Indicadores y expectativas para el plebiscito constitucional de diciembre próximo
La encuesta Cadem publicó una nueva versión de Plaza Pública, la cual arrojó que los números no son muy favorables para el nuevo proceso constitucional que busca reemplazar la constitución de Pinochet-Lagos. Las cifras confirman la tendencia de los últimos meses y arrojaron que un 56% votaría en contra en el plebiscito de diciembre, mientras que sólo un 24% lo haría a favor.
Cadem midió también las razones por las cuales la ciudadanía votaría a favor o en contra. Que la derechas voten en contra de la propuesta es porque prefieren la Constitución actual con un 58%. Justifican su voto por un rechazo al gobierno (18%) y a la nula información del proceso (14%). En la gente afín a las izquierdas, mayoritariamente argumentan desconfianza hacia los comisionados expertos, ya que no fueron electos democráticamente (46%), también declaran la ausencia de los temas que le interesan (26%) y la mala imagen que tienen de los consejeros del Partido Republicano (18%).
Estos datos revelan, que el gobierno viene cayendo en una espiral de nuevas incoherencias y nuevas traiciones en materia de la carta fundamental (y de muchas otras materias), como ocurre con las traiciones, que no son otra cosa que actos incoherentes donde pensamiento, sentimiento y acción no van en la misma dirección.
Desde allí, articularon este nuevo acuerdo amañado, pero esta vez desde el sentimiento de derrota. Dijeron entonces que darían continuidad al proceso constituyente, a través de una nueva fórmula que viola explícitamente la decisión expresada en las urnas, de que no se quería que metieran sus manos las elites políticas que ya habían traicionado al pueblo, cuestión que había dado origen al estallido social.

Qué caracteriza este proceso constitucional en curso

Este no es un Proceso Constituyente. Este es un acto intencional de la elite político-mercantil, de retomar el control del todo social en un muy corto periodo de tiempo.
Todo el nuevo diseño está viciado y es corrupto desde su origen, arrancando desde la peor de las condiciones y con la peor de las intenciones: Partidos políticos, rechazados por el 96% de la población, definieron límites, “bordes” les llamaron, a los derechos, aspiraciones y sueños de nuestro pueblo. Esas instituciones decadentes pusieron coto a los destinos de nuestro país, dejando por escrito algo que ni la Constitución del 80 contenía en su texto, esto es, la privatización de los derechos sociales, la criminalización de la protesta social, una redefinición de los derechos humanos contraria a su concepción internacional, el conservadurismo respecto de las instituciones públicas, el centralismo y la concentración del poder en las mismas instituciones hoy en crisis.
La llamada comisión de expertos no es otra cosa que una “camarilla de operadores políticos” al servicio de la élite de mercaderes, que solo busca mantener y profundizar sus privilegios. Su composición, de hecho, es una bofetada al sentimiento libertario que se manifestó desde el 18 de octubre, es un insulto a las mejores aspiraciones de una sociedad más libre y más humana, es tirar a la cara de nuestro pueblo su aparente éxito, obtenido por la mentira y la manipulación.
Finalmente, la elección de los 50 consejeros constitucionales, con la oposición de más de 6 millones de votantes (abstenciones, nulos y blancos), dejó al Consejo con mayoría de ultraderecha, más las derechas golpistas. Aún en una democracia representativa, esta es la peor de las elecciones. Esto no solo porque el sistema eleccionario aplicado se correspondió con la institución de peor representatividad como es el senado, sino fundamentalmente porque este ámbito trabaja sobre lo que la comisión de operadores políticos diseñó. Es decir, no solo no representarán a sus electores, sino que tampoco los electos tendrán incidencia real luego de: el amarre 1- bordes impuestos por la política; el amarre 2- comisión de operadores políticos; el amarre 3- imposibilidad de participación de la ciudadanía; y el amarre 4- comité técnico de admisibilidad, que velará para que ninguna Norma abordada en la etapa anterior transgreda los “bordes” impuestos por la élite político-mercantil.
Ya tenemos a la vista algunas de las infamias que están incluyendo en el texto constitucional.
Cabe preguntarnos ¿Este proceso es del pueblo? ¿Tiene que ver con el poder constituyente originario?
Sin duda que no.
Así, criticar abiertamente el marco del diseño institucional “también es hacer política”, siempre y cuando nuestra postura pública y nuestro quehacer social se correspondan con lo que aspiramos.
De este modo hemos, de manera deliberativa y consultiva, definido en nuestro colectivo político claramente nuestra postura por el voto EN CONTRA en el plebiscito de salida de diciembre próximo; manteniendo viva la aspiración de una Asamblea Constituyente Soberana, no sólo marcando el voto, sino que contribuyendo a unir a nuestro pueblo; y, por otra, siendo parte de la reconstrucción del tejido social en los territorios, lugares de estudio y trabajo, para fortalecer la identidad colectiva como pueblo, para terminar con la delegación del poder, para avanzar en construir soberanía, protagonismo social y autoformación cívica, es definitivamente hacer POLÍTICA con mayúscula. Esto sí es adaptarse crecientemente al cambio.

