Desde las esferas de la élite política chilena se están levantando señales que anuncian una crisis financiera mundial, que dará un duro golpe a la economía doméstica, la que ya se encuentra en pleno período de alzas imparables y de créditos con altas tasas de interés, que necesariamente llevan a los deudores en corto y mediano plazo a la situación de morosos. Hoy, más de cuatro millones de personas en el país, que son el veintiocho por ciento de las y los mayores de dieciocho años, aparecen con deudas impagas en un estudio de la Universidad San Sebastián del 2022. Deudas que alcanzan un monto de nueve mil millones trescientos ochenta y cuatro dólares.

El Banco Central chileno aumenta los requisitos de dinero en caja a la banca, y aunque lo hace en términos técnicos y genéricos (constituir mayor capital por el 0,5% de los activos ponderados por riesgo, exigible en el plazo de un año), la asociación bancaria nacional calcula que significa mil quinientos millones de dólares adicionales a los fondos de capitalización previstos en el sistema, los que alcanzan el 10% del monto de los depósitos. Tales exigencias se justifican como preventivos, frente a la inestable situación de la economía de USA y su posible recesión, que afectará a la situación global incluyendo la economía chilena.

Desde la banca prevén que la medida en Chile aumentará aún más el valor de los créditos, disminuyendo las colocaciones, y desatando un período económico contractivo.

En los mismos días desde el Ministerio de Hacienda se socializa la toma de créditos del gobierno de Boric, a través del instrumento Bono Soberano a 10 años, por un monto de dos mil doscientos millones de dólares, de los cuales el 57 por ciento fueron adquiridos por grupos financieros extranjeros y el resto por grupos nacionales. El ministro Mario Marcel dijo que esta operación se inscribe en la toma de créditos de este año por un total de doce mil millones de dólares. Con estas colocaciones de bonos Chile llega a treinta y siete mil millones de dólares en deudas con inversionistas ESG (de mandatos ambientales, sociales y gobernanza). Según datos de Hacienda, los bancos responsables de la operación fueron Bank of América, Citigroup, Banco Itaú, y JP Morgan. La asesoría legal quedó en manos del Estudio Linklaters y el estudio local Morales y Besa.

En este contexto insistimos en alertar, a quienes quieran escuchar, que el crédito privado que se vende a sí mismo como una herramienta para el desarrollo, ha terminado siendo un arma parasitaria de la usura. La banca privada es la vanguardia de un funcionamiento que configura una suerte de imperialismo financiero. La acumulación de riqueza en cada vez menos manos (tendencia histórica del capitalismo) ha desbordado los canales de la inversión productiva para pasar a inflar las burbujas especulativas y acelerar la concentración oligopólica. El funcionamiento del sistema financiero es realmente complejo y constituye un verdadero entramado de robo y estafa a escala planetaria.

Estas estafas que tienen en los bancos privados su principal actor visible, se complementan y articulan con los fondos de inversión, las calificadoras de riesgo, las guaridas o “paraísos” fiscales, los estudios jurídicos “especializados” en economía y finanzas, las grandes firmas internacionales de auditoría, los enormes estudios contables, los grandes agentes inmobiliarios, las consultoras financieras, los sistemas de administración de fortunas, las bolsas de valores y sus agentes, las aseguradoras y reaseguradoras, los fideicomisos, y numerosas figuras legales que tienen como objetivo, obtener una porción cada vez mayor de los réditos en la economía. La creación fraccionaria del dinero, la generación de bonos, commodities, derivados, titularizaciones financieras, constituyen los instrumentos técnicos principales, que conforman lo que ellos llaman «activos financieros» y “productos financieros”; eufemismos con los que denominan a los medios que han inventado, como instrumentos de apropiación, de lo que produce la economía real: la del trabajo y el capital.

La banca privada además manipula los organismos financieros internacionales y ha gestado su propia justicia global, mediante tribunales internacionales como el CIADI, la Reserva Federal de EE.UU., el FMI, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo y algunas organizaciones, no tan conocidas, como la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) y el Instituto de Finanzas Internacionales (IFF), como también un numeroso listado de agencias “técnicas” que forman parte del núcleo de los grandes aparatos institucionales, que están bajo el dominio real de la élite burguesa financiera mundial.

El endeudamiento de familias, empresas y gobiernos continúa su imparable crecimiento y superó al final del 2020 el 360% del PIB mundial, según los datos que aporta el Instituto Internacional de Finanzas (IIT).

La banca es el principal acumulador actual de recursos y el núcleo del poder real detrás del poder formal. Absurdamente se ha convertido en el sector más poderoso del Gran Capital, siendo un área de la economía, que no produce absolutamente nada y que simplemente debería tener un rol instrumental.

Para abrir posibilidades futuras, la ciudadanía debe concientizarse respecto que para el funcionamiento de la economía sólo existen dos factores principales: el trabajo y el capital y, por tanto, están demás la especulación y la usura, siendo válido todo intento ciudadano noviolento por denunciar e impedir esta violencia económica desatada en todo el mundo. Es necesario organizar desde la base territorial un real poder soberano, con fuerza suficiente para intentar dar equilibrio en las relaciones de trabajo y capital, y para ambos proveer la instalación de una banca local sin intereses que financie sus respectivos requerimientos.

 

Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública