Por Bruno Jerardino Wiesenborn*
Se va a cumplir un año, el 22 de abril de 2022, que la Universidad de Santiago de Chile (USACh) publicó la resolución 2875 de rectoría (ver aquí), donde estableció la creación de una comisión para generar las nuevas normas y creó un reglamento de elecciones para formar esa unidad.
El día viernes 25 de noviembre de 2022, hace tres meses, la Universidad de Santiago de Chile se dio por recibida de la propuesta de nueva reglamentación sobre prevención, sanción y reparación frente al acoso sexual y violencia de género. Era un anhelo de nuestra casa de estudios, coherente con la Ley 21.369, que obliga a las universidades a regular esos aspectos. Sin embargo, el proceso tuvo un componente irregular. El ex-rector Zolezzi, poco antes de dejar su cargo, intervino para asegurar, en mi opinión, su influencia en la nueva norma. En efecto, logró incluir a una candidata, la profesora Diana Aurenque, dejando afuera otras opciones, que compitieron legítimamente por ganarse un puesto en la comisión que redactó la reglamentación. Por cierto, la profesora no cumplía con lo exigido por la resolución 2875 de rectoría, esto es, no tener procesos disciplinarios pendientes. La ley obliga a que la nueva norma universitaria, para prevenir el acoso sexual, se redacte mediante un proceso participativo. Esto es esencial, porque los temas de género no son sólo de un género o de un sexo. Con motivo de que la profesora Aurenque no cumplía con los requisitos para ser candidata, la Presidenta del Tricel había rechazado, días antes, la postulación, precisamente por no ajustarse a lo que decía el artículo 6 de la resolución 2875: “no tener procesos disciplinarios pendientes”.
Debe aclararse que esta irregularidad, que a continuación detallaré, afectó a esa única candidata; los demás participantes ganaron su puesto compitiendo legítimamente.
El engaño se inicia con la ya mencionada intervención de Juan Zolezzi, entonces rector, para favorecer la candidatura de la profesora. No era fácil, por lo que tuvo que contar con la participación de personas de su confianza.
El artículo 6 de la norma electoral de la USACh (ver aquí) decía “serán requisitos para conformar el comité y/o comisión […] a) No tener procesos disciplinarios pendientes”. La prohibición de ser candidato por tener sumarios en curso era lógica, porque la comunidad no quiso que una persona que estuviese en un proceso de ese tipo, como acusador o acusado, participase en la comisión que dictase las normas que regirían la sanción del acoso sexual y violencia de género. El ex-rector Zolezzi sabía que la profesora Aurenque no cumplía con los requisitos para ser candidata, porque tenía dos sumarios pendientes, no obstante, como ella quería ser candidata, el entonces rector la apoyó utilizando su influencia.
Con el objeto de saltarse el reglamento que le impedía ser candidata, la profesora Diana Aurenque escribió al Secretario General, Ángel Jara, con copia al rector Zolezzi, el 28 de abril. No tuvo respuesta ese día. Insistió el 12 de mayo, de madrugada, y esa misma mañana el entonces rector Zolezzi actuó en favor de ella. A las 10:05, ordenó al Secretario General y a la Directora de Género: “Estimados, cómo podemos atender esta situación con mayor celeridad, incorporando los nuevos antecedentes, por favor hacerme una propuesta”. Cincuenta y un minutos más tarde, a las 11:56, el Secretario General, Ángel Jara, tranquiliza a la profesora Aurenque, con copia al entonces rector Juan Zolezzi: “[…] he conversado con la jefatura referida, para explorar posibles medidas de pronto cumplimiento”. La copia de estos correos electrónicos (ver aquí) fue obtenida gracias a una petición de información pública hecha por la Asociación de Académicos de la Universidad de Santiago vía Ley de Transparencia.
Se reunía todo lo necesario: por un lado, Juan Zolezzi lograba intervenir en la futura Comisión; por otro, la profesora quería ser candidata pese a que no cumplía los requisitos. Unidos, ambos podrían satisfacer sus objetivos. Solo quedaba afinar detalles. El día 13 de mayo 2022, a las 17:06, un día después de la intervención del ex-rector Zolezzi, el entonces Director Jurídico, Jorge Pineda, probablemente en concordancia con el ex-rector y el entonces Secretario General, Ángel Jara, urde una falacia: la profesora Aurenque está eximida del requisito de no tener sumarios pendientes porque contra ella “[…] no había acusación concreta” (ver aquí). Ese hecho era completamente falso: meses antes, el mismo Director Jurídico (Jorge Pineda) había aceptado tramitar la acusación de dos académicos en contra de ella, por lo tanto, él mismo había reconocido, previamente, que sí había acusación concreta.
