Hace pocas semanas atrás el gobierno de Nayib Bukele, que controla la Asamblea Legislativa, logró la aprobación del régimen de excepción establecido en marzo de 2022. Es la décimo segunda vez que esta medida de excepción de prolonga y, en ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno salvadoreño para que restablezca la plena vigencia de todos los derechos y garantías para todos sus ciudadanos.
Bajo el argumento de terminar con las pandillas y el crimen organizado y durante el régimen de excepción, el número de personas detenidas supera los sesenta y dos mil y, de acuerdo a denuncias recibidas por la CIDH, las detenciones no han seguido el debido proceso y hay un alto número de personas sin procesos judiciales en curso, es decir, detenidas sin haber comprobado su culpabilidad.
El llamado urgente de la CIDH a respetar plenamente los derechos humanos ha sido respondido por el régimen salvadoreño indicando que todas las medidas tomadas respetan la constitución nacional y los marcos internacionales de derechos humano, además de exhibir el récord de 188 días sin homicidios. La CIDH ha indicado que la suspensión de derechos y garantías es un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen y, por otra parte, la norma interamericana autoriza estas suspensiones por tiempo limitado y con carácter muy excepciones, dos condiciones que el gobierno de Bukele no ha respetado.
Vale recordar que la CIDH es órganos autónomo de la OEA y que su mandato es promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región.
