Un precedente antigolpista en Bolivia significó esta semana la condena a 10 años de prisión contra la exsenadora Jeanine Áñez y los excomandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, Williams Kaliman y Yuri Calderón, respectivamente.
“Hemos iniciado un primer paso en la recuperación de la Memoria, Verdad y Justicia, nunca más un golpe de Estado en el país”, aseguró el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima en declaraciones a medios periodísticos.
El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de esta ciudad sancionó a un decenio de encarcelamiento en el juicio Golpe de Estado II a los tres principales acusados de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en noviembre de 2019.
Cuatro años de encierro dictaminó contra Jorge Elmer Fernández y Sergio Orellana; tres para Jorge Pastor Mendieta y dos para Flavio Gustavo Arce.
Anteriormente, los excomandantes de la Fuerza Aérea y de la Armada, Gonzalo Terceros y Palmiro Jarjury, respectivamente, aceptaron su culpabilidad y fueron sentenciados en juicio abreviado a tres años de prisión.
Según la cartera de Justicia, el fallo surgió como efecto de un debido proceso en el que se verificó el cumplimiento de los derechos y garantías de todas las partes.
Lima salió al paso al opositor líder del partido Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien en la antesala del veredicto pidió la intervención de la Unión Europea y otros organismos internacionales para que certificaran que el derrocamiento del presidente Evo Morales no fue un golpe sino una “sucesión”.
“Si exigimos que la justicia sea independiente, debe ser independiente de todos los actores políticos y de todas las personas que han sido partícipes de un golpe de Estado que les tiene con las manos manchadas de sangre”, afirmó el titular.
Consideró inadmisible que en un contexto en que todos buscan preservar la independencia y el debido proceso, Mesa pretenda que factores ajenos al sistema judicial boliviano “vengan a hacer injerencia en el país”.
Recordó el ministro que en aras del respeto a la independencia de la justicia se suscribieron acuerdos con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para poner en práctica un protocolo de observación procesal.
Asimismo, -agregó-, una representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a Bolivia en misión de trabajo y elaboró un informe.
“Buscamos memoria, verdad y justicia”, concluyó la autoridad.
Al referirse a la sentencia este sábado en un tuit, por su parte, el exmandatario Evo Morales mencionó las trampas y fingimientos aplicados como estrategia de la defensa a lo largo del juicio, y consideró benigno el castigo aplicado.
“Pese a las mentiras, chicanas (trampas) e incluso actuaciones para decir que estaba enferma o a punto de morir, la justicia sentenció que Añez y sus cómplices asaltaron el poder con un golpe de Estado. 10 años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia”, escribió en su cuenta de Twitter.
En contacto con el canal Bolivia TV desde Estados Unidos, el abogado norteamericano Thomas Becket, en tanto, consideró “poco” los 10 años de cárcel en la perspectiva de las muertes que provocó el régimen de facto, sin embargo, recordó que está pendiente la causa Golpe de Estado I.
“Todavía hay un debate en Bolivia, si debe ser un juicio ordinario o juicio de responsabilidades”, comentó y consideró necesario que no prevalezca la impunidad y queden sin justicia las víctimas y familiares de las 38 personas asesinadas en Sacaba y Senkata, así como los cientos de detenidos y perseguidos.
Al ofrecer declaraciones a la misma cadena televisiva, la exministra Teresa Morales consideró que más allá de la cantidad de años que dicta la sentencia emitida la víspera, lo importante es que deja claro que hubo golpe de Estado.
Sobre esa base, insistió en que sean procesados los autores intelectuales del quebrantamiento del orden constitucional, y enumeró los nombres de Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga.
