Nos pronunciamos en contra de la represión y ejercicio sistemático de la violencia aplicado por parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, quienes bajo el manto de la “Ley Orgánica sobre el Uso Progresivo, Adecuado y Proporcional de la Fuerza”, han generado un clima de guerra en contra de hombres y mujeres adultos, jóvenes, niñas y niños de las comunidades de pueblos y nacionalidades indígenas en distintos territorios del país y en la capital del Ecuador. En la tarde del 24 de junio, el ministro del interior ha anunciado que dará un siguiente paso de represión y de uso de fuerza letal, con uso de carabinas con munición múltiple, lo que nos alerta sobre un aumento en la escalada de violencia.
Las 10 demandas formuladas por las organizaciones indígenas: CONAIE, FEINE, FENOCIN y FEI han encontrado respaldo de amplios sectores (estudiantes y docentes de universidades, trabajadores/as de la salud, frentes y colectivos antimineros y de defensa del agua, colectivos feministas y disidencias, sectores populares y sindicales), quienes han sumado demandas a partir del descontento hacia las políticas que el presidente Guillermo Lasso ha impulsado en su primer año de gobierno.
Exigimos tender puentes hacia un diálogo con resultados y garantías, pues en el último año ya se han llevado a cabo varios espacios evidenciando las necesidades de los sectores populares, pero no han existido resultados reales. Además, el diálogo debe enmarcarse en el respeto y la horizontalidad con las dirigencias indígenas y los demás sectores movilizados. El gobierno no puede ni debe deslegitimar la protesta social y el derecho a la resistencia, reconocido en la Constitución.
Desde la declaratoria del estado de excepción, primero en 3 provincias, después en 6 (Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Pastaza, Chimborazo, Tungurahua) mediante el Decreto 459, del 20 de junio, se ha evidenciado la persecución policial y militar, el asedio con bombas lacrimógenas lanzadas de forma directa al cuerpo de los manifestantes e incluso utilizando drones desde el cielo, el disparo con carabinas de perdigones, helicópteros lanzando bombas lacrimógenas sobre la Universidad Central -donde buena parte de miembros de comunidades está albergada-, la presencia de francotiradores apuntando desde edificios contiguos a centros de paz y acogida en la ciudad de Quito (Universidades Politécnica Salesiana y Central del Ecuador) y en las inmediaciones de la Casa de las Culturas. Estas acciones tienen como resultado -al 12mo día de movilizaciones- cinco muertes (en Pichincha, Pastaza y Azuay) que no son accidentales: 5 personas fallecidas, 166 heridas, 108 detenciones, según el requerimiento a la CIDH enviado por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (ADDHH 23,06,2022).
Foto: Gaby Giacometti y Theo Zambrano
En los primeros días de la presencia de miembros de comunidades indígenas del país, es condenable la requisición arbitraria e inconstitucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tornada en cuartel de la Policía para impedir que se alberguen miembros de comunidades de las distintas provincias que se encuentran en Quito, como históricamente se había hecho. Asimismo, es condenable la irrupción de la Policía en el parque El Arbolito, contiguo a la Casa de la Cultura, histórico espacio de albergue y reunión, así como el irrespeto hacia zonas de paz y acogimiento como son la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Politécnica Salesiana. El día 23 de junio, la aparente permisión por parte del gobierno para el ingreso de los manifestantes al ágora de la Casa de las Culturas, parecería, más que una muestra de apertura al diálogo, una trampa para cercar a miles de miembros de comunidades indígenas que se encuentran en la capital. La misma estuvo seguida de una arremetida de bombas lacrimógenas y disparos de perdigones cuando se efectuaba una marcha que tenía al frente a mujeres indígenas.
