Transcurridos tres años del inicio de la pandemia de Covid-19, la ‘nueva normalidad’ se instauró con signo de caos e inestabilidad. Este nuevo statu quo global refleja el empeoramiento de varias crisis entrelazadas (social, económica, política, ecológica, sanitaria y geopolítica), que se potencian entre sí y tienen una dimensión civilizatoria. Asimismo, vemos con gran preocupación el debilitamiento de las instituciones y prácticas democráticas en todo el mundo, el fortalecimiento de la extrema derecha y de los autoritarismos, así como la potenciación de la cultura de la guerra, en diferentes niveles, asociada profundamente al capitalismo, el colonialismo y la exacerbación del patriarcado y el racismo.
En el actual momento histórico es necesario distinguir los diferentes niveles de las actuales guerras. En primer lugar, se trata de una guerra contra la vida y la Naturaleza. Los territorios son arrasados por la militarización y una violencia cada vez mayor, que se expresa con especial intensidad sobre los cuerpos de las mujeres y de las/os defensoras/es de la Naturaleza, más aún cuando son parte de pueblos indígenas u originarios, o pueblos racializados y etnizados, particularmente afrodescendientes. En términos globales y geopolíticos, una de estas guerras, la invasión de Rusia a Ucrania, agravó la crisis energética, humanitaria y alimentaria, al tiempo que resucitó la amenaza nuclear en un contexto de pugna inter-imperial. Igualmente, el avance global de la extrema derecha patriarcal, racista, transfóbica y xenofóbica, el control creciente sobre los sistemas políticos por el dinero y las normas de la Organización Mundial de Comercio han impuesto la plena primacía del capital – en particular de los sectores financieros, de hidrocarburos, la agroindustria, armamentístico, el sector automotriz, los medios corporativos y la industria farmacéutica, entre otros – sobre los derechos de los pueblos y de la vida. Son precisamente esos sectores productivos los que tienen la mayor responsabilidad en la guerra contra la vida que caracteriza al capitalismo neoliberal. En consecuencia, la lucha por una transición ecosocial justa pasa necesariamente por la defensa de la democracia en todas sus dimensiones, desde el ámbito de la política institucional, internacional, nacional y regional, hasta la construcción de formas de autogestión y autonomía territorial y local.
En segundo lugar, la guerra contribuyó a la exacerbación tanto de los extractivismos tradicionales, como de los nuevos extractivismos, asociados a la “transición verde” corporativa. La novedad del actual momento consiste en que la transición energética del Norte hacia energías supuestamente ‘limpias’ se expresa a través de una mayor presión sobre el Sur Global para extraer cobalto y litio para la producción de baterías de alta tecnología, así como otros minerales estratégicos para la transición. También a través de la demanda de madera de balsa para la construcción de las aspas de las turbinas eólicas o la puja por superficies de tierra para grandes conjuntos de paneles solares y nuevas infraestructuras para megaproyectos de hidrógeno.
En los últimos años proliferaron una serie de propuestas de Green Deal o Pactos Verdes. Éstos son diversos y heterogéneos, pero, en general, se han convertido en un marco de confluencia político-discursivo en el Norte global para reducir las emisiones de carbono y promover un crecimiento económico supuestamente ́equitativo ́ y ́sostenible ́. La justicia climática suele estar en el centro de las agendas de esos Pactos Verdes, al destinar fondos de resarcimiento para comunidades que históricamente han sufrido impactos ambientales negativos. Pero con demasiada frecuencia, la justicia climática es restringida a una visión doméstica. En su afán por hacer una transición hacia las energías renovables, el Norte Global rara vez considera los impactos múltiples de esta transición en el Sur Global.
Es así como emerge lo que podemos denominar, con Breno Bringel, como el Consenso de la Descarbonización: un proceso que, aunque apueste por el cambio de fuente energética (combustibles fósiles hacia energías “renovables”), profundiza las desigualdades existentes y continúa con el modelo de comodificación de la Naturaleza. Un consenso que apunta a la descarbonización, pero no conlleva un cambio del perfil metabólico de la sociedad – en los patrones de producción, consumo, circulación de bienes y generación de desechos –, sino una intensificación de la explotación de bienes naturales en el marco de una ideología del crecimiento económico indefinido.
