Es meritorio que Chile abra (con los «side letters» al TPP11) una nueva dimensión en la política comercial externa, que permitirá avanzar en acciones regulatorias respecto del capital internacional y protegerse en caso de impugnaciones. Pero los poderes fácticos (incluyendo a ex concertacionistas) se oponen, haciéndole la guerra al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales.

La dureza y persistencia de los ataques dirigidos contra el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, ha sido inédita. La presentación de las “side letters” a los otros diez miembros del TPP11, para modificar el régimen de resolución de controversias, hizo caer en la desesperación a todos aquellos comprometidos con el orden económico de los últimos 40 años y con la política exterior que lo respalda.

Es curiosa, pero no sorprendente, la coincidencia de grandes empresarios y su prensa, de la derecha política y de políticos de la ex Concertación, en sus cuestionamientos a la iniciativa del gobierno por modificar el régimen de resolución de controversias, contenido en el TPP11. Esta es una iniciativa fundamental para que las decisiones sobre política pública, si son confrontadas, tengan la garantía de contar con un régimen de resolución de controversias que ofrezca equilibrio y justicia en eventuales disputas entre las transnacionales y el gobierno

Los poderes fácticos y el Partido del Orden no quieren reconocer que el gobierno actual se ha propuesto transformaciones sustantivas para desinstalar el modelo neoliberal de los últimos 40 años. Más bien las impiden. Ese rechazo rotundo al término del neoliberalismo no sólo está instalado en los inventores del sistema de injusticias, sino que lamentablemente ha penetrado hasta los huesos en muchos políticos y economistas de “centroizquierda” que en el pasado pensaban que era necesario modificar el fundamento de los abusos y desigualdades que sufre el pueblo chileno.

Los intereses son poderosos en defensa del modelo económico actual. Hay ideología y platas de por medio. Y, por cierto, los beneficiarios del sistema no aceptan cambios a la política exterior porque se dan cuenta de que la regulación del capital internacional, y un régimen de resolución de controversias más transparente, apunta al término del neoliberalismo.

Precisamente para impulsar transformaciones productivas y sociales que den término al sistema económico actual, se requiere redefinir la política comercial externa de apertura indiscriminada al mundo. La globalización no es ajena a la realidad económica interna y más bien la determina.

En el caso de nuestro país, y a diferencia de los países asiáticos, la política exterior no se ha utilizado para impulsar transformaciones tendientes a agregar valor a los procesos productivos y se renunció al desarrollo de la ciencia y nuevas tecnologías. Chile en los TLC sólo ha privilegiado la apertura comercial y se ha dejado en segundo plano los temas de propiedad intelectual, transferencia de tecnologías, libertad de flujos financieros, entre otros. La ilusa idea de que el mercado se encargue de estos asuntos se ve desmentido por la experiencia internacional.

Así las cosas, la política exterior, de forma unilateral o mediante los TLC, ha consolidado el extractivismo, favoreciendo la instalación de las transnacionales en la explotación de recursos naturales y en favor de las exportaciones. Al mismo tiempo, esa política abrió sin restricciones las puertas al capital internacional, facilitando también su invasiva instalación en las AFP, isapres y universidades. El capital transnacional no tiene restricciones en ningún sector de la vida económica.

El crecimiento de la economía chilena centrado en el aumento de la exportación de materias primas conformó una economía regresiva desde el punto de vista del desarrollo humano, generando empleo precario, desigualdades sociales y regionales, depredación del medioambiente y el agotamiento progresivo de los recursos naturales.

El modelo económico ha encontrado crecientes límites productivos y sociales. La escasa diversificación económica ha multiplicado el trabajo informal, ha frenado tanto la productividad como el propio crecimiento y, paralelamente, la apertura indiscriminada al capital internacional ha servido para consolidar el lucro en el área social (educación, salud, previsión, vivienda, etc.), afectando negativamente su calidad y aumentando significativamente las brechas socioeconómicas de la población.

Por otra parte, la subordinación de la política exterior a la política comercial (y muy especialmente a los TLC) alineó sin cuestionamientos la diplomacia chilena con las exigencias de los países desarrollados, distanciando en cambio a nuestro país de América Latina y de los países del sur. Esta política ha obstaculizado y perjudicado, en la práctica, potenciales esfuerzos para actuar junto a los países del sur frente a los poderes mundiales en temas determinantes de la agenda internacional: flujos financieros depredadores, propiedad intelectual, controversias empresa estado, medio ambiente, entre otros.

