Un estudio elaborado por Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace y la Fundació per la Pau sobre las estadísticas oficiales de transferencias de armas en 2008, confirma que España exporta material de defensa a destinos en los que éste puede contribuir a cometer violaciones de derechos humanos, exacerbar conflictos armados o deteriorar su desarrollo sostenible.

Según estas organizaciones, el Gobierno español sigue sin facilitar información precisa sobre los criterios que han permitido autorizar exportaciones a países con un historial preocupante como Colombia, Israel, o Sri Lanka, entre otros.

De acuerdo a los datos proporcionados por el prestigioso Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), esta cifra coloca a España como el sexto país exportador mundial, por detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido.

Las organizaciones reclaman una vez más al Gobierno el pleno cumplimiento de la legislación española, la normativa europea y las obligaciones de España en virtud del derecho internacional a la hora de autorizar o denegar licencias de exportación de material de defensa y de doble uso.

En los próximos días, la Comisión de Defensa del Congreso debe aprobar un dictamen con recomendaciones al Gobierno sobre las estadísticas de exportaciones de armas. Se trata de las primeras estadísticas anuales elaboradas por el Gobierno tras la entrada en vigor de la Ley de comercio exterior de material de defensa y de doble uso en España.

Los grupos parlamentarios ya han presentado sus propuestas iniciales. El estudio de las organizaciones incluye un decálogo de medidas en materia de transparencia y control para lograr el total cumplimiento de la legislación actual.

Las ONG instan a los diputados y diputadas a que aprovechen este instrumento de control parlamentario para pedir más información sobre varias de las autorizaciones que tuvieron lugar en 2008 y propongan medidas que fortalezcan, incluso comenzando a reflexionar sobre un nivel preventivo, el control del comercio de todo tipo de material de defensa, doble uso y “otro material”, nunca que lo debiliten.

Según el informe de las últimas estadísticas anuales presentadas al Congreso de los Diputados, en 2008 se realizaron transferencias de material de defensa por valor de 934 millones de euros, una cifra ligeramente superior al año anterior a pesar de la crisis económica.

En 2008, España autorizó transferencias material de defensa, otro material y armas de caza y tiro deportivo por importe de más de 3.000 millones de euros, casi el triple de las operaciones realizadas ese año.
Esto significa que hay una serie de operaciones que fueron aprobadas pero no se materializaron en 2008.

Algunos avances

Las cuatro organizaciones valoran positivamente que las estadísticas anuales incorporen los datos sobre las transferencias de armas de caza y tiro deportivo y sus municiones, sometidos a control por primera vez en 2008, e información sobre las razones que han motivado varias denegaciones de exportación.

También es positivo el compromiso del Gobierno y del Parlamento español para poner fin a la fabricación y exportación de bombas racimo tal y como marca la nueva Convención para la prohibición de las bombas de racimo, que España ratificó el pasado 17 de junio.

“La entrada en vigor de la ley ha conllevado avances en materia de control parlamentario y transparencia reflejados en las estadísticas oficiales de 2008. Sin embargo, todavía hay un largo camino por recorrer para cumplir plenamente con la legislación”, señala Francisco Ortego, portavoz de Amnistía Internacional.

Criterios opacos

Es de especial preocupación que el Gobierno no facilite al Congreso de los Diputados información sobre los criterios que ha tenido en cuenta para dar luz verde a licencias de exportación de armas a países inmersos en conflictos armados, en contra de lo estipulado por la ley.

Entre estos casos, destacan las ventas que España autorizó y realizó en el 2008 bajo categoría de “aeronaves” a Colombia (110 millones de euros de licencias autorizadas y 31 millones de euros realizadas) o las autorizaciones de material de la categoría “bombas, torpedos, misiles y cohetes” por valor de casi 4 millones de euros a Sri Lanka.

También es preocupante que el Gobierno español, aunque ha ofrecido explicaciones sobre el destino y material exportado, siga sin plantearse la urgente necesidad de suspender las exportaciones de material de defensa y doble uso a Israel (157,200 euros autorizados y 2.3 millones euros realizados en el 2008) hasta que no haya garantías fiables de que no se utilizarán para cometer violaciones del derecho internacional humanitario; y las autoridades de este país colaboren con las investigaciones para esclarecer las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la crisis de Gaza.

“Es imprescindible que el Gobierno explique con detalle en qué se ha basado para decidir que todas estas autorizaciones cumplen con la ley y denegar aquellas solicitudes que claramente son contrarias a la legislación. Y el Congreso de los Diputados debe insistir sobre ello a través del próximo dictamen y otros mecanismos de control parlamentario”, afirma Francisco Yermo, portavoz de Intermón Oxfam.

Decálogo de indicadores

El estudio de las ONG incluye un decálogo de propuestas cuyo cumplimiento servirá de indicador de la voluntad del Gobierno de avanzar en materia de transparencia y control del comercio de armas español.

“El decálogo propuesto incluye, entre otras medidas, que el Gobierno explique cómo aplica los criterios existentes para autorizar o denegar una exportación de armas, informe al Congreso sobre el tipo de productos y usuarios de las armas exportadas y dé garantías de que no hay riesgo de desvío o reexportación de las armas de caza y tiro deportivo y sus municiones a terceros países”, señala Jordi Armadáns, portavoz de la Fundació per la Pau.

El decálogo también solicita la suspensión preventiva de exportaciones de armas a los países donde haya un conflicto armado o pueda utilizarse para cometer violaciones de los derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario, aunque estuviesen autorizadas anteriormente.

Por último, anima al Gobierno a desempeñar un papel activo y destacado en el proceso de elaboración de un Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) y a continuar su política actual para eliminar las bombas de racimo.