Las organizaciones campesinas y cooperativas UTT, MNCI-ST y Fecofe presentaron cinco propuestas de ley: desde retenciones segmentadas hasta la transición hacia la agroecología, desde el acceso a la tierra para los pequeños productores hasta el cumplimiento efectivo de los derechos campesinos. Mientras, el Gobierno refuerza su postura proagronegocio con un dólar a pedir de las grandes exportadoras.
“Somos las manos que trabajan el surco, somos las cooperativas de los territorios, somos el campo solidario que nació en la resistencia de nuestros pueblos originarios, en el Grito de Alcorta, en las Ligas Agrarias y en los verdurazos. Somos el campo que alimenta uniendo las luchas”, reivindicaron desde la Mesa Agroalimentaria Argentina para la presentación en el Congreso de la Nación de un paquete de cinco propuestas de leyes que generen herramientas para dar cumplimiento a los derechos campesinos, asegurar el acceso a la tierra y lograr la transición hacia un modelo agroecológico que abastezca a la población de alimentos sanos.
Con otro “verdurazo” en la puerta del edificio del Poder Legislativo, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST) enmarcaron el paquete de iniciativas, que el referente nacional del MNCI-ST, Diego Montón, calificó como herramientas «para frenar el proceso de concentración del sistema agroalimentario». «La Mesa Agroalimentaria Argentina le da voz a los invisibilizados. Es un instrumento para disputar la política agraria en nuestro país. No es contra nadie sino a favor de todos y todas», definió Montón.
¿Qué leyes proponen? Ley de acceso a la tierra, Ley de arrendamientos rurales, Ley de protección y fortalecimiento de los territorios campesinos y la agricultura familiar, Ley de segmentación de las políticas impositivas agrarias, Ley de financiamiento y fomento del cooperativismo y la transición agroecológica.
La presentación en Salón de Pasos Perdidos ocurrió en un contexto particular, cuando el ministro de Economía, Agricultura y Producción, Sergio Massa, viajó a Estados Unidos tras anunciar un beneficio extraordinario al sector del agronegocio con un “dólar soja” y mientras la promesa presidencial de la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar sigue sin cumplirse. El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, se reunió varias veces con la Mesa de Enlace y participó de congresos del agronegocio en su primer mes de gestión, pero aún no recibió a campesinos y pequeños productores.
En ese contexto, el referente nacional de la UTT y presidente del Mercado Central, Nahuel Levaggi, apuntó en la presentación: «Para el campo que alimenta, ¿cuándo? Es necesario caminar hacia la soberanía alimentaria. Acá está el campo que entiende el alimento como un derecho y no como una mercancía. El Estado debe entender que el campo no es uno solo».
Las iniciativas impulsadas por la Mesa Agroalimentaria buscan generar políticas públicas que reconozcan el trabajo de los pequeños productores que producen para el mercado local en un mapa agropecuario conocido. Según el Censo Agropecuario Nacional (CNA) 2018, el 40 por ciento de las tierras cultivadas está en manos de solo 1200 familias y empresas y, en sólo tres décadas, se perdieron 156.000 establecimientos productivos, en su mayoría de menos de 50 hectáreas. De la tierras cultivadas en el país, un millón están destinadas a legumbres para consumo humano, frutales y hortalizas, mientras que 30 millones se destinan a commodities para la exportación (soja, maíz, trigo, girasol, algodón).
«Necesitamos más tierra, más cooperativas y más productores. En ese sentido presentamos hoy estos proyectos de ley para el sector y para todo el país», convocó el presidente de Fecofe, Juan Manuel Rossi. «No somos una instancia declarativa, somos trabajadores, trabajadoras, productores, cooperativas, que todos los días producimos alimentos para la mesa de los argentinos», completó Levaggi.
Foto Prensa UTT
Ley de acceso a la tierra
El paquete de iniciativas contiene la Ley de Acceso a la Tierra, proyecto que ingresó por cuarta vez al Congreso Nacional. La iniciativa propone crear un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar (Crepaf) para facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para las familias productoras que carezcan de tierra propia.
A pesar del compromiso del presidente Alberto Fernández, la norma no fue impulsada por el Ejecutivo ni incorporada en las sesiones extraordinarias de febrero. En las comisiones de la Cámara baja consiguió dictamen, pero no alcanzó a tratarse en el recinto aunque su presentación en el Congreso había ocurrido con la presencia del ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y la entonces vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, ahora titular de la Cámara de Diputados.
