A un año del desalojo ilegal –el 10 de mayo de 2022–, del acampe de Molinari en Cosquín, provincia de Córdoba, Argentina, las Asambleas del Valle de Punilla presentan el documental sonoro «Unidos por el Monte».
Este es un documental sonoro sobre el desalojo ilegal perpetrado por la policía de Córdoba en Molinari/Cosquín, el 10 de mayo de 2022 a las 3.40 de la madrugada, cuando unos 50 policías emboscaron a las personas que acampaban de manera pacífica en la banquina del camino de ripio que va hacia Characato, a un kilómetro de la ruta 38.
El 6 de mayo del 2022 se iniciaba un acampe pacífico en Molinari (Cosquín, Córdoba, Argentina). Una acción desesperada de la población para defender el territorio y la vida ante la amenaza del comienzo de la obra Autovía de Punilla.
A pesar de ese desalojo violento del 10 de mayo, las protestas no se detuvieron, se puso en marcha la Brigada del Yuspe, la Brigada de Santa María, siguieron las acciones de las asambleas y vecinos por el ambiente, diversas manifestaciones, se hizo un repudio al intendente Musso (Cosquín), protestas frente al Tirbunal Superior de justicia en Córdoba, se frenaron topadoras en distintos tramos, se hizo la marcha del agua, hubo acciones artísticas, culturales, constantemente. Ante esto la fiscal Kelm (Cosquín), respondiendo a las órdenes del gobierno, realizó 18 imputaciones y quiere llevar a juicio a 6 de ellxs por defender el ambiente. Una protesta social que seguirá sucediendo en la medida en que la justicia no escuche a la población y se sigan violando todos los derechos.
El nombre real de esta autovía es Mejoramiento de la Conexión Córdoba – Patquía, siendo parte del Corredor Bioceánico diseñado en la IIRSA (Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana). Una ruta proyectada para acelerar el traslado de granos del agronegocio hacia puertos chilenos con salida al Océano Pacífico y China, en combinación con la promoción de la megaminería en la cordillera de los Andes.
La obra tiene un fuerte cuestionamiento judicial en función de la sistemática manipulación del procedimiento administrativo para dar la licencia ambiental, fallas graves del estudio ambiental y el desprecio de tres audiencias públicas realizadas en 2017, 2018 y 2021, donde hubo 70, 80 y 90 % de rechazo al proyecto.
El amparo ambiental colectivo presentado, junto a todos los informes y pedidos que se le van sumando, no tiene aún una resolución por parte del poder judicial. Ante esto, se debería dictar la medida cautelar solicitada para frenar la obra hasta tanto dicho amparo se resuelva. Que esta situación se prolongue hace que la obra siga avanzando en la destrucción irreversible que ya se está viendo en los daños ambientales, sociales, arqueológicos, y que el conflicto social siga como único modo de defenderse de semejante atropello.
Los gobiernos nacional, provincial y municipales avalan el avance de las máquinas de las empresas Sacde, Chediak y Roggio (todas denunciadas por corrupción y en varios casos delitos admitidos por los directivos). Esta autovía es una obra pública manejada por Caminos de Sierras que es estatal, pero como su figura es de Sociedad Anónima no rinde cuentas del manejo que hace del dinero para estas obras, dejando abierta la puerta a la corrupción de los fondos públicos.
Toda la situación descripta evidencia que el interés no está puesto en el bienestar de los habitantes, que los poderes del estado (legislativo, ejecutivo y judicial) están al servicio de los intereses económicos de grupos muy cerrados que hacen uso de la ilegalidad y la corrupción para conseguir sus objetivos.
A un año del desalojo, sostenemos el reclamo, la obra debe detenerse mediante una Medida Cautelar. Exigimos que se cumplan las leyes, protección del monte nativo vital para la vida, Participación Ciudadana para la libertad de elegir como queremos vivir, salud, educación, trabajo digno!!!
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