Por Marcela Belchior

Tres jóvenes estudiantes del nivel secundario y una adolecente, conocidos por su actuación en la militancia estudiantil, sufrieron un atentado con disparos de armas de fuego en la noche del pasado 25 de marzo, en Tegucigalpa, capital de Honduras. Conversaban en una vereda del barrio Perpetuo Socorro de Comayagüela, en las inmediaciones del Instituto Jesús Aguilar Paz, donde estudiaban, cuando fueron sorprendidos por un grupo de hombres no identificados dentro de un automóvil, que dispararon sin decir nada. Dos de ellos murieron de inmediato; la tercera víctima llegó a ser socorrida en el hospital, pero tampoco resistió.

Las víctimas fatales del ataque, los dirigentes estudiantiles Elvin Antonio López, 19 años de edad, Darwin Josué Martínez, de 21 años de edad, y Diana Yareli Montoya, también de 21 años, habían participado recientemente en manifestaciones públicas exigiendo del Gobierno de Honduras mejores condiciones en los centros educativos del país. Estaban comprometidos activamente en el movimiento en contra de la extensión de la jornada de clases durante las últimas dos semanas, por considerar que la medida pondría en riesgo la seguridad de los estudiantes.

Por la mañana del día siguiente fue encontrado el cuerpo de otra estudiante, Soad Nicolle Ham Bustillo, de sólo 13 años de edad, alumna del Instituto Central Vicente Cáceres. Ella fue estrangulada y su cuerpo sin vida fue dejado dentro de un saco cerca del colegio. Recientemente, otros dos estudiantes fueron baleados por desconocidos en un auto, en las inmediaciones de Comayagüela.

En una nota, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenó los ataques. «Condenamos estos hechos lamentables en contra de niños y jóvenes que en su legítimo derecho a la protesta les fue arrebatada la vida”, afirma la entidad. Según la Red, éste es claramente otro caso entre muchos de persecución contra la protesta pública de defensoras y defensores, que constantemente denuncian abusos de poder por parte de los gobernantes hondureños, criminalizando las luchas populares e instalando el «terror” en el resto de la población.

«Exigimos al gobierno de Honduras poner un alto a la represión y asesinato de jóvenes hondureños y que se realice una investigación seria y el castigo a los autores intelectuales de estos hechos criminales y nefastos”, se señala desde la Red. «Hacemos un llamado al movimiento popular y social de Honduras a que nos sumemos a la exigencia del movimiento estudiantil como un compromiso con las mayorías cada vez más golpeadas por la falta de justicia y la militarización”, complementa la entidad.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) critica de manera enérgica el asesinato de los jóvenes, señalando que el caso es parte de una «política de terrorismo de Estado” que hoy se vive en el país. Son «réplicas de las lógicas de exterminio de la oposición o de cualquier hecho que denuncie las atrocidades de un gobierno de corte dictatorial como el actual, así como se hizo en los años 80 y luego del Golpe de Estado del 2009, como se ha hecho en Colombia y en México”, se expone desde el Consejo, en nota.

Para la entidad, el homicidio de los jóvenes estudiantes es responsabilidad del Estado, encabezado por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. «Es claro que en estas operaciones asesinas y represivasexiste la organización de un aparato con estructuras propias, con financiamiento, logística, comunicación e impunidad para actuar de una manera descarada, basados en la psicológica de imponer el miedo, con entrenamiento y asesoría para actuar premeditada y planificadamente”, se denuncia desde la entidad hondureña.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) exigió a Honduras investigar el asesinato de los estudiantes. «Hemos pedido que haya una investigación por parte del Ministerio Público y se cobren las responsabilidades del caso”, afirmó la representante de UNICEF en Honduras, Cristian Munduate.