En el marco del “boinazo” de 1993, la derecha sí se manifestó de acuerdo con Gabriel Valdés en extender la amnistía de 1978 a 1990 (Ver El Mercurio; 21-6-1993). En cambio, la abogada de derechos humanos, Fabiola Letelier, señaló que las declaraciones de Valdés “demuestran que está en desarrollo, por parte del Gobierno y fundamentalmente por parte del Presidente del Senado, una estrategia que busca la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura militar” (Ibid.).
Incluso, las agrupaciones de familiares de detenidos-desaparecidos y de ejecutados políticos presentaron ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de protección en contra de Valdés, acusando “al parlamentario de infringir la Constitución Política de la República, al hacer planteamientos públicos en favor de medidas que favorecerían la impunidad y colocarían al Estado de Chile frente a la comunidad internacional violando tratados de derechos humanos que ha suscrito” (El Mercurio; 29-6-1993).
Y luego que el Gobierno, en palabras de su subsecretario del Interior, Belisario Velasco, declarara que “está enteramente dispuesto a facilitar el pronto término de los procesos que se instruyen contra militares por violaciones a los derechos humanos” (El Mercurio; 27-6-1993), se automarginaron de la Concertación los partidos Alianza Humanista Verde, MAPU e Izquierda Cristiana. Frente a ello, el presidente del PS, Germán Correa, declaró despectivamente que “la Concertación, de alguna manera, pierde parte de su imagen de diversidad, pero en términos políticos ha perdido retazos de partidos” (El Mercurio; 1-7-1993).
Finalmente –y con el beneplácito de Pinochet- Aylwin envió un proyecto de ley al Congreso destinado a acelerar los procesos por detenidos-desaparecidos con ministros especiales y a avalar legislativamente el decreto-ley de amnistía de 1978 con el agravante de proteger con el secreto a los autores de dichos crímenes atroces. Y el diputado PS, José Antonio Viera Gallo, declaró que “el proyecto cuenta con el respaldo no sólo de la Concertación, sino que también del Partido Socialista” y que “aquí no se va a saber quiénes son los responsables, y ese es el precio que se pagaría abriendo esta puerta para que esas personas entreguen la verdad que hasta ahora se han negado a consignar” (La Epoca; 12-8-1993).
En dura reacción, los abogados del FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) plantearon “que los señores diputados que concurrieron con su voto (…) se han comprometido con la impunidad en un grado moral inaceptable (…) Como lo ha señalado el diputado Viera Gallo, que concurrió con su voto a esta ignominia, aquí no se va a saber quiénes son los responsables, con ello se ha vedado la posibilidad de alcanzar la verdad” (La Epoca; 14-8-1993).También se pronunciaron en contra del proyecto el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el propio FASIC.
A su vez, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos inició una huelga de hambre como protesta extrema; y su presidenta Sola Sierra declaró que “nos piden que renunciemos a encontrarlos (a sus familiares) y a esperar que se haga justicia. Es decir, ni verdad, ni justicia, sino impunidad velada, una nueva versión del punto final. Es una situación inadmisible (…) porque significa legitimar crímenes de lesa humanidad –de los cuales nuestros familiares fueron víctimas- lo que corroería las bases morales de esta sociedad, la confianza en el imperio de la justicia y las bases fundacionales de la nación” (La Tercera; 12-8-1993). Fue tanta la indignación y presión que finalmente el PS y el PPD objetaron lo medular del proyecto por lo que éste tuvo que ser retirado por el Gobierno.
Por otro lado, desde 1990 las Fuerzas Armadas y Carabineros disfrutaron de autonomía operativa (garantizada por su Ley Orgánica Constitucional, pero que estaba en contradicción con la propia Constitución) y de impunidad por sus nuevas violaciones de derechos humanos. Así, Carabineros continuó desarrollando una práctica violenta impune contra manifestantes pacíficos como lo certificaron los informes del período de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y del propio Departamento de Estado de Estados Unidos. Y, más grave aún, continuaron con frecuencia –no ya como política de Estado- torturas o maltratos a detenidos por ser sospechosos de delitos terroristas
o comunes. Así por ejemplo, el CODEPU le entregó al Relator Especial sobre la Tortura de la ONU “una lista de 55 nuevos casos de tortura que se han producido en Chile durante el actual Gobierno” (El Mercurio; 2-5-1992).
Asimismo, hubo serios indicios de que el 22 de enero de 1992 Carabineros procedió a ejecutar extrajudicialmente a dos miembros de un grupo extremista que había asaltado con violencia un banco, dejando dos guardias de seguridad y un carabinero herido (Ver La Epoca; 24, 25, 26 y 27-1-1992). Y el 21 de octubre de 1993, luego de otro violento asalto que dejó un guardia y un carabinero muerto, varios carabineros ametrallaron el bus en que iban huyendo los asaltantes, dejándolo con “más de 162 impactos de bala” (La Epoca; 22-10-1993). Y producto de aquello murieron tres de los asaltantes y tres pasajeros completamente ajenos a los hechos, y otras trece personas, también inocentes, quedaron heridas; además de dos carabineros.
Y pese a que el Gobierno solicitó un ministro en visita y anunció el envío de un proyecto de ley para indemnizar a las víctimas inocentes, el propio Aylwin, sin esperar el pronunciamiento de la Justicia, ¡justificó la acción de Carabineros!: “Yo en mi escritorio puedo elaborar muchas teorías sobre cómo habría actuado, pero otra cosa es la realidad. A mí se me ocurre que yo hubiera hecho lo mismo. Creo que Carabineros cumplió el deber que tenía de actuar persiguiendo a delincuentes que habían cometido un delito” (La Epoca; 26-10-1993).
Así también, durante las manifestaciones del 11 de septiembre de 1993 (se cumplían 20 años del golpe de Estado) la represión de Carabineros fue particularmente violenta resultando dos personas muertas: Sergio Leopoldo Calderón Beltramí, arrollado por un carro lanza-agua sin siquiera haber participado en las manifestaciones; y José Octavio Araya Ortiz, joven de 19 años quien murió baleado mientras participaba en un homenaje a Salvador Allende en el Cementerio General. Además quedaron seis manifestantes heridos a bala, otros quince con balines, “una treintena de contusos y 128 detenidos” (La Nación; 12-9-1993).
Y si bien el Gobierno pidió un ministro en visita para que investigara las muertes, el ministro del Interior, Enrique Krauss, “responsabilizó a las fuerzas de izquierda extraparlamentarias -organizadoras de las manifestaciones- por patrocinar actos sin tener capacidad de control sobre sus participantes” (La Nación; 13-9-1993).
Y a tanto llegó la subordinación del Gobierno a las Fuerzas Armadas que en diciembre de 1993 aquel ¡apeló en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago favorable a que la familia Allende pudiese recuperar los bienes existentes en la residencia presidencial de Tomás Moro y que habían quedado bajo la “custodia” del Ejército! Tal enormidad ¡fue rechazada por la unanimidad de la Corte Suprema que confirmó la sentencia!…
Tristemente, los bienes indebidamente apropiados por el Ejército y que el Gobierno se empeñaba en no querer devolver eran –de acuerdo a la descripción de la hija de Allende y diputada electa Isabel Allende- “62 pinturas, 53 huacos y cerámicas, tejidos, la biblioteca personal del político, las alfombras, los álbumes de fotos, los muebles, lámparas y electrodomésticos, entre otros enseres” (El Mercurio; 12-1-1994).