La Cámara de Senadores de la Nación Argentina aprobó el sábado pasado, y luego de una extensa jornada de debate, la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. La misma reemplaza a la 22.285 (sancionada durante la última dictadura militar) y fue elaborada durante cinco años por la Coalición para una Radiodifusión Democrática (www.coalicion.org.ar), un colectivo independiente conformado por Universidades, periodistas, científicos, medios de comunicación, asociaciones profesionales y otras instituciones de la sociedad civil.
Inspirándose en los aportes y recomendaciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA), el proyecto se propone garantizar el derecho humano a la libertad de expresión. Para ello, establece la igualdad de oportunidades en el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión. En este sentido, a través de su artículo 21, la norma habilita la concesión, ya no sólo a las empresas y sociedades comerciales, sino también a las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro como asociaciones, fundaciones, mutuales y Universidades.
Esto último representa una oportunidad para establecer nuevos medios de comunicación que se fundan en los valores de paz, no-violencia y no-discriminación, fundamentales para la construcción de una sociedad verdaderamente humana. Como se sabe, actualmente las audiencias están cada vez más expuestas a la promoción de estereotipos sociales, la naturalización de la desigualdad, la xenofobia y muchas otras formas de violencia psicológica, puntos maximizados por los medios de difusión masivos, hoy en manos de grupos hiper-concentrados.
Hasta el momento, en Argentina la radiodifusión sólo podía ejercerse como actividad con fines de lucro, por lo que los criterios de adjudicación de licencias sólo estaban basados en la posesión de riqueza y preferencia de aspectos patrimoniales. Como se sabe, las sucesivas modificaciones a la ley 22.285 (operadas durante los últimos veinte años, en plena democracia), lejos de democratizar el acceso, facilitaron la concentración de la propiedad hasta conformar grandes monopolios multi-mediáticos.
La nueva ley también se propone garantizar la independencia de los medios de comunicación. La misma impide que sean titulares de licencias de servicios de radiodifusión integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes. También imposibilita cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. Incluso prohíbe la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
A tal efecto, la nueva ley prevé la conformación de un nuevo organismo autárquico y colegiado, en reemplazo del actual COMFER. Por primera vez, se garantiza el acceso de la oposición parlamentaria al control del sistema de medios. Es que el nuevo organismo estará integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría (es decir, la oposición parlamentaria), representantes de las Universidades, de las asociaciones sin fines de lucro y de los trabajadores del sector.
