Dos nuevas detenciones de asambleístas se suman a una serie de hechos de violencia policial -solo durante este mes- contra vecinas y vecinos que resisten el proyecto MARA en Andalgalá, comandado por la canadiense Yamana Gold, la suiza Glencore Internacional y la estadounidense Newmont Corporation. En diálogo con lavaca integrantes de la histórica asamblea El Algarrobo que mantienen un acampe en la cuenca del río Choya denuncian: «Ya hicieron trabajos que causaron la destrucción de la cuenca del río. No podemos permitir un proyecto megaminero a la vera de un río de donde tomamos agua». Describen a la vez un «estado de sitio» en la zona donde «la policía y las patotas de la empresa pro minera están enfrentados con la gente de las asambleas”. Del anuncio del gobierno sobre la «Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad», a la (falta de) respeto del agua, la biodiversidad, la naturaleza y la participación de las comunidades que defienden la vida y el futuro.
Por Francisco Pandolfi, lavaca
2 de mayo de 2022. El ministro de Producción Matías Kulfas lanza con bombos y platillos la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad. A su lado, varios funcionarios del gabinete. De frente, lo escucha atentamente el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, también del Frente de Todos. El video institucional con el que comienza la presentación emite sus primeras palabras: “La minería genera más de 80 mil puestos de trabajo en el país, promueve el desarrollo de las comunidades locales, genera encadenamientos productivos y es fundamental para el crecimiento de la Argentina. Necesitamos desarrollarla. Queremos hacerla con el consenso de todas y de todos”.
2 de junio de 2022. A un mes del lanzamiento, el pueblo catamarqueño de Andalgalá, bastión de la lucha antiminera, sigue sin ser escuchado. Y sigue siendo perseguido, como desde aquel octubre de 1997 cuando se inauguró la megaminería en Argentina con la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera. Luego de haber sufrido en las últimas semanas la represión policial, anteayer encarcelaron a dos activistas de la asamblea El Algarrobo. ¿El motivo? La resistencia a la implantación del nuevo proyecto minero MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). ¿Dónde? En el distrito de Choya, departamento de Andalgalá, ahora mismo sitiado por la policía provincial.
¿Desarrollo? ¿Sustentable?
El proyecto MARA, que busca producir cobre, oro, plata y molibdeno en pleno cerro Aconquija, está comandado por tres empresas: la canadiense Yamana Gold, la suiza Glencore Internacional y la estadounidense Newmont Corporation. También son tres las normas jurídicas que debieran imposibilitar su realización: la Ley General del Ambiente, la prohibición de la explotación minera a cielo abierto que rige para la cuenca del Río Andalgalá y la Ley Nacional de Glaciares. “Sin embargo, vino la pandemia y en medio del aislamiento autorizaron la exploración avanzada en el Cerro Aconquija, que afecta también a la cuenca del río Choya. Ahí piensan hacer una escombrera, donde volcarán la explotación que realicen en la montaña, o sea, la cobertura vegetal y lo que ellos llaman la roca estéril, que para nosotros es nuestra biodiversidad”, dice a lavaca Sergio Martínez, uno de los antiguos vecinos de la asamblea El Algarrobo.
Rosa Farías tiene 59 años e integra la asamblea desde su creación en 2010. “Aprovecharon la pandemia y llevaron las máquinas perforadoras al cerro. Ya hicieron trabajos que causaron la destrucción de la cuenca del río. No podemos permitir un proyecto megaminero a la vera de un río de donde tomamos agua. Porque no lo hacemos de una red subterránea, nuestra agua viene de la montaña, del valle”. El gobierno de Catamarca desde hace tres años declara la emergencia hídrica, en una provincia donde el 28% de sus pueblos no tiene acceso total al agua potable, mientras La Alumbrera consume 100 millones de litros diarios de agua.
Expresa Sergio: “A la autorización para la exploración se le sumó la construcción de caminos, pozos de explotación y todos los residuos los tiraron al lecho del río. Esto alteró la composición química del agua, que se llenó de bacterias porque hasta la materia fecal tiraban ahí. Empezamos a notar que muchos chicos tenían problemas gastrointestinales. Entonces un grupo de vecinos de Choya subió a las montañas para ver qué estaba pasando y ahí se dieron cuenta cómo estaban destruyendo todo”.
