El próximo 5 de febrero se llevarán a cabo elecciones locales y provinciales en Ecuador. En ese marco, el gobierno de Guillermo Lasso ha propuesto una consulta popular. Replicamos aquí el editorial de la Revista Crisis.
A dos años del ascenso de la ultra derecha representada por Guillermo Lasso, el oficialismo banquero-industrial se encuentra atravesando uno de los momentos más desastrosos de su gestión. El Ecuador cerró el año 2022 con más de 4.500 muertes violentas, multiplicando las 6 que existían por cada 100.000 habitantes en 2014, a 25, así como existe un incremento de 80% respecto al año anterior. Según una encuesta reciente de Gallup, el Ecuador se convirtió en el país más violento e inseguro de toda América Latina en el 2022. Este es el verdadero legado del capitalismo neoliberal.
En este contexto, el gobierno plantea una Consulta Popular con 8 preguntas con la esperanza de conferirse un halo de legitimidad. La burguesía pretende venderle al pueblo la ilusión de que con un resultado afirmativo en la Consulta Popular del siguiente 5 de febrero, la seguridad y la vida del pueblo serán resguardadas. Nada más lejano: en la realidad política del Ecuador, esta consulta representa la posibilidad de recortar más al Estado, la reducción de soberanía jurídica y otro artilugio legal disfrazado de ecología para expropiar a los pueblos y nacionalidades de su autodeterminación.
Como era de esperarse, se presentan 8 preguntas que se centran en tres temáticas con mínima relación, constituyendo una consulta turbia en términos políticos. Desde el oficialismo se ha direccionado a la opinión pública a una sobrevaloración de la primera pregunta referente a la extradición. Mientras el Estado no combate al crimen organizado en términos reales, mas allá de la palabrería y la demagogia, resulta innegable que el derroche y privilegios de la clase burguesa –en el centro del poder político- serían insostenibles sin su contubernio con el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado.
La primera pregunta de la consulta y la que pretende instaurar una medida paliativa para una problemática estructural, se formula de la siguiente manera: ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías?
La extradición es la entrega de una persona de un Estado a otro, para su enjuiciamiento o cumplimiento de condena. Es un procedimiento legal basado en el principio de reciprocidad, lo que significa que debe existir un tratado previo, al cual ambos Estados estén suscritos. Además del acuerdo previo, también se enfatiza en la competencia judicial de cada Estado, que según la Convención Interamericana para la Extradición, se refiere al ejercicio de soberanía de cada país, y el principio de protección con sus ciudadanxs. El Art. 79 de la Constitución de Ecuador versa: “en ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador”.
Esta pregunta le hace un guiño al imperialismo yanqui, reafirmando la intención de consolidar un Plan Ecuador. Para una “buena ejecución” de la guerra contra las drogas, el Estado ecuatoriano tiene que comprometer -con creces- la soberanía nacional en múltiples aspectos. Al plantear la extradición como la piedra angular de la lucha contra el crimen organizado, además de levantar una cortina de humo respecto a la efectividad de este tipo de medidas, el gobierno de Guillermo Lasso declara incompetente al Estado ecuatoriano para una gestión efectiva de la justicia y control territorial. Inclusive la burguesía acepta que en el Ecuador no existe el Estado de derecho. Sería mejor que el gobierno trabaje, en lugar de delegar responsabilidades a externos.
La pregunta en sí representa una falacia conceptual, al ignorar y desestimar la propia lógica del Narcoestado. El crimen organizado, al contrario de un enfoque ampliamente aceptado, no se constituye de la nada. Precisa de una compleja red de colaboradores, entre los cuales resaltan las autoridades estatales -y sobre todo policiales, militares, aduaneras y dignidades políticas- quienes resultan ser las piezas claves para los negocios ilícitos. Ningún negocio como tal, existe sin su respectivo permiso.
