El terrorismo y sus repercusiones en el acceso al agua en el Sahel

El capitán Ibrahim Traor, presidente interino de Burkina Faso, habló a fines del año pasado de los conflictos que asolan ahora su país y gran parte de su región. Describió la situación de Burkina Faso como previsible, dadas las deficiencias endémicas de la gobernanza que, en su opinión, han conducido al abandono económico de muchos jóvenes, sobre todo fuera de las zonas urbanas.

Pronunció estas palabras el 13 de noviembre ante partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y líderes tradicionales y consuetudinarios en Uagadugú, la capital del país, con el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre el rápido deterioro de la situación de seguridad en Burkina Faso.

Destacó especialmente su atención al agua, ya que describió cómo la población de las regiones del suroeste, noroeste y el Sahel, como Gorom-Gorom, Tinasane y Markoye, se abastecía mediante bidones para recoger agua.

Esto le llevó a preguntarse por qué no había proyectos de desarrollo en estas regiones empobrecidas. La gente camina kilómetros, se lamentó, para conseguir agua para el ganado que muere en el camino.

No hay carreteras para que los camiones transporten siquiera el pienso para el ganado, reflexionó, antes de referirse al puente de carretera Kongoussi-Djibo, construido en los años 50, que está tan deteriorado que ya no soporta los camiones que llevarían al mercado los productos locales, ahora abandonados en descomposición.

Todo, dijo, por la falta de inversión en la construcción y el mantenimiento de infraestructuras esenciales.

Su discurso describe una realidad en toda la región del Sahel, donde los atentados terroristas han proliferado desde 2012, tras el asesinato de Muammar Gadafi y el posterior saqueo de los depósitos de armas de Libia.

Desde entonces, muchos pueblos han ido quedando  abandonados en Malí, Burkina Faso y Níger, y miles de personas se han visto desplazadas sin que los gobiernos hayan intervenido para frenar la violencia.

(La región del Sahel la constituye una franja horizontal en África que va del océano Atlántico al mar Rojo, limitada al norte por el desierto del Sahara y al sur por la sabana sudanesa, con un clima semiárido. La conforman 10 países de oeste a este: Senegal, Gambia, Mauritania, Guinea, Malí, Burkina Faso, Níger, Chad, Camerún y Nigeria)

Como el agua potable es una necesidad básica, la falta de acceso a ella desencadena muchos problemas en todos los niveles de la sociedad. Tradicionalmente, las aldeas se sitúan cerca de los cursos de agua para poder abastecerse sin problemas, así como la práctica de la horticultura para producir ingredientes básicos para alimentos que puedan consumirse y venderse para obtener dinero en efectivo para la comunidad.

Con el aumento de los atentados terroristas, sobre todo en Malí, Níger y Burkina Faso, pero llegando también a países costeros como Costa de Marfil, Togo y Benín, muchos pueblos han sido abandonados o están bajo el control de grupos terroristas armados que imponen sus propias normas y dictados a la población local.

Las poblaciones desplazadas se ven privadas de sus fuentes de agua tradicionales, ya sean cursos de agua naturales, tomas de agua o pozos, cortándoles el suministro de agua y, por tanto, el acceso a sus medios de subsistencia física y económica.

“Las leyes establecidas para la gestión y el uso del agua y otros recursos naturales delimitando las zonas que se van a explotar”, me dijo una autoridad local elegida en una zona dominada por los terroristas en la parte centro-sur de Malí, añadiendo que, “las zonas cultivables se reducen y ellos (los grupos terroristas) ocupan las zonas boscosas aptas para la agricultura y que contienen las reservas locales de agua”.

Los jefes de los pueblos ocupados bajo coacción se ven obligados a cooperar con estos grupos. Por lo tanto, son los interlocutores preferidos de todos aquellos que solicitan permiso para operar en estas zonas controladas.

La opinión del jefe de aldea está condicionada al acuerdo previo del grupo al que pertenece esa aldea. Existen verdaderas negociaciones con estos grupos terroristas antes de autorizar la entrada en el territorio de cualquier proyecto o socio.

acceso al agua, África, agua, Asociación Mundial para el Agua (GWP), Burkina Faso, Sahel, terrorismoLa realidad en los países del Sahel en general es que los sucesivos gobiernos desde la independencia han concentrado su «administración» en las zonas urbanas. Pero una vez que se sale de las zonas urbanas las poblaciones son abandonadas a su suerte con una administración más opresiva y nada preocupada por dar respuestas sostenibles a las necesidades de desarrollo de estas localidades.

Los agentes del registro de la propiedad (aduanas), de las fuerzas del orden (policía, gendarmes) y de la protección de la naturaleza (agua y bosques) encuentran más rápidamente la manera de dedicarse a prácticas delictivas que a ofrecer a los pobres los servicios que necesitan.

«Hemos perdido muchos fondos que se han transferido a otras localidades consideradas más accesibles», me explicó recientemente un funcionario del gobierno local en una de las zonas bajo control. «Dado que los propios grupos necesitan tener un acceso privilegiado al agua potable, facilitan la llegada de algunos socios para instalar sistemas de suministro de agua», añadió.

Las Asociación Mundial para el Agua (GWP, en inglés) en África Occidental está ejecutando el proyecto financiado por la Unión Europea Agua para el crecimiento y la reducción de la pobreza en la subcuenca de Mekrou, en Níger, pero no pudo lanzar el proyecto como estaba previsto en agosto de 2020 debido a un atentado terrorista en el que murieron trágicamente ocho personas.

La gestión y el desarrollo del agua no es más que uno de los muchos sectores afectados por las actividades terroristas en la región, pero el agua, a diferencia de otros sectores, es una cuestión de supervivencia.

Por tanto, existe una necesidad imperiosa de reforzar y mejorar la gobernanza de los recursos hídricos y de la tierra, garantizando al mismo tiempo que se realizan las inversiones necesarias para responder de forma sostenible a las necesidades de desarrollo relacionadas con el agua de las personas que viven en zonas urbanas y rurales a todos los niveles en los países del Sahel.