Paseando por Buenos Aires me encuentro con un gran campamento frente a lo que más tarde descubro es el Palacio de Justicia de la Nación. En los jardines reducidos a barro por la persistente lluvia, una treintena o más de carpas protegidas por lonas transparentes albergan a una delegación de las 400 comunidades indígenas de la provincia de Jujuy, en el norte argentino fronterizo con Bolivia, famosa en el ámbito de las luchas sociales por los sucesos vinculados a la figura de Milagro Sala y la Tupac Amaru y de los que también había informado como «enviado especial» desde Jujuy allá por 2017.
Así que decido ir a ver de cerca lo que está pasando: entonces me doy cuenta de que un volante que me entregó días antes un grupo de representantes de los pueblos originarios, con sus ropas y banderas multicolores, representa lo mismo que lo que estoy viendo hoy: se ha lanzado el ‘3er Malón de la Paz’. El «Malón» es una especie de reunión, un llamado «a las armas» en la tradición indígena, me dijo un amigo hace unos días, preguntando por el volante, pero esta vez declinado en forma no violenta, pacífica.
Así, mientras me acerco al campamento y hago las primeras fotos de las pancartas que han colgado en las rejas que cierran el juzgado, se oyen ecos de tambores y, a lo lejos, vemos varias pancartas, banderas e incluso chicos y chicas sobre zancos que se acercan al ritmo de la música y los cánticos. Está claro que no son representantes de los pueblos indígenas, sino una procesión distinta que se acerca y entra en la zona del campamento.
Han venido, explican más tarde, en solidaridad con la lucha y las reivindicaciones de los acampados, procedentes de otra manifestación frente al cercano Ministerio de Educación: la llaman Marcha Cultural, contra los «ajustes estructurales» del gobierno en educación, arte y cultura. En las pancartas de varios colectivos aparecen, entre otras, dos consigna con sus iniciales: «Contra el Ajuste y Precarización». «Arte y cultura Resisten’.
Los ocupantes de los jardines acogen con satisfacción y curiosidad a los recién llegados, que realizan unas breves representaciones escénicas en grupo, tras las cuales se presentan y expresan su solidaridad con las reivindicaciones indígenas. Uno de los representantes del campamento, con quien hablaré más tarde, les da las gracias y recuerda los motivos de la movilización que los trajo desde su lejana provincia hasta la Capital Federal: están allí desde el 1 de agosto, es decir, desde hace casi 35 días, para exigir que la Corte Suprema se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la provincia de Jujuy, llevada adelante con métodos arbitrarios por el “eterno gobernador” de la provincia (ya lo fue en 2017) Gerardo Morales, reforma que entre otras cosas ‘expropia’ tierras, el agua y los recursos naturales, y además los Pueblos reclaman medidas contra la persecución y los encarcelamientos y procesamientos arbitrarios que desde hace años se ensañan no sólo contra representantes de los pueblos originarios, sino también contra diversos sindicatos y asociaciones culturales y políticas.
Concretamente, dice el volante que llevaba en mi mochila, la reforma de Morales viola el Tratado Internacional ‘Convenio 169’ (Ley 24.071/92) por carecer de la debida consulta previa a los Pueblos Indígenas de los territorios en discusión. Por las mismas razones, viola la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17, al no prever la participación de los pueblos indígenas respecto del derecho a la posesión y propiedad común. También viola el derecho al agua y a la vida cultural de los Pueblos Indígenas del territorio, y por último el derecho a la protesta, atacado por el gobernador en las formas antes mencionadas (Artículo 14 bis de la Constitución Nacional).
Por ello, esperan con estoica confianza este pronunciamiento de la Corte Suprema, que tarda en llegar, mientras se mantenían conversaciones esporádicas con algunas delegaciones políticas progresistas (en la campaña de las elecciones presidenciales). Y en esta espera, incluso bajo la lluvia, acogieron la solidaridad de estudiantes, profesores y jóvenes trabajadores de la cultura, uniendo sus voces durante unos minutos por sus derechos, recordando juntos que este tipo de lucha es contra un sistema centralizador y discriminatorio, que está utilizando ciertos territorios y ciertas categorías de personas como laboratorio «privilegiado», como experimentos sociales a exportar a todo el mundo, en la centralización del poder por parte de los grupos financieros en detrimento de la mayoría de las poblaciones, recordando, entre otros peligros en ciernes, la Agenda 2030 de la ONU, que bajo la apariencia de «desarrollo sostenible» está en realidad «encubriendo» el nuevo y último intento del neocapitalismo de controlar autoritariamente este proceso de centralización sin parangón en la historia de la humanidad.