El Consenso de la Descarbonización es un proceso impulsado por las grandes corporaciones y orientado a la exportación de commodities desde el Sur hacia las principales potencias (Europa, China, Estados Unidos). Bajo la retórica de la ‘sostenibilidad’ se abre una nueva fase de despojo ambiental del Sur Global, que afecta la vida de millones de seres humanos, compromete aún más la biodiversidad, destruyendo ecosistemas estratégicos y otros seres sintientes, no humanos. De esta forma, el Sur Global se ha convertido nuevamente en una zona de sacrificio, un almacén de recursos supuestamente inagotables, de donde se extraen los minerales estratégicos, además de ser el destino para los desechos y la contaminación generados por esta cuarta ‘revolución industrial’. A estas falsas soluciones, apoyadas por el disciplinamiento y por el control digital y tecnológico de la vida, les hemos llamado colonialismo energético o ́extractivismo verde ́.
Ante este escenario, reiteramos nuestras denuncias y reclamos recientemente presentados en el Manifiesto Sur-Sur por una Transición Energética Justa y Popular. Nos reafirmamos también en la urgente necesidad de un cambio de rumbo en América Latina y en el mundo, tal como exigen las voces de los pueblos en resistencia y los estallidos recientes en diferentes latitudes de nuestra región. Pero no basta un cambio superficial, como proponen los actores hegemónicos. En la actualidad, incluso las grandes corporaciones empiezan a hablar de ‘transición justa’ y presentan el Consenso de la Descarbonización como un fin en sí mismo, ocultando que éste reproduce la misma lógica de acumulación, despojo y expoliación, que está en la base del Consenso de los Commodities. Necesitamos desenmascarar y oponernos frontalmente a los nuevos avances del ́capitalismo verde ́, comprometiéndonos con una transformación radical (de fondo) que reconozca y abra paso a otros modos de existencia, en equilibrio y reciprocidad con el tejido de la vida.
Es urgente reducir las emisiones de carbono, pero también cuestionar el actual metabolismo social del capital. Los programas de ́transición ́ hegemónicos se apoyan sobre concepciones corporativas, tecnocráticas, neocoloniales e inclusive insostenibles, que no postulan transformaciones estructurales y mucho menos incorporan los límites naturales y ecológicos del planeta. Desde el Pacto Ecosocial cuestionamos estos enfoques, y planteamos la necesidad de enraizar la transformación socio-ecológica en una lógica de justicia global, que sea a la vez crítica y alternativa a las propuestas hegemónicas de transición ecológica.
El Pacto en Movimiento
Desde hace tres años, el Pacto se ha venido posicionando a nivel regional latinoamericano, a través de la creación de diferentes capítulos nacionales (Argentina, Colombia, Ecuador y de modo más reciente, Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela). Asimismo, hemos venido trabajando conjuntamente con otros actores del Sur global, así como con aliados del Norte global, que expresan sus críticas hacia el Consenso de la Descarbonización.
