda vuelta. Su asesinato ha sembrado el terror en la capital y ha profundizado el sentimiento de que no existe una forma de parar la violencia del narco contra el Estado y la sociedad.
Pablo Cuvi, editorialista del portal Primicias, habla ya abiertamente de legalizar algunas drogas. El problema de fondo es que las mafias no quieren pasar a la legalidad, porque tendrían que pagar por los crímenes conexos al narcotráfico y porque les resulta más rentable que el negocio siga siendo clandestino. Como decía Clausewitz, la guerra es una continuación de la política: es preferible, para muchos actores, mantener la guerra, así ganan un poder que no podrían conquistar con la política.
¿Quiénes son, entonces, los responsables y culpables del asesinato de Fernando Villavicencio? Cabe tener en cuenta que las bandas criminales tienen nexos con el correísmo e incluso con el actual gobierno: es reciente el descubrimiento de las relaciones entre narcotraficantes albaneses y altos funcionarios del gobierno encargados de las compras públicas. El asesinato de Rubén Chérrez, amigo y asesor del cuñado de Lasso, apunta en esa dirección.
Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, ha señalado al correísmo y al Gobierno como responsables, aunque carece de pruebas para hacer semejante señalamiento. Lasso salió prácticamente indemne de la investigación que hicieron contra él por ser uno de los protagonistas del feriado bancario, es decir, por la quiebra del sistema financiero que significó la pérdida de sus ahorros para cientos de miles de clientes de los bancos.
La policía no custodió como debía a Villavicencio y murió en manos de la policía uno de los pistoleros a los que debía llevar al hospital: en lugar de eso, lo llevó a una dependencia policial. Es decir, políticos y asesinos actuaron a ojos vistas de las fuerzas del orden, que les dejaron actuar. Es como lo que sucede en la película Z, de Costa Gavras.
Finalmente, cabe preguntarse si Fernando Villavicencio era agente de la CIA, como decía el expresidente Rafael Correa, y como reveló Telesur. Si tal cosa llegara a demostrarse algún día, atrás de su asesinato no sólo estarían los políticos locales, sino los gobiernos de la región e incluso esa potencia que libra una guerra en Europa.