La centralidad del nuevo impulso de la Ley de Acceso a la Tierra se sostiene en una realidad reiterada por las organizaciones campesinas: el 60 por ciento de los alimentos frescos que se consumen en el país es producido por el campesinado y pequeños productores familiares, pero más el 80 por ciento de esas familias alquilan la tierra.
Según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación, la agricultura familiar produce el 70 por ciento de la yerba mate, el 62 por ciento del tabaco, el 61 por ciento de pollos parrilleros y plantas aromáticas, el 60 por ciento de los porcinos y el 59 por ciento de las hortalizas. Además, produce un tercio de la leche y un cuarto del ganado bovino y caprino del país, y genera el 53 por ciento del empleo en el sector. Sin embargo, no cuentan con legislación que los respalde.
«Queremos poder tener nuestra tierra, y no seguir pagando los alquileres altísimos. No queremos que nos la regalen, queremos crédito blando para pagarla y poder tener una vida digna en el campo», exigió Isabel Tarija productora de la UTT durante la presentación de las iniciativas.
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Ley de arrendamientos rurales
Otra de las realidades que surgen de los territorios es la concentración de las tierras por parte de pooles de siembra para poner el campo en función de la exportación de commodities. Según datos del CNA 2018, existen unas 222.000 explotaciones con límites definidos (con alambrados) distribuidas en el país, respecto de las 297.000 que existían en 2002 y de las 378.000 relevadas 1988. Esto significa que en sólo tres décadas se perdieron 156.000 establecimientos. En tanto, el 70 por ciento de la tierra está alquilada, es decir no la trabajan sus propios dueños; y solo el 20 por ciento de los productores producen el 80 por ciento de las toneladas producidas en nuestro país.
Esto ocurre con una legislación de contratos agrarios expresada en la Ley 13.246, vigente desde 1948, que recibió sucesivas reformas. La última y más relevante de ellas, de acuerdo a la propuesta presentada por la Mesa Agroalimentaria, fue la ocurrida durante la última dictadura cívico-militar y que propició una “paulatina exclusión provocada por una competencia mercantilista en el uso de la tierra, en la que quedaron colocados en desiguales condiciones ante la irrupción de grupos concentrados e inversores financieros”.
Para avanzar en este aspecto, la Mesa Agroalimentaria presentó como hoja de ruta los fundamentos del Proyecto de Ley de Contratos Agrarios, elaborado por el experto en derecho agrario Aldo Casella, que fue dada a conocer en marzo de 2007 con el respaldo de la Federación Agraria Argentina, un año antes del conflicto por la Resolución 125 y la creación de la Mesa de Enlace.
El Proyecto de Ley de Contratos Agrarios tiene como objetivos centrales:
- Favorecer a la agricultura familiar y, en general, a los productores agropecuarios profesionales y estables.
- Favorecer la distribución de la tenencia de la tierra por contrato.
- Establecer condiciones de estabilidad en la producción y equidad en las relaciones contractuales.
- Facilitar la reinstalación de productores excluidos, pequeños propietarios rurales, jóvenes productores y profesionales.
- Contrarrestar y erradicar la concentración de la tenencia de la tierra por contratos en sus diversas formas, poniéndole límites y gravámenes.
- Proteger y recuperar los recursos naturales.
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Ley de protección y fortalecimiento de los territorios campesinos y la Agricultura Familiar
Tiene como base un trabajo realizado por el MNCI-ST junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de acuerdo al espíritu de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos, que instan a los Estados a legislar por el cumplimiento de los derechos campesinos. La iniciativa propone la creación de la figura jurídica de “Área Campesina para la Soberanía Alimentaria” como “instrumento que permitiría la implementación efectiva de los derechos campesinos, individuales y comunitarios, en su articulación con los diferentes niveles del Estado y con actores privados que disputan los territorios en todo el país”. Concepto contenido también en la aún no reglamentada Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
De acuerdo a la iniciativa presentada –de 11 artículos– la figura funciona como una herramienta jurídica y política que pretende asegurar la protección y el fortalecimiento de los modos de vida campesinos, y especialmente afianzar la seguridad en la posesión de la tierra campesina frente a otros actores que dicen tener un título de “propiedad” sobre ellas, que frecuentemente derivan en órdenes de desalojo sobre las tierras que tradicionalmente habitan campesinos y comunidades indígenas.
Además, la figura permite regular el uso del suelo para asegurar una producción acorde a los usos culturales que la agricultura familiar practica en los territorios que habitan, como por ejemplo tipos de producción diversas y ecológicas de alimentos, bienes y servicios.
