Más de cien familias pequeñas comerciantes de botillerías chilenas pueden quedar sin fuente de ingresos.

La aplicación de legislación, que no conversa con las situaciones de vida concreta, cotidiana, ni con la cultura y la historia de los vecindarios, se experimenta como una imposición en el seno de las comunidades.

Políticos actuando sin mandatos populares, que se instalan como dinastías por años y años; pequeños reyezuelos que desatienden su labor primordial, la que es atender y conjugar los diferentes intereses de las y los habitantes, de quienes trabajan en la comuna, la que prestan servicios, etc.

Siempre se plantea que la “ley pareja no es dura”; pero justamente, que tal sentencia no se cumpla, y que las condiciones para la venta no sea igual para todas las partes incumbentes, es parte integral del conflicto, que partiendo en la comuna de Conchalí, en la región metropolitana, seguramente se extiende de manera similar en muchas otras comunas.

Según la Ley de Expendio de Bebidas Alcohólicas, las patentes deben ser reducidas a 1 establecimiento x 600 personas de la comuna de manera que el municipio tiene la facultad para permitir o no la no renovación de patentes, si estás no cumplen con especificaciones previstas en la ley.

La ley que regula las patentes de alcoholes además es discriminatoria con este rubro, es la única patente comercial en la que se exige a las y los locatarios, semestre a semestre la recepción final o parcial de sus construcciones, ni siquiera a la industria contaminante se le exige esto, ellas lo presentan al inicio de su actividad y punto final en el tema.

La excusa para la no renovación de patentes tiene que ver con la desregulación de las viviendas de quienes expenden alcoholes, cuyos negocios funcionan en local adosado a sus viviendas.

La recepción final de una vivienda para muchas familias es un dolor de cabeza, esto debido a su origen de autoconstrucción, que es como se fueron estableciendo poblaciones con sus viviendas en Chile, desde las tomas de terreno, hasta ampliaciones para albergar los nuevos proyectos de pareja de las hijes de la familia original. Todas estas prácticas han servido para suplir la falta de política eficaz habitacional chilena.

Si bien les dueñes de patentes de alcoholes quieren cumplir con la ley, esto es un camino complejo ya que ésta incluye, en muchos casos, limitaciones arquitectónicas que obligan a demoler parte de la construcción habitacional. No se cuida a la familia ya que en muchos casos, son dormitorios los que se deben sacrificar, o incluso rejas para protegerse de los asaltos constante que sufre el comercio.

Para regularizar las viviendas la ley de urbanismo es muy poco contextualizada con la realidad actual de los vecindarios, por ejemplo, se exigen cantidad de estacionamientos para vehículos por metro cuadrados construidos; un vecino que amplió su propiedad a 180 M2 construidos para poder regularizar necesita tener 3 estacionamientos, aparcaderos que él no ocuparía ni necesita, pero como la ley lo exige, debe hacer un contrato de arriendo de estacionamientos con sus vecinos, contrato que obviamente es ficticio en su práctica y sólo tiene el sentido de un check en la burocracia municipal y de Contraloría.

Los otros problemas complejos de regularizar, son las viviendas que están sujetas a expropiación. Estos desalojos judiciales, que sabemos que vienen, ya han sido notificados, pero no se tiene una fecha certera, ósea pueden hacer modificaciones en su casa local y al mes siguiente se puede llevar a cabo la expropiación.

Por otra parte, el consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo para la salud pública, al ser responsable anualmente de millones de muertes y la causa basal de más de 200 enfermedades y trastornos.

Según un estudio de la Facultad de Medicina, de la Universidad Católica del año 2014, la estimación del costo económico del consumo de alcohol en costo directo en atención de salud es de $447.937 millones de pesos chilenos con valor al año 2017. Este costo fue dado por enfermedades cardiovasculares, atenciones atribuibles al grupo de “lesiones” tanto no intencionales (traumatismos y accidentes, donde las “caidas”, lesiones de tránsito y quemados predominan) como intencionales (fundamentalmente agresiones, asaltos e intento de suicidio) y aquellas que contribuyen más a este costo como son las enfermedades digestivas, mayormente cirrosis hepática y pancreatitis.

Nuestro país requiere con urgencia la implementación de estrategias más efectivas que permitan disminuir los costos y secuelas asociadas a la dinámica de la venta y el consumo de alcoholes, y que son un freno al desarrollo económico y social del país, afectando significativamente la calidad de vida de todos y todas, tanto consumidores como no consumidores de alcohol.

La iniciativa de no renovar patentes con el fin de bajar el consumo de alcohol en la población, no tiene una reflexión muy profunda y fundada; se parece más a la venta del sofá de don Otto, para impedir el engaño de su mujer. Hoy es sabido en todos los ámbitos, que cuando quitas legalidad a este tipo de negocio, le abres las puertas al crímen organizado, y su operación de comercio ilegal, los llamados «clandestinos».

Otra cosa que no está clara es ¿Por qué los supermercados no tienen restricciones de ventas de alcoholes? La ley de alcohol en Chile, está diseñada para multinacionales y no para microempresarios vecinales. ¿Por qué los supermercados, por estética, dejan las bebidas alcohólicas en góndolas pegadas a las bebidas azucaradas; mientras las botillerías se les exige tener todo el alcohol separado de estas bebidas saborizadas?

No es esto que la legislación es permisiva para los grandes comercios y a los pequeños le dan duro.

Esta crisis entre municipios y botillerías barriales, es de larga data, y nos devela una precaria construcción de viviendas no regularizada, que evidencia una realidad poco conocida con respecto a cómo la “ley del mono” (alternativa simple de regularización de viviendas, para las familias poblacionales, sin la necesidad de contratar a un arquitecto); discrimina en cuanto a costos y legalidad, pues los comerciantes no pueden acogerse a ella.

Cabe preguntarse si está considerando correctamente, cómo los impuestos a estos recintos generan recaudaciones que podrían servir para crear programas en la comunidad de prevención sobre alcohol y riesgo social.

Sin embargo la aplicación de esta ley, tal como hoy se está realizando, deja desempleada laboralmente a mucha gente, cada emprendedor ( y son más de cien con este problema sólo en esta comuna), tiene al menos tres personas trabajando en su negocio, tres familias que quedarían sin sustentos, en un contexto post pandémico, donde los chilenos se vienen levantando. Esta no es la manera de un buen gobierno local.

La Concejala humanista de Conchalí Marjorie Melo, explica que no se está desconociendo la co mplejidad del tema, pero por lo mismo, las definición de cauces de acción tienen que involucrar a las y los vecinos afectados, atendiendo a las variables , la gradualidad, las posibles reconversiones reales, y por cierto a la revisión de la legislación, que no deje espacio a la organización criminal. El punto central para ella es que los municipios deben estar del lado de sus vecinas y vecinos, cuestión que en su caso, no tiene relativización, y defenderá que se actúe con justicia y buen criterio.

 

Redacción colaborativa de Marjorie Melo Valenzuela ; M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada; Sandra Arriola Oporto, Elizabeth Bravo Rojas, César Anguita Sanhueza y Ariel Herrera Balboa. Comisión de Opinión Política