Estado de sitio
El proyecto minero está avalado por el gobierno provincial y también por el gobierno nacional. Ante la soledad absoluta, la comunidad decidió llevar adelante la acción directa e impedir el paso de los camiones que llevaban combustible a la zona de exploración. “Hace 55 días que en Choya, donde no hay conectividad digital, se está acampando arriba de la montaña para impedir que se siga destruyendo la montaña. No estamos exigiendo nada más que se cumpla la ley”, cuenta Sergio, 59 años e instructor judicial.
Puntualiza en la represión estatal: “En estos 55 días ya hubo tres hechos de violencia policial y actualmente hay presencia permanente de la policía, intimidando a quienes se manifiestan. Estamos viviendo prácticamente en un estado de sitio, donde están suspendidas las garantías constitucionales, en un estado de guerra permanente entre el poder político, económico, junto a la policía y las patotas de la empresa pro minera, enfrentados con la gente de las asambleas”.
Agrega Rosa: “Vivimos en una tensa espera, una incertidumbre marcada que no se tolera en el espíritu, esperando cuándo será el próximo hecho represivo. Cada 15 días estamos viviendo una situación de violencia. La policía no permite el libre tránsito de vecinos hacia el cerro, y aunque denunciamos a las autoridades políticas y judiciales, nadie se hace cargo. Mientras, los presos y el dolor son nuestros”.
El martes, el fiscal Martín Camps ordenó la detención de Aldo Flores y Enzo Brizuela, de El Algarrobo, “por desobediencia judicial y supuestas amenazas, ante las falsas denuncias de gente relacionada con la empresa minera”, afirman desde la asamblea. Flores, jubilado de 73 años, sufrió una descomposición cardíaca en la declaración indagatoria y se encuentra internado en un hospital de San Fernando del Valle. Brizuela, arrestado en la comisaría departamental por su parte, comenzó una huelga de hambre seca para denunciar la persecución. “Son causas armadas, que nunca llegan a nada porque no hay ninguna prueba en su contra”, sentencia Rosa.
“Tenemos dos compañeros detenidos porque acá, todo aquel que se opone a la megaminería es amenazado. Reina un gobierno autoritario, que en determinadas situaciones lo comparamos con una dictadura porque impone el pensamiento único, no escucha a los pueblos y está incrementando la represión”, exclama Sergio, que necesita seguir vomitando rabia: “La dictadura minera empezó en 2006 cuando nos reprimieron por primera vez. Lo mismo en 2010, 2011, 2012, por no permitir el ingreso de las maquinarias. Por ese entonces, un juez dictó una medida cautelar en la que exhortaba a pararse la actividad minera hasta que Andalgalá recuperara la paz social. Pero de 2010 hasta hoy nunca se restableció la paz social; los hechos de violencia se suceden uno tras otro, y tanto el gobierno provincial como la empresa no paran de violar nuestros derechos humanos”.
Y sigue la bronca: “El pueblo está muy enojado y no hay respuesta de ningún organismo gubernamental para poner un freno a la situación: más de 100 personas judicializadas, detenciones, torturas. El Estado de derecho dejó de funcionar”.
La lucha no para
El próximo sábado el pueblo de Andalgalá –20 mil habitantes, a 240 kilómetros de la capital catamarqueña– volverá a caminar, a marchar, a denunciar, como lo hace ininterrumpidamente desde hace 12 años. Será la caminata número 643. “Desde el 2010 venimos reclamando por nuestra vida, nuestra agua, nuestra tierra, nuestros bienes comunes. Como cada sábado, el siguiente explotará de gente gritando a los cuatro vientos que no queremos más esta locura, que incluye balas, gases y represión”, detalla Sergio.
Cierra Rosa, con sus cuatro nietos que la escuchan a su alrededor: “Aunque haya cansancio, agotamiento mental y espiritual, hay que continuar despertando la conciencia colectiva, custodiando las calles, los caminos, haciendo bulla, porque lo primordial es seguir cuidando el agua y de acá no nos vamos a mover”.
