Frente a las prisiones preventivas decretadas en contra de los controladores del grupo PENTA y sus cómplices, por corrupción, cohecho, lavado de activos y fraudes tributarios, el Partido Humanista de Chile declara:

1. El Poder Judicial ha abierto una pequeña ventana de luz frente a la corrupción que impera en Chile. Se ha develado cómo en nuestro país, existe un paraestado que opera en forma oscura mediante el poder del dinero, estafando, robando y defraudando al fisco.

2. Este poder ha secuestrado parte del Parlamento, particularmente a diputados y senadores de la UDI, lo que los deslegitima de sus funciones. Han llegado allí gracias a máquinas de financiamiento electoral dirigidas por delincuentes que han buscado favorecer sus propios y oscuros intereses. Sin embargo, todos sabemos que no son los únicos, la arista Soquimich ya muestra cómo parlamentarios de la Nueva Mayoría son parte de las mismas tramas de financiamiento de la política por parte de grandes grupos económicos.

En ese caso se agrega el repugnante escándalo de ver diputados que se dicen de izquierda, financiados por el yerno de Pinochet.

3. Por ello exigimos que todos los parlamentarios vinculados a financiamiento por los grupos PENTA y
SOQUIMICH dejen de inmediato sus cargos. Es indigno de nuestro Parlamento que esos legisladores
permanezcan, aprobando leyes que favorecen a esos mismos grupos. Su inmediata renuncia es un imperativo moral.

4. Esta Constitución ilegítima, creada en dictadura, ha favorecido durante más de 30 años a ladrones de cuello y corbata que mediante fraudes y artimañas, se apropiaron de las empresas que pertenecían a todos los chilenos. Se robaron el agua y el cobre, se enriquecieron a costa de la privatización de la salud, la educación y las jubilaciones.

Los controladores del grupo PENTA, controladores también de la UDI, son sólo algunos de estos delincuentes, muchos otros siguen libres. Es hora de avanzar con resolución en su persecución, juzgamiento y destitución cuando ostenten cargos de elección popular.

5. Este caso, sumado al caso Dávalos, han evidenciado lo que los Humanistas denunciamos desde hace años: quienes gobiernan y legislan en Chile son los grandes grupos económicos. Los partidos que ellos financian, en ambas coaliciones, no son más que peones al servicio de sus intereses, obviamente muy lejanos a las necesidades de todos los chilenos.

6. Esto reafirma la necesidad de una Asamblea Constituyente, que modifique nuestro ordenamiento
institucional en favor de todos los chilenos y no a favor de pequeños grupos delictuales. Llamamos a todos los partidos políticos, agrupaciones y movimientos sociales, a redoblar los esfuerzos para la realización de esa Asamblea Constituyente, con el claro objetivo de terminar con la delincuencia organizada que se ha apoderado de nuestro país.