Desde Bogotá, en nuestra primera reunión presencial luego de la pandemia de Covid-19, como Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, nos identificamos con los siguientes principios: Principios de Igualdad, Justicia y Redistribución Social; Principios de Cuidados, Interdependencia y Sostenibilidad de la Vida; Principios de Reparación y de Reciprocidad; y Principios de Democracia, Autodeterminación, Plurinacionalidad, Interculturalidad y Ética Interespecie. Reafirmamos también nuestros objetivos y proponemos la continuidad en los siguientes temas y agendas de acción:
1. Apostamos a dar centralidad al paradigma de cuidados en la organización de nuestras sociedades. Nos referimos a todas las formas de cuidados, los interpersonales, los autocuidados, así como los cuidados de los seres no humanos que comparten este planeta con nosotros en interdependencia. Los cuidados son fundamentales para restablecer los equilibrios relacionales y ecosistémicos. Todas las personas requerimos cuidados en ciertos momentos o fases de nuestra vida, un aspecto sistemáticamente invisibilizado por la narrativa patriarcal/neoliberal del sujeto individual autónomo. Los cuidados, como un aspecto clave del bienestar, deben ser asumidos y compartidos activamente por todos los integrantes de la sociedad, sin importar su género, deconstruyendo su atribución como una tarea supuestamente femenina. Así dentro de las dinámicas del patriarcado, las mujeres (principalmente las mujeres pobres, racializadas; de pueblos indígenas y de sectores precarizados) han asumido la responsabilidad casi total de los cuidados con una sobrecarga de trabajo en el ámbito de la reproducción que mella las condiciones de vida. Los cuidados deben ser reconocidos y valorados como tareas esenciales para la vida y la felicidad, como quedó evidente una vez más en la pandemia. Esto no se traduce automáticamente a su remuneración e incorporación al ámbito de mercado, ni al ámbito estatal, ya que el hecho de que muchos cuidados constituyan un ámbito por fuera de la acumulación de capital es una semilla para la construcción de sociedades más allá de las lógicas capitalistas. Asumir colectivamente o en comunidad algunos aspectos de cuidados y reproducción de la vida es la base de la construcción de lo común, como demuestran múltiples experiencias en América Latina. Esto no significa que los Estados no deban generar políticas de cuidados que fortalezcan estos espacios comunitarios, asuman la responsabilidad de cuidados más especializados y promuevan los cuidados como aspecto central del bienestar social.
2. Consideramos imprescindible afrontar la deuda ecológica y las deudas e(x)ternas en el marco de una transición ecosocial justa desde el Sur. No hay justicia climática posible, ni transformación socioecológica, sin que se incluyan las reparaciones y aboliciones de estas deudas, respectivamente. La pandemia de Covid-19 puso de relieve el problema de la deuda y la urgente necesidad de soluciones reales y no sólo de alivios temporales y a muy corto plazo.Entendemos que es necesario cuestionar y repensar la actual geopolítica de las transiciones ecosociales desde estrategias integrales que garanticen horizontes de vida digna para todxs en clave de justicia integral, ontológica y con reparación. Lejos de reducir las brechas geopolíticas, las propuestas hegemónicas de transición más bien corren el grave riesgo de profundizar las deudas coloniales y ecológicas hacia el Sur Global. Para avanzar en este camino en busca de soluciones duraderas, es necesario, aunque no suficiente, reclamar la condonación de las deudas externas de los países del Sur, las auditorías ciudadanas y las reiteradas denuncias de violencia y corrupción vinculadas a la deuda externa. En suma, nuestra propuesta busca sistematizar aquellos aportes que leen el tema de la reparación de la deuda ecológica y la condonación de las deudas externas como una oportunidad para repensar la reorganización del sistema financiero internacional, a partir de patrones de justicia ambiental y geopolítica.
3. Desde el inicio de nuestras acciones, como Pacto Ecosocial e Intercultural, hemos insistido en que no hay transición ecosocial posible sin articulación entre justicia social y justicia ambiental, que apunte hacia una transformación socioeconómica profunda. En el corto plazo, sin embargo, son necesarias algunas propuestas transitorias como una Renta Básica que ponga en el centro de la escena la cuestión de la ciudadanía y se asiente sobre sistemas impositivos progresivos como base para su factibilidad y buen funcionamiento. No hay que olvidar que los países latinoamericanos cuentan con un sistema fiscal regresivo, basado en los impuestos indirectos o al consumo, que golpean sobre todo a los sectores más vulnerables. Los grandes patrimonios, las herencias, los daños ambientales, las rentas financieras, son todas fuentes tributarias que tienen nula o muy baja presencia en los respectivos sistemas impositivos nacionales. Los datos más recientes indican que la evasión fiscal en América Latina cuesta cerca de 300.000 millones de dólares en ingresos fiscales (6.1% del PIB regional), y que el 27% de la riqueza está ubicada en paraísos fiscales. Por otro lado, la crisis de Covid-19 intensificó aún más las desigualdades. En nuestra región, el 10% más rico concentra el 55% de la riqueza. Como es lógico, el proceso de concentración de la riqueza tiene su correlato también en términos de contaminación, ya que el 10% más rico de la población mundial emite casi la mitad de todos los gases de efecto invernadero. Esta Renta Básica es una estrategia necesaria de redistribución y combate a la pobreza que sin embargo debe formar parte de una transformación más integral hacia la desmercantilización de la vida, expandiendo las infraestructuras públicas gratuitas y los comunes.
