La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), expresan su consternación por la grave crisis humanitaria a la causa de la discriminación étnico racial que ha generado 570 muertes de niñas y niños Yanomamis; y llaman al Estado a desplegar el máximo de sus esfuerzos para garantizar la supervivencia de esa población.

En un periodo de 4 años, niñas, niños y personas mayores han muerto debido a causas relacionadas con la desnutrición y la falta de atención médica a enfermedades evitables y tratables en sus territorios. De ese total, 99 niñas y niños fallecieron en 2022, lo que representa un incremento del 29% en comparación con años anteriores. Según información de autoridades del Estado de Roraima, 30,400 personas que pertenecen al pueblo Yanomami, se enfermaron de malaria, de un total registrado de 44.069 casos de esta enfermedad en los últimos dos años, lo que implicaría personas infectadas más de una vez.

En este contexto, las mujeres y las niñas enfrentan riesgos específicos, como evidencia el asesinato y violación de una niña de 12 años en 2022 en la comunidad de Aracaçá sin que hasta la fecha se tengan noticias de avances en la investigación. Respecto los casos de violencia de género, el Estado informó sobre el avance de dos investigaciones policiales, una denuncia policial, un proceso penal y una noticia fáctica, ellos ocurridos en territorio Yanomami.

La CIDH y la REDESCA destacan que el hambre y la grave inseguridad alimentaria que padece el pueblo Yanomami están directamente relacionadas con la discriminación étnico racial que, a su vez, permite la invasión de la mineros ilegales -que se estima llegue a 20.000 personas ocupando el territorio indígena y que han provocado daños en miles de hectáreas del mismo y afectado sus fuentes tradicionales de alimento y sustento. La minería ilegal también ha contribuido con la propagación de enfermedades contagiosas y el incremento de la violencia intercomunitaria. Las cifras de muertes y afectaciones a la salud pudieran ser aún más altas debido al subregistro y a la falta de información oficial en áreas del territorio Yanomami donde la minería ilegal ha impedido el trabajo de equipos sanitarios e incluso destruido puestos de salud.

Asimismo, la CIDH y la Relatoría Especial toman nota que, tras la visita de representantes del gobierno nacional al territorio Yanomami recientemente realizada, y frente a la gravedad de la situación, se promulgó el decreto federal No. 28/23 que declara la emergencia sanitaria pública y establece un Centro de Operaciones de Salud Pública para coordinar una respuesta a la crisis. Según la información disponible, más de mil personas indígenas Yanomamis en estado de salud crítico habrían sido rescatadas y trasladadas a puestos de salud para evitar su muerte.

Esos casos habrían ocurrido tras la omisión en los últimos dos años de las autoridades, que, a pesar de las múltiples denuncias y solicitudes de protección por parte del pueblo Yanomami, ignoraron la situación de violencia, ataques y asesinatos contra los integrantes de esa población. Dicha omisión, ha generado la apertura de una investigación por parte de la Policía Federal sobre la posible comisión del crimen de genocidio contra personas funcionarias de la administración anterior.

Brasil es parte de distintos instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos que establecen sus obligaciones en cuanto a la protección y garantía de la vida; de la integridad física y mental; en contra de la violencia y del genocidio; así como el disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental y espiritual de los pueblos indígenas. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó medidas provisionales, en el 2022, requiriendo la adopción por parte del Estado de medidas para proteger efectivamente la supervivencia de los miembros de los Pueblos Yanomami, Ye´kwana y Munduruku, ante la situación de extrema gravedad y urgencia que históricamente han enfrentado.

La Comisión y la REDESCA urgen al Estado de Brasil a que intensifique sus esfuerzos para reparar y revertir la crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta a la población Yanomami. En concreto, llaman a que se protejan los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la alimentación, al agua y al medio ambiente, así como las tierras, territorios y recursos naturales de esa población. Asimismo, instan a que se investigue y sancione los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos en contra de personas Yanomami, ya sea a raíz de las acciones u omisiones de agentes estatales o particulares; así como garantice el acceso a la justicia y reparación con enfoque intercultural, interseccional e intergeneracional.

Además, el Estado de Brasil debe cumplir con sus obligaciones de prevención, fiscalización, investigación, sanción y reparación frente a las actividades empresariales de particulares, en los términos establecidos en el informe sobre Empresas y Derechos Humanos. En tal sentido, Brasil debe adoptar las medidas necesarias para frenar las actividades de minería ilegal que se desarrollan en el territorio Yanomami.

Igualmente, la CIDH y REDESCA instan a Brasil a la urgente ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú) para fortalecer la garantía a los derechos de acceso y la protección de las personas defensoras del ambiente frente a la minería ilegal.

La CIDH y la REDESCA se ponen a disposición para cooperar con el Estado de Brasil en torno a esta crítica situación del pueblo Yanomami y expresan su interés en poder llevar a cabo una visita de trabajo a la brevedad posible, para constatar en el terreno el alcance de la crisis y poder aportar a que las soluciones tengan el enfoque de derechos.