De acuerdo al historiador Sergio Grez (2019), el estallido social se trata de un descontento acumulado a lo largo de más de cuatro décadas de aplicación implacable del modelo neoliberal más extremista del planeta, descontento sin una clara proyección política en sus inicios. Desde el golpe de Estado de 1973 se han cometido muchos atropellos, violación sistemática de derechos esenciales de la mayoría de la población, represión brutal durante y después de la dictadura, latrocinios de todo tipo de grandes empresarios y de políticos profesionales, destrucción de la naturaleza, avasallamiento de los pueblos originarios, entrega del país a las transnacionales y negación de la soberanía popular.
Es un movimiento causado por el hastío y la decepción por las promesas no cumplidas de la infinita transición a la democracia iniciada en Chile hace treinta años. Piñera representó para los manifestantes el paradigma concentrado de los causantes de este malestar: un gran especulador (perteneciente al 0,1% más rico de Chile), que se benefició del modelo impuesto por Pinochet, a la vez que uno de los principales políticos que ha coadministrado el modelo en estas últimas décadas. El tema ambiental, por otra parte, es un factor clave en los procesos de movilizaciones ciudadanas y de los pueblos indígenas de Ecuador, Brasil y Chile contra la imposición del modelo extractivista-exportador neoliberal en sus territorios ancestrales. En la actualidad existen proyectos de extracción de petróleo, forestales y mineros en los territorios de los países amazónicos, megaproyectos de expansión minera en la cordillera de Los Andes en Chile. Algunos de estos proyectos destruyen glaciares, otros contaminan ríos y mares, como es el caso de la expansión transnacional de la industria salmonera en las regiones de la Patagonia chilena. La mayor parte de las economías latinoamericanas se basan en la extracción y exportación de recursos naturales mineros, forestales, pesqueros y agrícolas que se encuentran en los territorios de los pueblos originarios, recursos que son destinados mayoritariamente hacia los mercados internacionales, especialmente Estados Unidos, China, Japón, Medio Oriente y Europa, entre otros. Por su parte, los pueblos y comunidades locales en Chile vienen sufriendo los impactos de un agresivo proceso de privatización de los recursos naturales y bienes comunes (agua dulce, tierras, lagos, ríos, áreas costeras y mar, manglares, pesquerías, etc.) para entregarlos a empresas transnacionales y al sistema financiero transnacional. A su vez, los territorios de estas comunidades son afectados por megaproyectos de inversión transnacional en energía (carbón, petróleo, litio, hidroeléctricas, solar, eólica, geotérmica), obtención de pesca y acuicultura intensiva para la exportación. El pueblo chileno y los pueblos originarios están luchando contra el sistema político, económico y social neoliberal en el que se inscribe el modelo extractivista-exportador impuesto mediante el sangriento golpe de Estado de 1973. Estas demandas van acompañadas de exigencias por la democratización de la sociedad chilena, el control territorial y de sus recursos por parte de las comunidades locales y regionales, junto a la autonomía política de los pueblos originarios. Las comunidades mapuche, lafkenches, williches, kawesqar y yagán luchan contra los impactos ambientales, sanitarios y sociales, derivados de la expansión de la mega industria transnacional productora de salmones de cultivo para la exportación, especialmente en las costas de las regiones del Biobío, Araucanía, Archipiélago de Chiloé y las regiones de la Patagonia. Por su parte, los pescadores artesanales e indígenas luchan por anular la corrupta ley de pesca en el parlamento, y destinar las capturas y producciones a asegurar la alimentación nacional.
En el contexto de la mayor sequía de Chile en los últimos 40 años, las comunidades campesinas se movilizan por recuperar el acceso y uso al agua dulce, mediante el establecimiento de un código que la declare un derecho fundamental, destinado principalmente al consumo humano y animal, y la agricultura de pequeña escala destinada a la alimentación de la población. Por su parte, las poblaciones urbanas (más del 80% de los habitantes del país) protestan contra los impactos de la sequía y la falta de agua dulce, productos del cambio climático, contra las políticas los altos precios de los alimentos, el creciente destino de la producción de alimentos básicos para la exportación, la contaminación química y orgánica de origen industrial. Todas estas demandas van acompañadas de la exigencia de democratización de la sociedad chilena, control territorial y de sus recursos por parte de las comunidades urbanas y rurales, además de la autonomía política de los pueblos originarios.
El gran descontento popular que gatilló el estallido social se explicaría, además, de acuerdo a los siguientes hechos que de alguna que otra manera afectan a la gran mayoría de la población nacional, es decir, a las masas pauperizadas por el extremista sistema político, social y económico.