4. Sabemos que ningún país se salva solo. El ‘nacionalismo climático’ y los discursos de ‘soberanía nacional’ suelen ocultar los problemas más profundos de la crisis ecológica. Para que las políticas necesarias tengan impacto real sobre las poblaciones, impliquen cambios en la correlación de fuerzas sociales, y apuesten a enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo histórico, hay que desarrollar nuevas formas de diálogo político y cooperación regional, con fuerte participación de la sociedad civil. Defendemos la Plurinacionalidad y una Integración Regional Soberana, que priorice las economías locales y apunte a un desacoplamiento selectivo de la economía global. Y en la línea de lo que proponen diferentes organizaciones latinoamericanas, creemos que debemos ir hacia la construcción de un Pacto Fiscal Regional, que reconfigure desde la base el actual sistema fiscal en todas las jurisdicciones, en un sentido equitativo, y abra la puerta a las reformas sociales y ambientales que necesitamos urgentemente para reducir las múltiples y persistentes desigualdades. Sin eso, no hay camino posible hacia una transición ecosocial justa e integral.
5. Las políticas transitorias necesarias en el corto plazo deben pensarse paralelamente al modo de producción. Debemos problematizar los actuales procesos de industrialización en América Latina y las consecuencias que conlleva ser la maquila de los países del norte. La configuración de verdaderas zonas de sacrificio con alta toxicidad, son propiciadas por el desarrollo industrial de zonas específicas en algunos países como México, Brasil, Argentina y Chile, y no solo por el modelo extractivista primario exportador. El riesgo de que eso se amplíe a más países es alto ante la disputa que realizan China y Estados Unidos por los “recursos naturales” y la mano de obra de América Latina, lo que a su vez continuará demandando materia prima y exacerbando la explotación de commodities.
6. Este tema nos lleva a pensar también cuáles serían las propuestas de alternativas de producción que nos permitan caminar hacia otras respuestas, que, entre otros aspectos, consideren la ética interespecie y que cuestionen las relaciones de poder caracterizadas por la dominación y explotación de los seres sintientes no humanos, legitimadas por una visión antropocéntrica que categoriza a otros seres vivos como inferiores y los transforma en objetos, productos y propiedad privada al servicio de los seres humanos y el sistema capitalista. Ejemplo de ello es la industria ganadera, pesquera, farmacéutica, turística y textil que explotan a los animales como fuerza de trabajo o los transforman en productos, priorizando su rendimiento económico y dejando por fuera su calidad de vida y dignidad.
7. Las transiciones ecosociales no pueden agotarse en el tema energético. Es imprescindible una transformación estructural del sistema energético, pero también del modelo productivo y urbano, así como de los vínculos con la naturaleza: desconcentrar, desprivatizar, desmercantilizar, descentralizar, despatriarcalizar, desjerarquizar, desracializar, reparar y sanar. Para ello, debemos desvincular nuestras estructuras económicas, sociales y culturales de los combustibles fósiles, del mandato de explotación de la naturaleza y del imaginario desarrollista eldoradista. Debemos entender la crisis socioecológica actual no solo como una aceleración del cambio climático, sino también como una crisis de la diversidad (extinción de especies) y de un régimen alimentario insostenible.
8. La energía es un derecho y la democracia energética un horizonte para el sostenimiento de las redes de vida. La justicia ecosocial debe encaminarse a eliminar la pobreza energética y conlleva un desmontaje de las relaciones de poder que continúa priorizando el acceso a un grupo privilegiado de la sociedad. En poco tiempo, los combustibles fósiles serán activos varados u obsoletos. En un horizonte de transición energética justa, dejar los combustibles fósiles bajo tierra e ir ‘desescalando’ los procesos de explotación hidrocarburífera (en sus nuevas y viejas formas) implican una ruptura de sentido para resignificar la Naturaleza como algo distinto a una mera dotadora de recursos.
9. Una descarbonización efectiva es necesaria, pero debe apuntar a una salida de la comodificación y no consolidar nuevas formas de extractivismo y áreas de sacrificio en el Sur global. Debemos estar atentos a las “falsas soluciones”, como lo muestran los límites y ambivalencias de las energías renovables (litio y minerales para la transición) y todos los esquemas de compensación de emisiones, sobreentendidos en el lenguaje de las emisiones “cero neto”. Esto incluye los consensos a las que corporaciones y Estados llegan en espacios como las COP’s para implementar modelos energéticos controversiales para el Sur como el hidrógeno verde, la agricultura inteligente, los mercados de carbono, la geoingeniería y otras propuestas destinadas a mantener relaciones de poder energético entre el Norte y el Sur global.
10. Consideramos que la transición ecosocial justa, como proceso de transformaciones integrales, no es ni puede ser una promesa de futuro. Las transiciones están ocurriendo ya en una multiplicidad de experiencias en comunidades y en territorios, en el campo y en la ciudad, como también en las resistencias territoriales alrededor del mundo en contra de la continuidad del modelo hegemónico y de las falsas soluciones. Necesitamos mapear de modo urgente y fortalecer esos múltiples procesos de re-existencia vinculados a la energía comunitaria, los proyectos agroecológicos, las huertas urbanas, la generación distribuida, las economías alternativas, entre otros.
11. Un pilar central de la transición es potenciar la agroecología para transformar el sistema agroalimentario mediante la creación y fomento de cinturones verdes de agricultura ecológica en ciudades y pueblos, generando empleo y garantizando alimentos sanos, seguros y baratos. Además, esto promueve la autonomía y la soberanía alimentaria con sistemas de producción y distribución dirigidos a la potenciación de mercados locales agroecológicos de pequeños campesinos y productores solidarios que fomenten una cultura asociativa y comunitaria y una (co-)responsabilidad ciudadana en la producción, los sistemas participativos de certificación o garantía, y el consumo.
12. Vivimos en ciudades planificadas por y para la especulación inmobiliaria (cuya otra cara de la moneda es la emergencia habitacional y la insuficiencia de espacios verdes) y dominadas por la dictadura del automóvil (con un transporte público insuficiente y saturado). Esta característica ha puesto la vida urbana bajo la lupa y subraya la necesidad de un cambio radical en nuestras formas de habitar las metrópolis. Debemos ruralizar la urbanidad, especialmente en las grandes ciudades, donde la relación con la Naturaleza es prácticamente nula. Desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, nos proponemos como horizonte conectar el derecho a la ciudad con la justicia ecológica para cambiar nuestra forma de vivir, alimentarnos, movernos y relacionarnos en las urbes. Para ello, debemos apostar por un nuevo tipo de urbanismo ecológico y democrático, que sea capaz de producir cambios socioambientales efectivos en el metabolismo hídrico (acceso equitativo al agua y formas de gobernanza hídrica), en la dinámica de los flujos de las ciudades (gestión más adecuada de los flujos de residuos y contaminación, formas sostenibles de movilidad y alimentación sana y de proximidad estimulando la agricultura urbana y el contacto directo con pequeños productores) y en las infraestructuras urbanas (viviendas accesibles, ecológicas y dignas y formas de urbanización que afronten la segregación socioespacial y la espiral de pobreza, desigualdad y violencia). Las transformaciones necesarias necesitan igualmente reparar la separación de los habitantes urbanos de la naturaleza y del campo, reduciendo la huella de carbono y aumentando las zonas verdes de las ciudades para buscar espacios de reconexión entre nosotres (fomentando espacios públicos y de socialización) y con la Naturaleza (regenerando cambios culturales que ayuden a experimentar nuestra ecodependencia y afrontar la ecoansiedad), y con la producción y culturas campesinas que en general lo urbano ha vilipendiado.
