En Colombia, los conflictos armados y la violencia continúan dejando consecuencias profundas en la población civil entre las que se encuentran personas heridas, muertas y desaparecidas, familias separadas, comunidades confinadas y desplazadas, niños, niñas y adolescentes asociados con portadores de armas, afectaciones psicológicas, temor, zozobra e incertidumbre permanente
En diversos territorios de Colombia, la población afronta un sufrimiento indescriptible que se agudiza cuando los actores armados incumplen las normas del derecho internacional humanitario(DIH) y otros principios humanitarios.
Aquí puede descargar el informe de Retos Humanitarios 2023
La población civil atrapada entre el miedo y la zozobra
En 2022, lamentablemente, la situación humanitaria en el país empeoró. La afectación por artefactos explosivos alcanzó el nivel más alto de los últimos seis años, al tiempo que persistieron otras consecuencias humanitarias como el confinamiento de comunidades, el desplazamiento masivo e individual, la desaparición de personas, los ataques contra la asistencia de salud, la violencia sexual, el reclutamiento, uso y participación de niños, niñas y adolescentes en las hostilidades, y las afectaciones psicológicas.
Las dinámicas cambiantes del contexto territorial, la reconfiguración de los actores armados no estatales, la continuidad del control social, el incremento de la disputa por el territorio y la débil presencia de las instituciones estatales que históricamente ha existido en las zonas más afectadas por los conflictos armados, evidenciaron múltiples desafíos en el plano humanitario y plantearon un escenario difícil frente a las condiciones de vida y de seguridad de la población civil. Todo ello en el marco de los siete conflictos armados y otras situaciones de violencia que existen en Colombia.
«Los indicadores de las múltiples consecuencias humanitarias muestran que la población civil sigue sufriendo los peores efectos de los conflictos armados y la violencia. El año pasado fuimos testigos de la dura realidad que tuvieron que vivir las comunidades de varias regiones del país, poblaciones enteras que no pudieron cazar, pescar o sembrar sus cultivos por el aumento de la confrontación armada y la presencia de artefactos explosivos en sus territorios. Familias que experimentaron incertidumbre y angustia por no saber el paradero de sus seres queridos, y personas que perdieron la vida o que sobrevivieron con secuelas físicas y psicológicas que permanecerán por largo tiempo», señaló Lorenzo Caraffi, jefe de la Delegación del CICR en Colombia, durante la presentación del informe «Retos Humanitarios 2023».
«Esta situación transformó por completo la cotidianidad de quienes habitan en las zonas más apartadas del país que son a la vez las más afectadas por los conflictos armados, pero paradójicamente pasó desapercibida para buena parte de la sociedad colombiana. Por eso es fundamental llamar la atención sobre el sufrimiento, el miedo y la zozobra que sigue condicionando la vida de miles de personas» agregó Caraffi. En el informe «Retos Humanitarios 2023» el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) comparte un análisis sobre las principales afectaciones que se derivan de los conflictos armados y la violencia y el impacto directo que tiene este contexto sobre la población civil. El año pasado el CICR registró 515 víctimas de minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos explosivos lanzados y de detonación controlada.
De las cuales el 54 % correspondió a civiles, entre los que se encuentran 43 menores de edad. Esta cifra confirma la tendencia que se ha observado desde 2018, donde año a año la problemática se ha ido profundizando y con ello la dimensión de esta tragedia humanitaria. De igual manera, la organización documentó 209 casos de desaparición relacionados con los conflictos armados y la violencia que ocurrieron en ese mismo año.
Estos datos no dan cuenta del número total de hechos que pudieron registrarse en el contexto nacional, pero evidencian de manera contundente que en Colombia la desaparición no es un hecho del pasado. Por otro lado, de acuerdo con cifras oficiales, en 2022 el desplazamiento individual afectó al menos a 123 mil personas y el desplazamiento masivo a otras 58 mil. Así mismo, 39 mil personas estuvieron confinadas. A este panorama se sumaron los ataques contra la asistencia de salud.
La Mesa Nacional de Misión Médica reportó 426 agresiones contra el personal de salud, instalaciones y vehículos sanitarios, siendo particularmente graves los hechos que se registraron en las zonas más afectadas por los conflictos armados y la violencia.
Informe Retos Humanitarios 2023. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Los indicadores de las distintas consecuencias humanitarias revelan que las zonas de mayor afectación fueron Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Sin embargo, en departamentos del sur del país como Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo la población civil también sufrió el recrudecimiento de la violencia. Si bien, a primera vista, en estos últimos departamentos las cifras no parecen tan altas, adquieren otra dimensión cuando se considera la baja densidad poblacional que hay en estos territorios.
En 2022 también se evidenció que los actores armados continúan irrespetando los principios humanitarios. Los equipos del CICR documentaron 400 presuntas violaciones del DIH y otras normas humanitarias, de las cuales más de la mitad correspondieron a homicidios, amenazas, violencia sexual, empleo de artefactos explosivos con efectos indiscriminados, reclutamiento, uso y participación de niños, niñas y adolescentes en las hostilidades, privaciones arbitrarias de libertad, tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras conductas graves.
Todos estos elementos demuestran la complejidad del contexto actual, donde las dinámicas de los conflictos armados pueden variar ampliamente de una región a otra, así como el comportamiento de los portadores de armas frente a la población civil. Esto genera mayor dificultad para visibilizar y atender las distintas problemáticas, por ello es fundamental que se preserve la labor humanitaria y que los actores armados permitan el acceso de las organizaciones humanitarias imparciales a los distintos territorios para que puedan aliviar el sufrimiento de la población civil y ayudar a mitigar los efectos de los conflictos armados y la violencia.
El CICR informó que saluda el diálogo de paz entre el Gobierno colombiano y los diferentes grupos armados no estatales, y espera que esto pueda transformarse en hechos concretos que alivien el sufrimiento de la población civil. Al mismo tiempo, resaltó que el año pasado 334.000 personas se beneficiaron con la labor humanitaria de la organización y, por lo tanto, insititió en que continuará trabajando de manera neutral, imparcial e independiente para ayudar a quienes lo necesitan.