La anomalía fue realizada en cuatro etapas. Primero: el entonces rector Zolezzi intervino para asegurarse que tendría una candidata de su confianza en la Comisión.
Segundo: recordemos que había dos sumarios pendientes. En el primero, hubo que urdir que la acusación de los colegas contra la profesora no era concreta, lo que implicaba asegurar en el sumario un resultado favorable para ella independientemente de la solidez de las acusaciones. Políticamente, no era presentable que se le permitiese saltarse el requisito de no tener sumarios, que además se le permitiese participar en la generación de las nuevas normas de acoso y que, al final, resultase culpable justamente de acoso. Por eso, el ex-rector Zolezzi pidió al entonces Director Jurídico, Jorge Pineda, “… atender esta situación con mayor celeridad”. Eso se podía lograr con una intervención del área jurídica de la Universidad para que la profesora fuese declarada sobreseída de la acusación que le hacían dos colegas académicos. En efecto, el último día de rectoría de Zolezzi, en un evidente conflicto de intereses, el 17 de agosto de 2022, la profesora Diana Aurenque fue sobreseída de la acusación que le hacían sus colegas. No se sabe de nadie que haya creído en la justicia de tal sobreseimiento. Cuando se dio a conocer el expediente, la comunidad pudo comprobar que sobraban pruebas y que nunca se llamó a declarar a una de las víctimas.
Tercero: Zolezzi, Ángel Jara y Jorge Pineda tuvieron que asegurarse de que en el segundo sumario, donde la profesora Aurenque es acusadora, aún en trámite, ella saliese vencedora, lo que solo podían conseguir con mayor influencia de ellos en el proceso. Como el sumario es secreto, no se conoce aún con precisión cómo intervinieron o intervienen, pero hay indicios de que se le permitió a Diana Aurenque elegir como fiscal a una colega y amiga.
Cuarto, y esto es lo más importante: Zolezzi intervino en la Comisión. Con ello averió la imparcialidad y la autonomía de la Comisión y de las nuevas reglas de género que esta generó, las que fueron entregadas el día 25 de noviembre de 2022 a la Universidad, para que sean debatidas.
La intervención de Zolezzi, Jara y Pineda es, en sí, un hecho de violencia jurídica y de género, porque supuso actuar concertadamente para ejecutar un acto que distorsionó la lista de candidatas/os elegibles, y por lo tanto los resultados. De este modo, sin que los demás miembros de la comisión lo supieran, el rector Zolezzi quedó en condiciones de influir en las nuevas normas de género de la Universidad de Santiago de Chile. Son hechos graves, incompatibles con la norma que pretenden crear y con la ley 21.369. El artículo 3º de esa misma ley obliga a que el proceso de generación de normas sea participativo, lo que supone elecciones limpias. La intervención electoral, menoscabó la participación en la generación de nuevas normas de género, porque alteró la voluntad de la comunidad universitaria, tanto en el proceso electoral como en la constitución de la Comisión, quedando Zolezzi en condición de incidir en el contenido de la reglamentación que fue elaborada.
Los demás miembros de la comisión participaron en ella legítimamente, de buena fe, y no tuvieron forma de conocer lo que se narra aquí, lo que solo se pudo aclarar al acceder a los correos electrónicos ya identificados entre la profesora Diana Aurenque, el ex rector Zolezzi y sus subordinados del área jurídica. Nadie puede quitarle el mérito a quienes fueron electos limpiamente. La participación de la profesora Aurenque en las condiciones descritas solo es responsabilidad de ella y del ex rector Zolezzi. Para obtener lo que buscaban, estuvieron dispuestos a montar una operación jurídica y, con ella, a debilitar la legitimidad de las normas que ahora la Universidad de Santiago debe debatir, en cumplimiento de la ley 21.369.
*Director Asociación de Académicos ASOACAD – USACh