– Constitución Política: en 1980 se realizó un fraudulento plebiscito en el que se aprobó un nuevo Código Político. A los pocos días del Golpe de Estado, la junta militar designó una Comisión Constituyente (Comisión Ortúzar), integrada por miembros de extrema confianza del régimen, entre ellos Jaime Guzmán, quienes se encargaron de redactar el anteproyecto de la nueva Carta Fundamental. En ella, se consagra un rol subsidiario del Estado en la economía y el derecho de propiedad privada, relegando a un segundo plano los derechos económicos, sociales y culturales. Además, se entregó a las Fuerzas Armadas un rol tutelar de la democracia. Pese a que en el año 2005 se aprobaron una serie de reformas tendientes a eliminar los “enclaves autoritarios”, el legado autoritario y neoliberal sigue presente.
-Extractivismo: es necesario agregar los efectos catastróficos del modelo neoliberal extractivista sobre el medio ambiente y sus secuelas de sequía y destrucción.
Por un lado están las llamadas zonas de sacrificio. Se trata de ciudades en las que la población es sacrificada en aras de la explotación extractivista de recursos naturales; Quintero, Puchuncaví y el Cajón del Maipo, son algunos de los nombres que han originado protestas.
– Privatización de las aguas: situación muy relevante en la actualidad debido a la sequía que afecta a gran parte del territorio nacional. El Código de Aguas fue promulgado durante la dictadura cívico-militar a través del DFL Nº 1.122 el 21 de octubre de 1981. Este instrumento instaló de forma inédita un mercado del agua a través de la propiedad privada sobre el recurso, permitiendo que el titular de un derecho de aprovechamiento pudiera comercializar con éste. Asimismo, este dispositivo anuló el rol del Estado como garante del uso racional del agua, dejando en manos de privados la determinación de la necesidad de uso de acuerdo a criterios económicos particulares, desplazando así la relación histórica del recurso con la tierra.
-Concentración de la riqueza: ciertas estimaciones dan cuenta que en Chile el 1% más rico captura cerca del 17% de los ingresos fiscales, mientras que el 10% más rico percibe más del 50% de todos los ingresos. Peor aún, estas cifras parecieran ser estimaciones conservadoras ya que cuando se incluyen las ganancias no distribuidas de las empresas (ganancias retenidas al interior de las firmas) las cifras resultan aún más alarmantes: solo el 1% del país percibe alrededor del 24% de todos los ingresos generados (Top incomes in Chile: a historicalperspective of incomeinequality; 2019).
-Plurinacionalidad: nunca los pueblos indígenas de Chile han sido reconocidos en la Constitución Política, sí mediante el Tratado de Tapihue en 1825 y las cartas de O’Higgins como Director Supremo. El Artículo 9 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (ratificada por Chile), reconoce las naciones indígenas y sus derechos colectivos, término moderno ante la definición de pueblo que contiene el convenio 169 de la OIT (El Mostrador; 2018).
– El índice Gini de la Región Metropolitana para el año 2017 correspondió a 0,50, levemente por sobre el de Chile (0,49), pero muy por sobre el de otras regiones, tales como la de O’Higgins (0,40), Arica y Parinacota (0,41), Tarapacá (0,42) y Antofagasta (0,43). De hecho, el segundo lugar del ranking de desigualdad en Chile lo ocupan La Araucanía, Aysén y Los Ríos, todas con coeficientes de Gini de 0,47, lo que constituye una diferencia no menor respecto de la Región Metropolitana y del promedio nacional (CIPER; 2019).
– Riesgo de caer en la pobreza: de acuerdo al informe How’sLife (2020) de la OCDE, el 53% de la población chilena está en riesgo de caer en la pobreza si tuviera que renunciar a tres meses de sus ingresos, el quinto país del bloque con el mayor porcentaje y lejos del 36% que promedia todo el grupo.
-Campamentos: según la ONG Techo, entre los años 2011 y 2019 los campamentos aumentaron en Chile un 22%, llegando a 47 mil hogares y que, tras la crisis social, el número estaría acercándose -en los primeros análisis- a 52 mil familias o más y lo más probable es que en el contexto post Covid-19 esto se va a disparar probablemente a 100 mil hogares.
-Trabajo informal: estimaciones de diversos medios señalan que hay 2,5 millones de trabajadores informales, quienes cuentan con escasos ahorros, producto de precariedad laboral y la vorágine de tener que sobrevivir diariamente.
-Tipos de viviendas: el 56% de estas en la Región Metropolitana son menores de 70 m2; siendo las tres comunas con viviendas de menor área: María Pinto con 47,8 m2, San Pedro con 48,37 m2 y La Pintana 48,48 m2. En los sectores acomodados, los promedios del tamaño de las viviendas son: Lo Barnechea, 169,1 m2; Vitacura, 154,5 m2 y Las Condes 116,6 m2. Además, de acuerdo a los datos del censo 2017, hay 383.204 viviendas que no cuentan con agua potable.
