El acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América latina y el Caribe o, más conocido como el Acuerdo de Escazú, es un instrumento jurídico que se caracteriza por priorizar la protección y el cuidado ambiental, a la vez que garantiza el respeto y la integridad física de la población.
Por: Jhon Gregory Méndez Embús (Ingeniero Ambiental)
Este acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el día 4 de marzo de 2018 y como objetivo principal establecido en su primer artículo tiene el de “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. El Acuerdo de Escazú entró en vigor el día 22 de abril del 2021, después de que superará la cantidad necesaria de países que lo ratificaran, entre esos tenemos a México, Nicaragua, Panamá, Argentina, Ecuador, entre otros.
Básicamente, el Acuerdo se convierte en una herramienta necesaria para hablar de desarrollo sostenible actualmente, porque busca generar un equilibrio ambiental, social y económico, teniendo en cuenta, sobre todo, el bien común, la justicia ambiental, la participación ciudadana y el buen estado ecosistémico.
Lastimosamente en Colombia, uno de los países más golpeados por la corrupción, problemas ambientales y sociales, que cuenta con altos porcentajes en deforestación, minería ilegal, muertes de lideres sociales y ambientales, entre otras situaciones, su Congreso insiste en archivar el acuerdo de Escazú y, de ninguna forma, ratificarlo para hacer parte de él. Eso se puede evidenciar en las múltiples sesiones plenarias del Senado, donde siempre se dilata el tema central o no se le entrega la importancia necesaria y termina archivado.
En la sesión plenaria presencial del Senado de la República realizada el 17 de marzo pasado, se logró evidenciar la gran cantidad de opositores que tiene la posible ratificación del Acuerdo, que incluye a senadores, gremios inversionistas del país, en sectores como la ganadería, el cultivo de palma y, sobre todo, los mineros.
En los discursos expuestos para mostrar su posición, siempre lograban coincidir con los mismos argumentos en contra del Acuerdo: “Se está violando la soberanía del país”; “en Colombia ya existen muchas leyes que regulan esos problemas, no necesitamos más”; “una ley más no hará que se resuelva el problema”; “Colombia puede solucionar sus problemas sin que se involucren procesos internacionales”.
Tomado de: @escazucolombia
Inclusive, uno de los comentarios que se destacaron fue el expresado por la senadora del partido de derecho Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien mencionó: “Escazú es la destrucción de Colombia. Aquí quedamos pidiéndole permiso a las ONG para hacer una carretera, un túnel, un puente o explorer; ¿A qué horas le regalamos el país a las ONG ambientalistas, globalistas de extrema izquierda?”.
Terror, en cada palabra de los discursos opositores se podían reflejar esas emociones y, es que claro, en Colombia existen cantidades y cantidades de leyes, resoluciones, normativas, que se asocian a lo que propone el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, difícilmente se llegan a cumplir, debido a la corrupción que padece el país.
Entonces; ¿Qué pasaría si se ratifica el Acuerdo en Colombia? sencillo, habría un control real y, además internacional, sobre todos aquellos procesos, proyectos y acciones que involucren una acción directa o indirecta sobre el ambiente, a su vez, que se velaría por la seguridad de todas las comunidades vulnerables y personas lideres ambientales o sociales, juzgando severamente a aquellos que atenten contra sus vidas.
Tomado de: @ActivaEscazu
De ahí surge el terror, porque si realmente el gobierno, los inversionistas, las empresas privadas estuvieran haciendo las cosas como se debe, respetando la vida, respetando el ambiente, no tendrían por qué negarse ante tal acuerdo. Quieren engañar al pueblo haciendo creer que si se aprueba, ya no se podrán hacer proyectos u obras necesarias para el “desarrollo”, las empresas privadas ya no harían inversiones y que Colombia perdería autonomía y autoridad frente a sus políticas ambientales.
Y no es así, no se puede vivir solo con manchas de cemento por todos los ecosistemas, pues Colombia seguiría ejerciendo su poder como autoridad máxima y no se trata de pedir permiso para hacer alguna obra, simplemente, es que cada proyecto ambiental sea regulado para que se garantice el buen uso de los recursos naturales, así como el estado ambiental óptimo para la vida. No es solo darle prioridad al desarrollo económico, el ecosistema, las comunidades indígenas y vulnerables, sufren estas problemáticas día a día y es momento de escucharlas, por ellas y por el ambiente, porque ven en Escazú las puertas al verdadero desarrollo sostenible.