Campaña Nacional “Chile Vota En Contra”

El sábado 19 de agosto en el auditorio Salvador Allende de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, inició la Campaña Nacional “Chile Vota En Contra”. El evento reunió alrededor de 160 organizaciones sociales, sindicales, ex constituyentes, diputados y dirigentes de partidos políticos de las izquierdas y el progresismo.
El documento fundacional señala: «El proceso constitucional en curso pretende inaugurar una nueva era neoliberal de la mano de una derecha ultraconservadora y reaccionaria. Se pretende poner fin al ciclo que buscaba el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en Chile.»
«La nueva propuesta constitucional, diseñada por Javier Macaya, de la UDI, de Chile Vamos, y enmendada por los consejeros del Partido Republicano, de Kast, no perfilará un nuevo Chile, no construirá una nueva democracia. No podremos reconocernos en lo que somos: hombres, mujeres, diversidades, pueblos originarios, el país y sus regiones, todas y todos legitimados como parte de la sociedad en sus derechos fundamentales.»
El abogado defensor de DDHH Hugo Gutiérrez se refirió a los acuerdos alcanzados en la asamblea, «acordamos organizarnos para que la opción «en contra» triunfe en diciembre y construir un Comando de Campaña bajo el lema «Chile Vota en Contra».
Luis Mesina, vocero nacional de la Coordinadora “NO + AFP” señaló “esta convocatoria abre la posibilidad de quienes teniendo diferencias podemos converger en el rechazo a este proceso. Los textos que ya salieron de la comisión experta, son la consolidación de los principios contenidos en la constitución de Jaime Guzmán. Aún sin las enmiendas de republicanos, es un texto como señaló la Comisión de DDHH que incorpora elementos que son un claro retroceso para los trabajadores».
La diputada Ana María Gazmuri señaló: «La propuesta constitucional posiblemente será peor que la modificada constitución del 80.» (..) «Yo ya estoy en la posición del voto en contra». Y realizó una interpelación pública al oficialismo: «convocamos a la máxima unidad de la centro izquierda. Nos tienen en un escenario de retroceso, estamos frente a un peligro mayor con el avance de la ultraderecha. Espero que el trabajo que nos va a convocar a todos, y creo que efectivamente al gobierno, y espero que así sea, va a hacer llamar a votar en contra de esta propuesta, que ha sido capturada por la ultraderecha.»
La diputada Humanista del distrito 12, Mónica Arce indicó, ”ya no sólo nos vamos a enfrentar a la profundización de la constitución de la dictadura, también las enmiendas de republicanos buscan hacer retroceder los derechos reproductivos de las mujeres. Hay un sector de extrema derecha que no le interesa resguardar los derechos de los niños y las mujeres. Cuando dicen que están a favor de la familia, de verdad con estas propuestas no lo representan.»

Soberanía y dignidad

Desde la instalación de la dictadura en nuestro país, hemos puesto nuestra intención y acción noviolenta en la restitución de la democracia en nuestro país y el irrestricto respeto a los derechos humanos impulsando el cambio de esta constitución absolutamente ilegítima y el armado del tejido social que permita llevar a cabo una Asamblea Constituyente, dónde el pueblo, que es el que tiene el poder soberano, pueda establecer los marcos jurídicos y políticos de una nueva convivencia social para el país donde el ser humano sea el valor central y el estado garante de sus derechos básicos.
Durante siglos el pueblo de Chile ha tratado de recuperar su soberanía, recuperar su dignidad y recuperar su poder desde las manos de las élites.
Esta inspiración, esta esperanza, esta necesidad no ha muerto. Se ha sumergido esperando nuevos vientos que esparzan la semilla que tarde o temprano dará fruto. Recordando a Gabriel Salazar “el movimiento subterráneo de la Historia no se detiene”.
Debemos dejar de creer en este sistema moribundo, que aún mantiene su fachada, sus edificios y sus rituales.
Debemos apostar por aquello que nace, aunque esto no inunde los medios de comunicación al servicio de las élites.
Esta es nuestra misión. Ponernos de pie frente a la injusticia, la explotación, la discriminación y la violencia.
Ponernos siempre del lado de nuestro pueblo, ayudando a que también se levante contra la injusticia, la explotación, la discriminación y la violencia. Adaptarnos crecientemente a este cambio inevitable que ya se está produciendo en la humanidad.

 

Redacción colaborativa de Sandra Arriola Oporto; Leticia García Farías; César Anguita Sanhueza y Guillermo Garcés Parada. Comisión de Opinión Pública