Toda esta situación de violencia de Estado e indefensión es condenable. Asimismo, es inadmisible el papel que han jugado los medios de comunicación convencionales, algunos gobernadores y el alcalde de Quito, quienes en sus narrativas exaltan los imaginarios coloniales y racistas, los cuales son también replicados por las clases altas y medias blanqueadas, estimulando miedos atávicos hacia las otredades indígenas. En redes sociales, grupos de ultraderecha incitan a una “purga” que suena a eliminación étnica; se reiteran apelativos hacia los pueblos indígenas mostrándolos como “vándalos”, “violentos”, “no productivos”, “vagos”, “no ciudadanos”, “inciviles que no dejan trabajar”, que “impiden la reactivación económica, el desarrollo y la paz”. Hasta se les ha ligado al “narco terrorismo”. Estos epítetos, que son parte de una estrategia comunicacional y que pretende deslegitimar la presencia de los pueblos y nacionalidades indígenas en la capital del país, exacerban la polarización interétnica, el odio, la desconfianza y propician respuestas violentas de otros ciudadanos que se autodenominan “de bien”. La comunicación parcializada de los hechos filtra e invisibiliza intereses y narrativas divergentes a las manifestadas por las estructuras de poder político-económico.
Foto: Gaby Giacometti y Theo Zambrano
Históricamente, las poblaciones indígenas, afrodescendientes y montubias fueron clasificadas como incivilizadas y no aptas para un trato cotidiano, propio de la ciudadanía igualitaria. Por ello, cuando irrumpen y se instalan en el medio de la capital, son vistos como extranjeros y actores ilegítimos, porque su espacio natural sería el campo, el páramo, no la ciudad, mucho menos la política. Su rol estaría reservado al ámbito privado-comunitario y no al público-estatal. Esto devela una representación estereotipada de los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios como entidades raciales, separadas y casi ajenas al país, con características basadas más en la biología que en la historia y la cultura.
Por ello exhortamos a que, en el marco del Estado Plurinacional e Intercultural del Ecuador, se creen espacios de diálogo no pautados hacia la aceptación de aquello que se impone como “razonable”, soluciones que no resuelven a fondo los planteamientos efectuados por las organizaciones colectivas, sino lo contrario, que tenga resultados y acuerdos concretos y que se garantice su cumplimiento. Solicitamos se permita a los pueblos y nacionalidades tomar sus decisiones en el marco consultivo ancestral que aplican en sus organizaciones y se les abra los espacios para dicho diálogo interno. Además, instamos a los organismos de derechos humanos, tanto a nivel internacional como nacional, a las ONG ligadas a organizaciones sociales, a los representantes eclesiales, a las comunidades académicas, entre otros actores, a que se pronuncien, intervengan e impidan que la escalada de violencia continúe.
Los pueblos y nacionalidades y sus organizaciones, esperan respuestas a las injusticias sociales y ambientales generadas por el modelo neoliberal establecido por los organismos multilaterales y aplicados como fórmula por los gobiernos de turno en el Ecuador, generando el encarecimiento y precarización de la vida, la ausencia de precios justos para productos cultivados en la ruralidad, la ausencia de regulaciones estatales a los altos intereses de créditos de cooperativas y bancos, generando el abandono del campo y la migración masiva fuera del país.
Foto: Lisset Coba
Las nacionalidades y pueblos, las organizaciones indígenas, campesinas, populares, los colectivos afroecuatorianos y montubios, los sindicatos de trabajadores, colectivos feministas y ecologistas, cuestionan no de ahora, la ampliación del extractivismo petrolero que contamina el aire, los ríos y los bosques amazónicos en territorios indígenas; asimismo, el incremento de la minería a gran escala, bajo la concesión de amplias zonas a corporaciones y transnacionales que transforman paisajes agrarios, bosques y páramos, en espacios áridos de pobreza, violencia, enfermedad y muerte, afectando irreversiblemente las fuentes de agua y los medios de vida de las comunidades locales.
!Nos solidarizamos con aquellas voces indignadas y que apuntan a otros modelos posibles de democracia y de participación, basados en la sostenibilidad de las vidas y no permaneceremos silenciadxs ante la violación de los derechos humanos que se evidencia en el país!
Quito, 24 de junio de 2022
