El Poder Judicial del Estado de Chiapas sentenció a 25 años de prisión a los defensores tseltales Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Domínguez, quienes fueron detenidos arbitrariamente por defender su territorio en 2022.
La sentencia fue emitida por la juez de Chiapas a pesar de que el pasado 3 de mayo tres de los cinco tseltales declararon que, después de su detención arbitraria a manos de la policía municipal de San Juan Cancuc, de la Guardia Nacional y del ejército el 29 de mayo de 2022, fueron entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, «quien primero les fabricó el delito de portación de droga y después los involucró en el homicidio que fueron sentenciados», explicó el el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
Los otros dos indígenas sentenciados declararon que fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada el 1 de junio de 2022, a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5) de San Cristóbal de Las Casas, cuando visitaban a sus compañeros y como represalia por haber sido testigos del operativo y privación arbitraria de la libertad.
«Ninguno de estos elemento arbitrarios fueron tomados en cuenta, por lo que una vez más dan evidencia de la acción recurrente de criminalización hacia los pueblos originarios que defienden al territorio», señaló el Frayba.
El Centro criticó que en el juicio se utilizaron «criterios de hace más de treinta años» y se le dio valor probatorio a las declaraciones de los policías municipales, «cuando ellos debieron ser los primeros en ser investigados», ya que la muerte de las que se acusó a los tseltales «aconteció en la patrulla de la policía municipal de San Juan Cancuc». Otro hecho notorio, agregó el Frayba, fue que la juez «dio valor a un acta de defunción alterada».
«Este caso es parte de un modelo de complicidad que existe entre las autoridades municipales, estatales y federales, junto con jueces y fiscalías para generar la fábrica de culpables y mantener a personas inocentes en prisión, por lo que la falta de acceso a la justicia es un lastre del sistema jurídico mexicano», aseguró el Centro.
El Frayba exigió la libertad y justicia para los cinco tseltales de San Juan Cancuc, ya que está plenamente documentada «la existencia de graves violaciones a derechos humanos, entre ellas el debido proceso legal, haciendo notar la ineficacia de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, las cuales son carentes de valor jurídico, además de la parcialidad del Poder Judicial que actuó ignorando las evidencias claras de las privaciones arbitrarias de la libertad que fueron objeto los cinco defensores del territorio».
Los cinco tseltales, detenidos el 29 de mayo de 2022,
A continuación el comunicado completo:
Desde este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, denunciamos la criminalización hacia los defensores del territorio; el gobierno Chiapas una vez más actúa con toda impunidad. El día de hoy 17 de mayo del 2023 el Poder Judicial del Estado de Chiapas declaró culpables a Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Domínguez, cinco indígenas defensores comunitarios, del pueblo maya tseltales de San Juan Cancuc, privados arbitraria de su libertad por defender su territorio, a quienes se les condenó a 25 años de prisión por un delito que no cometieron.
Para establecer la condena la Juez utilizó criterios legales de 1993 es decir, criterios de hace más treinta años, a pesar de todas las reformas legales que han ocurrido en México que deberían de garantizar los derechos humanos. La Juez le dio valor probatorio a las declaraciones de los policías municipales, cuando ellos debieron ser los primeros en ser investigados, ya que la muerte aconteció en la patrulla de la policía municipal de San Juan Cancuc; otro hecho notorio fue que dio valor a un acta de defunción alterada.
El 3 de mayo de 2023, los cinco indígenas tseltales rindieron su declaración frente a la Juez, en donde mencionaron que tres de ellos fueron detenidos de manera arbitraria el día 29 de mayo de 2022, en San Juan Cancuc, mediante un operativo conjunto de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, para después ser entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, quien primero les fabricó el delito de portación de droga y después los involucró en el homicidio que fueron sentenciados.
Los dos últimos, declararon que fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada el día 1 de junio de 2022, a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5) de San Cristóbal de Las Casas, cuando visitaban a sus compañeros y como represalia por haber sido testigos del operativo y privación arbitraria de la libertad, hecho realizado por las Fuerzas de Seguridad el día 29 de mayo de ese mismo año, ninguno de estos elemento arbitrarios fueron tomados en cuenta, por lo que una vez más dan evidencia de la acción recurrente de criminalización hacia los pueblos originarios que defienden al territorio.
Este caso es parte de un modelo de complicidad que existe entre las autoridades municipales, estatales y federales, junto con jueces y fiscalías para generar la fábrica de culpables y mantener a personas inocentes en prisión, por lo que la falta de acceso a la justicia es un lastre del sistema jurídico mexicano.
El Frayba exige libertad y justicia a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc, ya que tenemos plenamente documentado la existencia de graves violaciones a derechos humanos, entre ellas el debido proceso legal, haciendo notar la ineficacia de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, las cuales son carentes de valor jurídico, además de la parcialidad del Poder Judicial que actuó ignorando las evidencias claras de las privaciones arbitrarias de la libertad que fueron objeto los cinco defensores del territorio. Por último, referimos los argumentos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas que menciona que, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otra privación grave de la libertad en violación de las normas del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad.¹
¹ Opinión número 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el diez de septiembre de 2021, relativa a Adrián Gómez, Germán López, Abrahám López, Juan de la Cruz y Marcelino Ruiz (México).
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5647086&fecha=29/03/2022#gsc.tab=0