13. Si bien las apuestas locales a la transformación por la vida, el fortalecimiento de sus autonomías y la exigencia a los Estados para que las respeten y garanticen jurídica, cultural, territorial y presupuestalmente son una condición necesaria, éstas necesitan ampliarse y potenciarse en diferentes escalas (regional, nacional, latinoamericano e internacional). Para ello, es fundamental que sigamos avanzando en la identificación y en la interpelación de enemigos comunes, además de marcos discursivos y políticos convergentes para las luchas transformadoras. El internacionalismo y el intercambio con experiencias de diferentes regiones del mundo es fundamental para no aislarnos políticamente y dar respuestas globales más sólidas. En este proceso, es importante identificar los diferentes tipos de aliados de las luchas transformadoras, incluyendo los actores en los diferentes niveles gubernamentales, pero siempre respetando el protagonismo de las luchas ecoterritoriales.
14. Por último, estamos convencidos que parte fundamental del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur es el reconocimiento legal de los Derechos de la Naturaleza. En otras palabras, los seres humanos debemos admitir a la Naturaleza como sujeto de derechos (y no como un mero objeto) con la cual debemos convivir armónicamente, respetar sus ritmos y capacidades. Esto supone también encaminarnos hacia una ética del cuidado, la cual en el marco de las ontologías relacionales y los nuevos desafíos climáticos, debe definirse también como una ética interespecie, que contemple los pluriversos, nuestro estar en y con otres, seres sintientes humanos y no humanos.
En síntesis
Nuestra apuesta es contribuir a construir una agenda regional y global, orientada hacia transiciones verdaderamente justas, que requieren de la participación y la imaginación popular, así como de la interseccionalidad entre luchas de diferentes generaciones y tipos, sociales e interculturales, feministas y ecologistas. Esto plantea sin duda, no solo la profundización y debate sobre todos estos temas, sino también la construcción de diálogos políticos permanentes Norte-Sur y Sur-Sur, sobre otras bases geopolíticas, a partir de una nueva redefinición del multilateralismo en clave de solidaridad, reciprocidad, igualdad, interdependencia y ecodependencia.
Con la sensibilidad abierta a los procesos de cambio en marcha en nuestra región – con estallidos de esperanza y nuevos impulsos populares –, pero también conscientes del peso de las fuerzas retrógradas y oligárquicas, desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur seguiremos impulsando protestas y propuestas, críticas y alternativas, resistencias y re-existencias en el Pluriverso. Para ello, retomamos las narrativas relacionales y los conceptos horizonte que se han ido forjando en las últimas décadas al calor de las luchas y colocándonos siempre a su lado: los derechos de la naturaleza, el buen vivir, la justicia redistributiva, los cuidados, las transiciones justas, la autonomía, el postextractivismo, los feminismos ecoterritoriales, la soberanía y autonomía alimentaria.
No defendemos un Pacto cualquiera. El nuestro no es el Pacto Verde hegemónico de los acuerdos y tratos entre los de siempre, sino un Pacto con la tierra, desde el Sur y para el Sur. Un Pacto entendido como compromiso con otros modos de ser y estar con y en el mundo.
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Jueves 6 de julio | Virtual
14.30 a 16.00 horas Bolivia/Colombia
16:30 a 18.00 horas Argentina/Brasil/Uruguay
Participan
Tatiana Roa. Censat Agua (Colombia)
Sabrina Fernandes. Instituto Alameda (Brasil)
Enrique Viale. Abogado ambientalista (Argentina)
Carmen Aliaga. Colectivo CASA & Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras (Bolivia)
Karina Batthyány. Directora Ejecutiva CLACSO (Uruguay)
Organizan
Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur
CLACSO
ACTIVIDAD ABIERTA Y GRATUITA POR ZOOM CON INSCRIPCIÓN PREVIA: