El secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, en el marco del Consejo Económico y Social hizo conocer, el 29 de marzo de 2022, entre otros asuntos, que se trabajará en la iniciativa para promover “el buen uso de las redes sociales”. Iniciativa esta, que ya había sido anunciada al Consejo el 24 de junio de 2021, cuando se comunicó que Argentina se sumó al “Pacto por la Información y la Democracia”.

por Miguel Julio Rodríguez Villafañe

El funcionario no hizo más que ratificar, en la nueva reunión del Consejo de este año, como se llevarán adelante las obligaciones emergentes del Pacto, sobre lo que ya se había anunciado en el encuentro anterior del año 2021.

A la fecha, todavía no existe proyecto alguno de regulación y se dejó sentado que se han convocado a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer iniciativas, para profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común, con el fin de que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia.

Pacto por la Información y la Democracia

El Pacto referido, al que se obligó nuestro país en su momento, fue una iniciativa de la organización de Reporteros sin Fronteras (RSF), organización no gubernamental internacional cuyo objetivo es defender la libertad de prensa en el mundo y, en concreto, a los periodistas perseguidos por su actividad profesional.

También contó con el apoyo de la Alianza para el Multilateralismo y acompañó la propuesta la Media Freedom Coalition (MFC), organización que colabora con 50 países, trabajando juntos de manera proactiva para abogar por la libertad de los medios y por la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios, haciendo rendir cuentas a quienes los dañan y los restringen severamente para hacer su trabajo.

El Pacto internacional ya cuenta con 43 países adheridos, como Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Canadá, Chile, Chipre, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, India, Islandia, Italia, Letonia, Líbano, Lituania, Noruega, Países Bajos, Senegal, Sudáfrica, Reino Unido, Túnez y otros.

El Pacto de septiembre de 2019 compromete a los países que lo suscriben a fomentar marcos jurídicos nacionales e internacionales que promuevan el ejercicio de la libertad de opinión y expresión y el acceso a una información fiable. Invita a las empresas que configuran el espacio mundial de la información y la comunicación a respetar principios de transparencia, responsabilidad y neutralidad y a garantizar la compatibilidad de sus actividades con los derechos humanos para fomentar la información fiable.

A su vez, “se invita a favorecer el acceso online a información libre, independiente, plural y fiable. El acuerdo establece principios democráticos como la neutralidad política, ideológica y religiosa para los algoritmos, así como la transparencia de su funcionamiento. Con el fin acabar con el actual `caos de información´, también incide en la responsabilidad de los proveedores de servicios digitales a la hora de promover contenido fiable y pluralismo en la indexación”.

El instrumento internacional responde a la necesidad de fomentar un entorno que propicie que los ciudadanos dispongan de información fiable para ayudarles a forjarse una opinión en un contexto de desinformación masiva en línea, lo que contribuye a socavar la confianza en las instituciones y los procesos democráticos, dentro de una creciente influencia de actores privados extra democráticos. A lo que hay que agregar el debilitamiento del periodismo profesional.

Al respecto, el secretario general de Reporteros sin Fronteras, Christophe Deloire, cuando se firmó el Pacto sostuvo que: «Si las democracias no establecen las normas, los intereses privados y los dictadores lo harán por nosotros (…) Han reemplazado a los Parlamentos a la hora de regular el espacio de la comunicación y la información. Por eso nos hemos propuesto reconstruir un sistema de garantías democráticas adaptado a la era tecnológica”.

Lo referido tiene presente que no cabe que las plataformas censuren cuentas en las redes sociales fuera de todo control democrático, resaltando la urgente necesidad que se logre la transparencia de los algoritmos, que haya protecciones contra la desinformación vía mensajería privada y que se establezcan mecanismos concretos para la confiabilidad de la información.

Christophe Deloire también manifestó, en el marco de la reunión ministerial de la Alianza por el Multilateralismo, celebrada el 12 de noviembre de 2020, que debía trabajarse “en cuatro aspectos estructurales sobre los que debería reforzarse el marco regulatorio: la transparencia de las plataformas, la metaregulación de la moderación de contenidos, el fomento de la fiabilidad de la información y la eliminación de la distinción entre espacio público y privado en línea cuando los servicios de mensajería privada se convierten, de hecho, en un nuevo espacio público no regulado”.

Desinformación en el tema

Lo referido es de particular importancia para el derecho humano a la información. Sin embargo, con especial desinformación, muchos medios de difusión presentaron en Argentina el tema tratado por Beliz, como si hubiera sido una excusa para distraer la atención, sin referir que estaba en la agenda de trabajo del Consejo Económico y Social y la importancia del tema.

Tampoco refirieron que se trataba de una iniciativa de la organización de Reporteros sin Fronteras (RSF) y la propuesta realizada estaba dentro los compromisos asumidos por el “Pacto Internacional por la Información y la Democracia” firmado por la Argentina, que pretende proteger la libertad de expresión ante manipulaciones hegemónicas y que, a su vez, no hay proyecto alguno todavía, sino que se consultaría a 40 universidades en la problemática.

Resulta grave que la actitud de desinformación y falta de seriedad informativa la asumiera a su vez, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que sostuvo, que “observaba con preocupación, por su potencial efecto sobre la libertad de expresión, el anuncio de una serie de iniciativas, que contarían con la participación de organismos estatales, orientadas a monitorear e incidir en el uso de las redes sociales”.

A lo que se sumó el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) que afirmó, que “este tipo de iniciativas implican un riesgo claro para la libertad de expresión y la pluralidad de ideas, derechos inalienables en una sociedad democrática y pluralista”. A esta postura, sin asidero real se sumaron políticos de la oposición de Juntos por el Cambio como Horacio Rodríguez Larreta, que dijo, además, que la iniciativa era inconstitucional.

En honestidad periodística y política es de esperar rectificación en la actitud asumida por quienes, sin fundamentos, se han opuesto a la necesaria e importante iniciativa gubernamental.

 

Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado constitucionalista cordobés y periodista de opinión