En el marco de la sesión No. 53 del Consejo de Derechos Humanos, que se está desarrollando en Ginebra-Suiza, entre los días 19 de junio a 14 de julio, el martes 27, Farida Shaheed, Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación, presentó su primer informe antes el Consejo.
Shaheed reafirmó, a la luz de la suficiente normativa internacional existente y signada por la amplia mayoría de los países del mundo, que es obligación de los Estados respetar, proteger y realizar el derecho a la educación de todas las personas que habitan en sus territorios. Asumir esta obligación supone, necesariamente, adoptar todas las medidas necesarias y destinar todos los recursos públicos posibles para conseguir, progresiva y apropiadamente, garantizar el ejercicio pleno de este derecho humano. Cualquier medida regresiva es inaceptable, afirma la relatora en su informe.
En este marco de reflexión, Farida Shaheed afirmó que se trata de un derecho al aprendizaje durante toda la vida que solamente puede ser garantizado por los sistemas públicos de educación y que es responsabilidad directa de los Estados impartir la educación como bien público y cumplir su papel como guardianes de la gestión y el financiamiento eficientes, equitativos y eficaces de la educación pública accesible a todos y todas.
la importancia de al presentar su informe sobre el derecho a la educación, avances y desafíos, dijo que el derecho a la educación era un derecho al aprendizaje a lo largo de toda la vida y a una educación gratuita de calidad, independientemente de las circunstancias, la ubicación u otras identidades. Se ha pasado de promover un derecho igualitario a la educación a promover el derecho a una educación equitativa e integradora. No se trata de una tarea sencilla para los gobiernos. La inclusión significa modificar el contenido educativo, los métodos de enseñanza, los enfoques, las estructuras y las estrategias para superar las barreras, de modo que todos los estudiantes puedan disfrutar de una experiencia de aprendizaje equitativa y de un entorno adecuado. El mundo se enfrentaba a muchos retos a la hora de garantizar el derecho a la educación para todos. Persisten muchos retos heredados del pasado. La exclusión, la asimilación, la segregación, la discriminación, la mala calidad, los malos tratos y la falta de seguridad siguen siendo llamativos, impidiendo el derecho a la educación para muchos. Los instrumentos internacionales requieren ser aplicados de forma contundente, con herramientas de orientación eficaces y mecanismos de supervisión sólidos.
Sin embargo, no parecer ser los que está sucediendo y en muchos casos, parecería que la dirección es la contraria y que algunos sistemas educativos perpetúan la segregación, la exclusión, la segregación, omitiendo el hecho y el mandato concreto de que se trata de un derecho humano de todas las personas y que ese derecho implica la educación fundamental, la atención y educación de la primera infancia, la enseñanza superior, técnica, profesional y todo ello, sin importar la edad, sexo, género, creencias, condición social y, en fin, cualquier factor conducente a cualquier tipo de discriminación.
Finalmente, dice en su informe, «el derecho a la educación exige que los Estados ofrezcan una educación pública, gratuita y de calidad para todos. Esta posición está respaldada por la redacción de las disposiciones legales pertinentes (por ejemplo, la libertad de los padres para elegir escuelas privadas para sus hijos distintas de las establecidas por las autoridades públicas carece de sentido sin el acceso universal a la enseñanza pública), y por mecanismos internacionales y nacionales, que reflejan el consenso internacional. La enseñanza pública sigue siendo el principal conducto para impartir educación en una gran mayoría de Estados y a menudo está protegida constitucionalmente. El propio Consejo de Derechos Humanos reconoció la importancia de invertir en la educación pública»
Farida Shaheed, de nacionalidad pakistaní, fue elegida como Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación el pasado 1 de agosto de 2022 y es directora de la organización Shirkat Gah, una de las principales organizaciones de justicia de género en su país. Entre 2009 y 2015 fue también relatora especial en el ámbito de los derechos culturales, del 2009 al 2015. Es la quinta persona en asumir esta responsabilidad, que fue creada en el año 1998 y asumida, en aquel momento, por la croata Katarina Tomasevski.
