Este lunes, a ocho días del inicio del paro de transportistas, el conflicto escaló a, al menos, 14 regiones del país. Desde que comenzaron las protestas se han registrado cuatro fallecidos y diversos desmanes. Cerca de la medianoche el presidente Pedro Castillo anunció el estado de emergencia y la inmovilización social obligatoria en Lima Metropolitana y el Callao para hoy, martes 5 de abril. Analistas sostienen que la desatención a las demandas y los constantes cambios en los ministerios, sumados a la fragmentación del sector transporte, han propiciado la crisis.
Fuente: Fiorella Montaño/ Geraldine Santos – OjoPúblico
*Con apoyo de Yoselin Alfaro y David Diaz
En menos de 10 días el gobierno del presidente Pedro Castillo ha enfrentado paralizaciones de diversos gremios en el centro, norte y sur del país que exigen la reducción del precio del combustible y de los productos de primera necesidad, entre otras demandas. Las protestas iniciaron el pasado 28 de marzo con bloqueos de vías en las regiones de Junín, Arequipa, Piura, Cajamarca, Ayacucho, Áncash, Apurímac, Puno y Cusco por parte de los transportistas de carga pesada.
Aunque durante el fin de semana se anunció una tregua en el paro, el aumento del sueldo mínimo a S/1.025 (a partir del próximo 1 de mayo) y la exoneración del impuesto selectivo al consumo (ISC) al diésel y la gasolina de 84 y 90 octanos, la baja en los precios no se trasladó de manera inmediata a los grifos y, este lunes, las protestas se extendieron a, al menos, 14 regiones del país, en algunos casos de manera virulenta.
Cerca de la medianoche del lunes, el jefe de Estado anunció, en un breve Mensaje a la Nación, que se decretó el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, y se declaró la inamovilidad ciudadana desde las 2 a.m. hasta las 11:59 p.m. de este martes 5 de abril. La decisión, argumentó, se adoptó frente “a los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo del libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao”.
Desde que comenzó el conflicto se ha registrado la muerte de cuatro personas, según confirmó ayer el ministro de Defensa, José Luis Gavidia. Dos de ellas fallecieron luego de ser atropelladas en las manifestaciones del 29 de marzo. La tercera víctima es un menor de 13 años que murió ahogado en el río Yacus el viernes 1 de abril, mientras se registraban enfrentamientos entre la policía y manifestantes en el aeropuerto de Jauja. El cuarto deceso, al que hizo referencia el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, corresponde a un docente que no pudo realizar una diálisis a tiempo, a causa de los bloqueos en las vías de Junín.
OjoPúblico conversó con José Pomasunco, padre del menor fallecido. El hombre contó que las circunstancias de la muerte de su hijo aún no son muy claras, y que se enteró del hecho por sus vecinos, pues no fue notificado por la Policía cuando se halló el cadáver del menor en el río. El Ministerio Público abrió una investigación sobre este caso.
En Huánuco una persona fue herida por el impacto de un casquete de gas lacrimógeno y manifestantes atacaron con piedras las viviendas del alcalde provincial, José Luis Villavicencio, y del exgobernador regional, Juan Alvarado.
En Ucayali, el gremio de mototaxistas bloqueó y quemó llantas en el kilómetro 5 de la carretera Federico Basadre, que conecta con las ciudades de Lima y Huánuco. Arnoldo Rango Aranda, dirigente de la comunidad de San Pablo de Tushmo, señaló que ellos protestan porque los precios de los combustibles en la ciudad no disminuyeron pese a la publicación de la norma que redujo el ISC.
En Ica, en paralelo, los manifestantes bloquearon el tránsito a la altura del kilómetro 280 de la carretera Panamericana. Julio Carbajal, secretario del Frentagri (Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica) señaló que su reclamo obedece al incremento del precio de los insumos de primera necesidad. El Consejo de la Leche de la región Arequipa y los cocaleros del Alto Huallaga de Huánuco han anunciado que también se sumarán a las manifestaciones.
Problemas desatendidos
Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, considera que el Ejecutivo ha descuidado la atención de estas demandas que, desde algunos meses, han sido anunciadas. «Los continuos cambios en la conducción del manejo de los conflictos han desencadenado en esta situación”, dijo en conversación con OjoPúblico.
Otro aspecto que ha contribuido a que la actual conflictividad social escale en diversas regiones es que el sector transporte es una organización fragmentada y con representaciones dispersas, señala Rolando Luque. Esto se evidenció este lunes, en el octavo día de paralizaciones. En Arequipa, por ejemplo, se despejó el bloqueo que se mantuvo desde el inicio del conflicto a la altura del kilómetro 48 de la carretera Panamericana, en la vía de ingreso a la ciudad. Algo que hizo posible que los camiones con alimentos y combustible pudieran abastecer a mercados y grifos de la Ciudad Blanca.
INMOVILIZACIÓN. El presidente Pedro Castillo anunció la inmovilización social obligatoria en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao este martes 5 de abril.
Foto: Presidencia de la República
Un panorama similar se vio en Junín. Aunque el viernes 1 de abril se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía en esta región, el último lunes se vivía un clima de calma, que se espera dure hasta este jueves, fecha en la que se deben instalar mesas de diálogo para solucionar el pliego de reclamos de los transportistas de servicio de carga y de traslado de personas. Sin embargo, mientras la tranquilidad retornaba a estas regiones, las protestas se alzaron en otras.