Chile se ha hecho parte de la globalización, pero lo ha hecho mal. Ha ayudado al crecimiento, pero no al desarrollo. La mala globalización ha impedido diversificar la economía y ha servido para ampliar las desigualdades. En vez de utilizar la globalización en nuestro favor, ha servido más bien para favorecer los negocios de las transnacionales y los intereses de los países desarrollados, muy especialmente en los temas de su prioridad: propiedad intelectual, protección a sus inversiones y sistema de solución de controversias.

Por ello resulta un avance tan importante redefinir la política exterior y, en particular, modificar algunos compromisos establecidos en los TLC y que limitan el accionar de nuestra política pública. Preocupa al gobierno que la eliminación de las AFP o las isapres puedan conducir a impugnaciones de parte de las empresas extranjeras que están a cargo de estas actividades. Preocupa, también, se impugne al Estado si este avanza en la regulación y/o reorientación de los flujos de las inversiones extranjeras, para favorecer a los sectores de transformación en vez de a las materias primas.

Así las cosas, la modificación del régimen de resolución de controversias resulta fundamental, porque el actualmente vigente se ha probado, en distintos conflictos internacionales, claramente sesgado en favor de las transnacionales. Y ello explica la propuesta de las “side letters” que ha entregado el gobierno a los miembros del TPP11.

Como lo ha señalado el Presidente, nuestro país no renuncia a la apertura al mundo, pero “…mi rol como gobernante es prevenir y defender los intereses de Chile y eso es lo que hemos estado haciendo” (El Mercurio, 20 de noviembre de 2022). Lo que ratifica el subsecretario Ahumada al señalar: “Creo que lo fundamental es que dentro del foro del TPP 11 podamos primero resguardar nuestra autonomía estratégica a la hora de establecer políticas públicas. Y, segundo, poder instalar el tema de mecanismos de resolución de controversias en los foros que participemos, ya sea el TPP11 u otro” (DF, 19 de noviembre de 2022).

Avanzar la discusión con las “side letters” ha sido positivo porque ha instalado la propuesta de transformación no sólo en el TPP sino también en el marco bilateral de los TLC. Es lo conversado con Canadá, según señala Ahumada: “Lo que logramos con Canadá es establecer una carta que por un lado plantea abrir la discusión a la reforma de los mecanismos de resolución de controversias dentro del marco del TPP y también abrir la puerta para poder discutir el capítulo de inversiones respecto del tratado de libre comercio. Esto es que no estamos solamente abriendo la discusión en el marco multilateral del TPP, sino que también estamos dando la discusión en el plano bilateral”.

Es meritorio que Chile abra así una nueva dimensión en la política comercial externa, que permitirá avanzar en acciones regulatorias respecto del capital internacional y protegerse en caso de impugnaciones. Se podrá priorizar en favor de los sectores de desarrollo industrial y/o que agreguen valor a los recursos naturales, sin tener una espada de Damocles sobre nuestras cabezas que lo impida. Se terminará así con la “neutralidad” inversionista, que tanto gusta a los economistas del establishment.

Y, si se negocia bien, se abrirá un camino positivo con los TLC para apoyar la instalación en Chile de centros científicos, educativos y de desarrollo tecnológico, en correspondencia con el cambio en la matriz productiva. Es lo que hizo China en sus negociaciones con las transnacionales. Ello revela la importancia de vincular el cambio productivo con la política exterior.

Si se persevera en esta dirección, se podrá superar la radical disminución de la productividad que vive la economía hace 15 años, fenómeno estructural, consecuencia de una matriz productiva estrecha, escasamente diversificada, basada en recursos naturales.

Es evidente que las actividades extractivas no favorecen la innovación, no ayudan a generar encadenamientos hacia el conjunto de la economía y generan un empleo precario. Además, este modelo productivo, como en otros países, ha concentrado el poder económico en una reducida élite, cuyas rentas extraordinarias les han permitido capturar a la clase política. Aquí radica la base material de las desigualdades y la dificultad para convertirnos en país desarrollado.

Una política comercial, ya sea unilateral o negociada (TLC), con una nueva estrategia de desarrollo que se aparte del neoliberalismo debe ser distinta. No es que deba terminar con la apertura al mundo, porque una economía pequeña necesita de los mercados externos.

Al igual que en el mercado interno, los movimientos de bienes, servicios y capitales deben regularse en favor de las prioridades productivas y sociales que se ha propuesto la nueva estrategia de desarrollo. Y que esas regulaciones no se vean cuestionadas por regímenes de resolución de controversias que las impidan.