En este sentido, la extradición no tendrá ningún efecto positivo en términos de seguridad y bienestar social en territorio ecuatoriano. Al Narcoestado como proyecto conjunto entre crimen organizado y burguesía, es imposible combatirlo por medio de extraditar a supuestas cabecillas. Como rasgo distintivo de la empresa capitalista y la libre competencia, las industrias lícitas o ilícitas, disponen de una multiplicidad de cabezas, y mientras se desarticula una, esta se multiplica de forma estructural. En este sentido, el Narcoestado es la personificación de la hidra capitalista. Quien sostiene material y financieramente al narco y a los carteles, es la clase capitalista. Quien se beneficia en términos monetarios por medio del lavado de activos, la fuga de capitales a paraísos fiscales y el negocio del prohibicionismo de estupefacientes es únicamente la burguesía.
La virtual extinción del Cartel de Sinaloa es un gran caso ejemplo de la ficción que constituye la extradición como mecanismo efectivo contra el crimen organizado. Las operaciones del cartel y su control territorial continúan. Por su parte y tras ser extraditado Joaquín “El Chapo” Guzmán, el mayor capo de la droga de la historia de México en 2017, este país cerró el año 2022 con casi 31.000 muertes violentas, representando el año más violento de la historia en el país norteamericano. La extradición de Guzmán poco o nada le importó al crimen organizado. Todo lo contrario, El Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, además del resto de los 7 grandes carteles que controlan y manejan el Narcoestado de México, se fortalecieron desde la extradición en términos logísticos, ideológicos e incluso financieros.
En este sentido la evolución de la organización criminal ha demostrado una nueva modalidad en la formación jerárquica de los carteles. Dejando atrás a figuras poderosas como la de Pablo Escobar o el mismo Chapo Guzmán, como comandantes absolutos de las operaciones militares y financieras; la organización criminal ha logrado depositar más relevancia a mandos medios rotativos, sin rostro, sin protagonismo y mucho más dispensables que sus patriarcas de antaño. En la práctica, el control territorial sigue ejecutándose por parte del narco, que goza de una impunidad absoluta, propia de las lógicas de acumulación del capitalismo profundo y el contubernio innegable entre la burguesía y el crimen organizado.
Por otro lado, las 300 toneladas de sustancias sujetas a control que Lasso se jacta de haber incautado corresponden simultáneamente a un aumento desmedido de la presencia de crimen organizado en el país en los últimos 3 años, y a la cuota de incautaciones que el mismo narco ofrece a los Estados para sostener la falacia de la guerra contra las drogas. Según un reciente análisis económico presentado por la CELAG el pasado 14 de enero, en Ecuador se ha triplicado la cifra de lavado de dinero en los últimos 3 años, correspondientes a los gobiernos neoliberales de Moreno y Lasso. Se lavaron más de USD 3.500 millones de dólares en el Ecuador solo durante el 2021.
Al mismo tiempo, los múltiples casos de corrupción, malversación y apropiación de fondos públicos y negociados de tráfico de influencias demuestran que la burguesía y el gobierno actual, se encuentran intrínsecamente ligados al crimen organizado. En características generales, la asociación ilícita equivale en términos legales, a la constitución de una organización paralegal que se equipara a un cartel. La rifa y venta de puestos públicos, empresas estratégicas, su malversación y desastrosa administración, en son de garantizar un pedazo del pastel a la clase capitalista, constituyen “delitos relacionados con el crimen organizado transnacional”. De aprobarse el pobre intento de legitimación que busca desesperadamente el Gobierno Nacional, las primeras personas extraditadas deberían ser el círculo cercano al Ejecutivo.
El caso Encuentro o El Gran Padrino evidencia el carácter corrupto de las lógicas del Estado burgués. Más allá de la honorable palabra del presidente, el nombre de Danilo Carrera no ha sido deslindado por completo del caso. Además de ser su cuñado, Carrera también fue quien apadrinó a Lasso en su ingreso a la banca y a la política. Tan bochornoso ha sido el escándalo de corrupción, que la Caso “Encuentro” llevó al oficialismo a cambiar su eslogan de gobierno.
Todo el poder del Estado se concentra en estos momentos en lograr una victoria en la Consulta Popular. La burguesía acostumbra a tratar al pueblo como tonto útil para sus intereses particulares. No le des más poder al poder, vota 8 veces NO. Quedan las preguntas: ¿Cuántos cientos millones de dólares habrá lavado a lo largo de su vida política el presidente Guillermo Lasso? Y ¿El Estado yanqui solicitaría la extradición de un aliado tan leal?
