Las dos escenas se vivieron casi en paralelo. En Buenos Aires, el ministerio de la Producción con el señor Matías Kulfas a la cabeza, lanzó la autopercibida “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad” (Memac). Al encuentro asistieron la Cámara de Empresarios Mineros, periodistas afines a la explotación minera, e incluso una organización social como Jóvenes por el Clima. Mientras tanto en Choya, cerca de Andalgalá, Catamarca, la comunidad real no recibía apertura alguna, salvo la generada por balazos de goma y golpes policiales, por reclamar contra la contaminación de las vertientes de agua por parte del proyecto megaminero Mara (que reúne a Agua Rica y a Bajo Alumbrera).
Para este jueves a las 5 de la tarde se convocó a una movilización frente al Congreso. Lo que describen Rosa Farías desde Andalgalá (asamblea El Algarrobo), las comunidades concretas que reclaman contra la megaminería y Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima.
Por lavaca
Rosa Farías, histórica integrante de la asamblea El Algarrobo de Andalgalá cuenta a lavaca: “Ya en febrero los vecinos de uno de los pueblos cercanos a la mina, Choya, dedicados a la agricultura y pequeña ganadería, descubren que el agua de sus ríos venía fea, sucia, contaminada. No era como siempre. Pidieron una audiencia con el Concejo Deliberante porque estaban muy inquietos, incluso hubo niños que enfermaron. Les dijeron que les contestarían en tres días. No pasó nada. A la semana ya era un tiempo prudencial y tomaron la decisión de hacer un campamento en la montaña, desde el 5 de abril”.
¿Cuál era el origen del problema? “La minera, a través de una empresa tercerizada, estaba haciendo caminos sobre las vertientes de agua, para instalar allí finalmente una escombrera con lo que destruyen con la actividad y las explosiones, pero al hacer esa construcción estaban arrojando a los ríos y arroyos todo el desperdicio” explica Farías.
“El campamento tenía como objetivo dejar que los empleados de la minera pudieran bajar e irse, pero que no pudieran subir a reemplazarlos. Un fiscal subrogante decidió llevar durante la madrugada de este martes a la policía hacia el cerro, para sorprender a la gente que resistía, desalojarla, y que pudieran pasar los empleados mineros”.
En la operación, cuenta Rosa, hubo una detenida (Karina Orquera), trasladada a la comisaría departamental de Andalgalá. Cuando la gente le reclamó a la policía por esa detención, comenzó la represión. “Fueron directamente al choque, a pegar y a dispararnos” dice Rosa, quien aclara que esos caminos de la minera representan una obra que jamás fue informada al pueblo, “cosa a la que obliga la ley de Ambiente, con audiencias públicas”. Se confirma esta vez que las leyes no son tema predilecto de gobiernos ni de corporaciones.
“Todo esto está pasando en un proyecto que está a 17 kilómetros en línea recta de Andalgalá, todo con capitales extranjeros canadienses y norteamericanos”. El proyecto declarado (porque estas cosas no suelen ser motivo de control alguno) es extraer de Mara cobre, molibdeno, oro y plata. Es curioso el argumento de las empresas Yamana Gold (56% del proyecto), Glencore International y Newmon Corporation, que sostienen que usan las estructuras de Bajo Alumbrera no para ahorrarse una nueva instalación, sino para “disminuir la huella ambiental”, en lo que representa otro giro de palabras huecas destinado al marketing de proyectos cuya propia lógica es de destrucción.
“El tema es que también están asociados el Estado nacional y el provincial” explica Rosa Farías, “y por eso nadie nos escucha, todos nos ningunean, y hablo de los políticos que son unos crápulas”.
“El tema es que también están asociados el Estado nacional y el provincial” explica Rosa Farías, “y por eso nadie nos escucha, todos nos ningunean, y hablo de los políticos que son unos crápulas”.
Su definición: “El que quiera venir va a ver que lo que ocurre es que estamos en una dictadura minera. Tras la represión, hoy en día no dejan entrar a nadie que no tenga residencia en Andalgalá”.
Rosa explica a lavaca su interpretación sobre lo que se viene: “Tenemos que segur defendiéndonos. La cosa va a empeorar. Nadie nos da pelota, salvo para mandarnos cada vez más policías. No sé cómo va a terminar, lamentablemente. Tengo un nudo en el estómago, porque esto es muy grave. Pero estamos siempre la comunidad en la calle, aunque nos critiquen y nos ataquen, porque estamos defendiendo el agua y la vida”.
Foto de Susi Maresca en Agencia Tierra Viva
Romper las resistencias
Distintas comunidades y asambleas de todo el país rechazaron “el nuevo embate de la megaminería sobre los territorios”.
El texto merece leerse completo.
El cuestionamiento de las asambleas no fue solo al encuentro sino que se manifiesta en una oración: “Repudiamos el falso diálogo con organizaciones que se definen como “ambientalistas” mientras legitiman una actividad que destruye, contamina y saquea los territorios”. Lo más difundido en esa línea fue la presencia allí de organizaciones como Eco House y Jóvenes por el Clima. Bruno Rodríguez, de esta última agrupación, dijo a lavaca: “Nuestra intención no fue convalidar esa Mesa sino denunciar categóricamente que se crea que a la fuerza se va a conseguir licencia social en los territorios. Mencioné el caso de Chubut, donde hubo represión y coimas. Denuncié la violencia institucional y el declive democrático en los territorios. Algunos dicen que nuestra actuación s una alineación institucional con el Ministerio de la Producción, pero salimos a repudiar la represión en Andalgalá. Lo que denunciamos es que el Minisrterio y el Estado tienen falencias estructurales a la hora de abordar la integración de las comunidades”.
¿Qué simboliza Andalgalá, y otras represiones como las sufridas en Santiago del Estero por comunidades originarias y la UTT? “hay una ofensiva generalizada contra las comunidades en pie de lucha por la defensa de los territorios y los derechos fundamentales. Se alinean de manera muy íntima el aparato represivo del Estado con la aplicación de un plan económico al servicio del pago de la deuda. Lo real es que hay una profundización de la represión estatal contra las comunidades que se plantan frente a proyectos que no tienen licencia social. Por eso la gente se manifiesa y el Estado la reprime”.
Lo crucial en todo caso, y lo más ilustrativo, es repasar lo que plantean las asambleas, comunidades y pueblos originarios en su documento, o lo que dicen vecinas como Rosa Farías. Gente no escuchada en los encuentros “abiertos” porteños. Escuchar a esas personas y comunidades ayuda a entender cuál es la voz real de quienes resisten en cada lugar –y muy exitosamente en muchos casos- frente un modelo de extracción, empobrecimiento social, contaminación, y crisis climática.
