El gobierno de Colombia firmó con el de Estados Unidos el permiso de operación de siete bases militares por tropas estadunidenses en territorio colombiano. El texto final del acuerdo se ha mantenido en secreto, pero presumiblemente autoriza toda clase de operaciones en el interior y exterior del país.
Esto significa, junto con el despliegue de la IV Flota estadunidense, el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en una región estratégica desde la cual se pueden lanzar operaciones sobre todo el continente. Al firmar ese acuerdo, Colombia garantizó inmunidad a los militares y contratistas estadunidenses, lo cual equivale a garantizarles impunidad y colocarlos al margen de los controles judiciales nacionales e internacionales.
Al mismo tiempo, el uso de las bases significa una intervención en los asuntos internos de Colombia y una amenaza contra los procesos democráticos en toda la región. Por ejemplo, la base militar de Soto Cano en Honduras ha sido un espacio para el apoyo estadunidense a los golpistas de ese país.
El aeropuerto internacional panameño de Tocumen, es utilizado por aviones estadunidenses de reconocimiento E-3 AWACS, que vigilan permanentemente el espacio aéreo centroamericano. La campaña del actual presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue financiada en Washington; en correspondencia, apenas llegó al poder puso en vigor el acuerdo sobre Tocumen, sin negociación ni consulta previas.
Al tiempo que se advierte una creciente presencia de buques de guerra estadunidense en la antigua base Radman, situada junto a la salida del canal de Panamá al oceano Pacífico, Estados Unidos tiene planes para destacar aviones E-3 AWACS, Orion P-3 y transportes de carga C-17, en la base de Palanquero, en Colombia.
Es evidente el propósito de intervenir en los procesos de integración latinoamericana, mediante un estímulo a las corrientes que quieren desestabilizar los avances democráticos y provocar conflictos en una región que ha reemprendido la reivindicación de su autonomía y la búsqueda de caminos propios para su desarrollo. En tal sentido, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, reconoció en el acto de firma del acuerdo con el gobierno colombiano, que el objetivo del mismo es la «seguridad regional».
La presencia de las bases estadunidenses en Colombia se ha justificado con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero en realidad representa una pieza del dispositivo militar global de Estados Unidos y patrocina un enfoque militar y unilateral de estos problemas, que impide su tratamiento regional, social, político, autónomo y multilateral. La militarización unilateral implica la desestabilización regional y su presencia en Colombia y en las zonas fronterizas, ha contribuido a agravar la crisis humanitaria, ambiental y social de vastas regiones.
Una posible consecuencia es que los países que se sienten directamente amenazados por esta política estadunidense, busquen a su vez recursos para reforzar su seguridad y se produzca así una nueva carrera armamentista en la región, provocada por Estados Unidos.
Adicionalmente, la creciente presencia militar de Washington en América Latina, sigue la pauta estratégica de la globalización de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la única alianza militar trasnacional, que pretende desplazar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como el principal foro global y la más importante organización supranacional.
El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de la planificación, coordinación y conducción de las actividades militares estadunidenses en América Latina y el Caribe, ha instalado bases militares con aeropuertos en Araba-Curazao, Antillas Holandesas; en Manta, Ecuador; y en Comalapsa, El Salvador; y pretende instalar otras más en Argentina, Paraguay, Colombia y la República Dominicana.
Las mujeres y los hombres de buena voluntad en todo el mundo, comprometidos con la paz y el desarme total, exigimos que se suspendan definitivamente tanto la construcción o la concesión de nuevas bases, como la ampliación de las ya existentes. Pedimos a cada gobierno de América Latina, el Caribe y el mundo, que exprese su rechazo decidido al proyecto del gobierno de Estados Unidos de dominar al planeta y a la humanidad entera; y que se adopte un compromiso serio, inmediato y efectivo para llevar a cabo un plan global de desarme, proporcional y simultáneo entre todas las naciones y en primer lugar, las grandes potencias.
Queremos la eliminación de todos los arsenales nucleares como el primer paso hacia un desarme completo en nuestro planeta. Es tiempo de escuchar los millones de voces de mujeres y hombres del mundo entero, que exigen el fin del armamentismo, comenzando por el nuclear y de las guerras. Que la no violencia sea la carta de identidad de los seres humanos y se haga la paz.
Septiembre de 2009.