«Firmar un acta con alguien en Huancayo no significa que se haya dado fin a la protesta. Los gremios de transporte son diferentes», explicó Lino de la Barrera, especialista en transporte urbano, a OjoPúblico. Al igual que Rolando Luque considera que el problema que enfrenta el Gobierno es que el sector tiene diversos subsegmentos y, por lo tanto, implica a distintos actores: desde dirigentes de buses de transporte urbano e interprovincial, hasta transportistas de carga pesada y colectiveros, entre otros, que tienen sus propias agendas. “No existe un gremio que unifique a todos desde hace más de 20 años”, precisó el experto.
Otro factor que abona a la actual crisis es que el Ejecutivo no ha sabido explicar cómo enfrentará el alza del precio de combustibles y alimentos a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, sostuvo la politóloga Paula Távara Pineda. Esto se evidencia en la participación del gremio agrario en las protestas, a causa del alza en el precio de los fertilizantes. Andrés Poma, dirigente agrícola de Saños Grande, en Junín, indicó a OjoPúblico que un saco de abono pasó a costar de S/60 a S/250.
Távara Pineda considera que el descontento es mayor al interior del país por las promesas incumplidas de mejor reparto de las riquezas que hizo el presidente Pedro Castillo en campaña, especialmente donde obtuvo mayor respaldo. “Esa promesa de cambio no se está realizando porque no hay un programa de gobierno ni medidas técnicas claras desde el Ejecutivo para hacerlas realidad”, agregó la politóloga a este medio.
La insatisfacción se acrecienta, además, por los enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo, las investigaciones por presunta corrupción abiertas por el Ministerio Público al jefe de Estado y a su entorno cercano, y por la falta de un adecuado equipo técnico debido a cambios constantes en los ministerios y nombramientos cuestionados. Todo ello, plantea la politóloga, ha generado que, en pocos meses, la sensación de que el actual gobierno no podrá cumplir sus promesas sea generalizada.
RESTRICCIONES. En Pucallpa, las tiendas y mercados atendieron de manera restringida por temor a saqueos.
Foto: David Díaz.
Pugna entre dirigentes
Entre las organizaciones que lideran las actuales paralizaciones están la Asociación de Transportistas del Perú (Asotrape), dirigida por Javier Corrales, y el Gremio de Transporte y Logística del Perú (GTL), que encabeza Geovani Diez. Javier Corrales fue parte de la convocatoria para la jornada de protestas que se inició el 28 de marzo y estuvo en las negociaciones que se realizaron en Palacio de Gobierno el último 3 de abril, las cuales concluyeron con la firma de un acta con el presidente Pedro Castillo y el primer ministro Aníbal Torres.
Pero, mientras Corrales y otros dirigentes se reunían en Palacio, Geovani Diez se convirtió en la cara visible del paro del 4 y 5 de abril en Lima. El año pasado, este dirigente fue relacionado con un grupo de empresarios denominados La Cofradía del Pisco, que promovía acciones para desestabilizar al Gobierno a través de una chat grupal. En los mensajes filtrados se le cuestionaba a Diez por esperar hasta el 8 de noviembre para realizar una paralización de transportes.
«La gente de Lima está siendo engañada. Ese señor ha estado manejando paros y fue desenmascarado, está utilizando a mototaxistas y taxistas», señaló Javier Corrales sobre Diez. Además, indicó que los alcances de su acuerdo con el Ejecutivo debían ser acatados a nivel nacional. «Hemos levantado el paro a nivel nacional», dijo. Sin embargo, la protesta se mantiene en otras regiones.
Acuerdos con el Ejecutivo
En el transcurso de las conversaciones con los gremios de transportistas, el Gobierno publicó una norma para excluir a las gasolinas de 84 a 90 octanos y el diésel de la lista de productos gravados con el ISC hasta el próximo 30 de junio. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Economía Óscar Graham, informó que esta medida representará un impacto de S/ 250 millones menos de ingreso fiscal.
NEGOCIACIONES. El gobierno llegó a acuerdo con representantes del Frente Nacional de Transportistas y Conductores de Carga Pesada el pasado 3 de abril.
Foto:PCM
Al respecto, Lino de la Barrera indicó que la exoneración no es una solución permanente para un problema que requiere cambios de fondo. «Nuestro transporte ha crecido de manera desordenada, tenemos operadores de todo tamaño, con todo tipo de vehículos, se debe tratar de organizarlos en un esquema lógico. El colectivo, por ejemplo, no es una forma de transporte permitida. Pero estas personas, por temas económicos, quieren que se les autorice. Entonces, hay que atender este tema de fondo», sostuvo.
Los transportistas agrupados con Corrales negociaron otras cinco demandas, que incluyen mejorar el control a vehículos que ingresan con mercadería de Bolivia y Ecuador. Estos vehículos deberían regresar sin carga a sus países, luego de realizar su entrega en Perú, pero aprovechan para transportar carga entre ciudades con un flete menor que los transportistas locales.
También demandan la evaluación de la obligatoriedad de la reserva de carga y la tabla de valores referenciales para obligaciones tributarias en el transporte de bienes, así como la revisión de concesiones de carreteras y peajes, y el no pago de tasas donde las vías se encuentren en mal estado. Además, han solicitado la ausencia de caducidad de las licencias de conducir de profesionales y la desaparición de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). Ante este último pedido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha propuesto la reestructuración total de dicha entidad.