En sus fundamentos el proyecto propone que las provincias generen sus propios registros de posesión comunitaria para otorgar un documento que otorgue mayor seguridad en la posesión, como ocurre en Córdoba, Mendoza y Neuquén con legislación sobre derechos posesorios, y traen como ejemplo el caso del Área campesina de Palma Sola, en el Municipio de Palpalá (Jujuy). Allí, a través de una ordenanza, se creó un área campesina que comprende todos los territorios campesinos, con exclusión del ejido urbano, reconoce características socio ambientales específicas donde se despliegan los modos de vida de las familias campesinas.
«Las áreas campesinas son una herramienta que permite que las y los campesinos podamos seguir viviendo en el campo produciendo alimentos para nuestro pueblo», aseguró la referenta del MNCI-ST Carolina Llorens.
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Ley de segmentación de las políticas impositivas agrarias
A horas después del anuncio del ministro Massa de un “dólar soja” exclusivo para la liquidación de los cereales de la cosecha actual, que implican un beneficio similar al de la quita de retenciones, la Mesa Agroalimentaria Argentina propuso “un cambio en el actual esquema de retenciones, con el objetivo de proteger un estrato mínimo de 60.000 pequeños productores, que viven enclavados en las pequeñas ciudades y pueblos del interior del país”.
Las organizaciones sostienen en sus fundamentos que “es urgente tomar medidas que mitiguen o anulen el avance de tamaña concentración de tierras y a la vez voraz desaparición de miles de chacareros” frente a “la concentración en la producción de cereales y oleaginosas en manos de grandes grupos económicos”.
«Desaparecieron 150 mil productores y ninguno de 5000 hectáreas, desaparecieron los de 50 o 100. Por esto pedimos ser tratados de otra manera. Este país va a producir alimentos con los chacareros, nunca sin los chacareros», sentenció Sebastián Campo, referente de la organización Bases Federadas, un grupo disidente de la conducción actual de la Federación Agraria Argentina.
La propuesta radica en la segmentación de la alícuota en la retención sobre los derechos de exportación en cereales y oleaginosas, y asigna un diez por ciento del monto total recaudado a un esquema de redistribución, que no sea de “libre disponibilidad” sino para “usos específicos que contribuyan con el desarrollo local” como pago de sueldos y cargas sociales, pago de impuestos, compra de maquinaria rural nacional, compra de insumos para la producción en cooperativas agropecuarias, tecnología aplicada al agro, inversión en energía renovable, sistemas de riego, mejora de infraestructuras rurales, entre otros.
La propuesta es segmentar a los productores de soja de hasta 1.000 toneladas y a los de maíz, sorgo, girasol y trigo hasta 2.000 toneladas. Los propietarios que decidan arrendar sus tierras a quintales fijos quedarían excluidos del esquema de segmentación. Esa segmentación se propone hacer en distintos escalones, en el caso de la soja una devolución de cinco escalas, cada 200 toneladas, que beneficie con un mayor porcentaje al más chico. “La diferencia entre la actual alícuota y la propuesta será depositada en la cuenta bancaria del productor relacionada a la devolución de IVA”, explican.
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Ley de Financiamiento y fomento del cooperativismo y la transición agroecológica
Como objetivo global, las iniciativas de la Mesa Agroalimentaria buscan potenciar la transición a la agroecología y, en ese marco, la iniciativa de fomento del cooperativismo busca desconcentrar el sistema agroalimentario para combatir la distorsión en la cadena. “Los precios entre lo que se paga al productor y lo que un producto terminado cuesta en la góndola pueden tener diferencias que van del 200 al 1.500 por ciento”, advierten.
Las organizaciones señalan que estas distorsiones impiden “la capitalización y la inversión predial y que genera descapitalización de los agricultores y cooperativas” por lo que proponen un “programa nacional de financiamiento a cooperativas y procesos de transición agroecológica que sean parte del presupuesto nacional y esté orientado a fortalecer los procesos cooperativos, la comercialización de alimentos saludables y la transición agroecológica”.
El sistema de financiamiento propuesto deberá cumplir con siete principios –entre ellos que se trate de fondos rotatorios cooperativos con destino a capital de trabajo y agregado de valor– y con un sistema de evaluación asignación y seguimiento de los créditos a partir de una unidad operatoria que incluya a la Secretaría de Agricultura, al INTA, a las organizaciones campesinas, a las cooperativas de segundo grado y al Banco Nación.