-Deudas: la Fundación SOL ha planteado que en Chile hay más personas endeudadas que trabajadores remunerados. Mientras la fuerza de trabajo en Chile es de 8,5 millones de personas, hay 11 millones de ciudadanos mayores de 18 años con deudas. De ellos, 4,6 millones no las están pudiendo pagar… A veces piden nuevos créditos para afrontar viejas deudas. Esto sucede porque la mayoría de esos compromisos financieros son no patrimoniales, o sea, que no son para comprar bienes como una casa o un automóvil, sino para alimentarse, vestirse, pagar cuentas básicas o para educación y salud. La pobreza se mide a través de los reportes de hogares de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). En ella se calculan los ingresos de los hogares, que para la gran mayoría provienen del trabajo, pero también reportan los subsidios del Estado, y el «alquiler imputado». La Fundación SOL concluyó que, si se tienen en cuenta solo los ingresos autónomos, principalmente del trabajo y las pensiones contributivas, la pobreza pasa de poco más del 8,9 por ciento oficial a casi 30 por ciento.
-Pensiones: el modelo fue establecido en 1981, como el primer sistema de capitalización absolutamente individual, durante la dictadura cívico-militar y obliga a los trabajadores a depositar cada mes cerca del 12% de su sueldo en cuentas individuales manejadas por entidades privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Las AFP invierten en los mercados en busca de rentabilizar sus fondos y obtienen beneficios millonarios, pero no entregan pensiones dignas a los jubilados, que reciben mucho menos dinero del que ganaban cuando trabajaban. En 40 años los fondos privados de pensiones de Chile lograron acumular US$ 200.977 millones, equivalentes al 80% del P.I.B. nacional, con un enorme poder para dinamizar los mercados de capitales más que pagar buenas pensiones. Hoy suman 10,9 millones de afiliados, aunque cerca de la mitad son cuentas activas. A junio de 2020, el sistema entregó una pensión promedio de $195.000 (US$ 250), casi 40% por debajo del salario mínimo de ese entonces (Fundación SOL, 2020).
-Sistema educacional: las principales transformaciones del sistema se desarrollaron a nivel institucional, normativo y financiero. En pocos años se generó una transferencia y desconcentración de la administración de los establecimientos educacionales desde el Estado a los municipios, se cambió la forma de asignación de los recursos a las escuelas desde un pago de presupuestos hacia un pago de subvención por asistencia de estudiantes, se propició y fomentó el surgimiento de escuelas privadas con financiamiento estatal y se desmanteló y disminuyó el estatus laboral de los docentes. La lógica de estos cambios apuntó a la construcción de un sistema basado en la competencia y organizado en torno a la idea de mercado educativo. Siguiendo las ideas del neoliberalismo económico de Milton Friedman, los encargados de la revolución tecnocrática generaron transformaciones del sistema que buscaron desarrollar un modelo donde oferentes y demandantes transaran con libertad un bien que se consume (la educación) y se emula así la lógica y funcionamiento de los mercados económicos en el espacio educativo.
Mientras en 1981, cerca del 15 por ciento de la matrícula era privada, en 2010 este número se incrementaba por sobre el 40 por ciento, con la consecuente disminución de la matrícula era privada, en 2010 este número se incrementaba por sobre el 40 por ciento, con la consecuente disminución de la matrícula pública en más de 30 por ciento durante el periodo. Este proceso de privatización se ha visto desarrollado con base en la creación de miles de nuevas escuelas privadas. El crecimiento del sector privado ha generado una segmentación socioeconómica de los establecimientos, ya que los establecimientos públicos tienden a concentrar a los estudiantes vulnerables, mientras que las escuelas subvencionadas incluyen a estudiantes de nivel medio-bajo, medio y medio alto, y las escuelas privadas atienden a los estudiantes de la élite. En esta línea, se ha comprobado que, en términos socioeconómicos, la segregación entre escuelas se produce desde los primeros años de escolaridad, en magnitudes elevadas y estables a través de los distintos años del ciclo escolar. Por otra parte, se ha indicado que la segregación académica entre escuelas es muy elevada en la enseñanza media.
El Ministerio de Educación, además, dio la instrucción de que se debían realizar clases virtuales a raíz de la pandemia de Covid-19; no obstante, el 40% de los estudiantes no tiene acceso a internet en sus domicilios.
La educación universitaria fue gratuita en Chile hasta 1981, cuando la dictadura simplificó los requisitos para la creación de universidades privadas. Estos centros se multiplicaron hasta superar los cuarenta en un esquema de mercado en el que tenían libertad para fijar el valor de sus matrículas. Al mismo tiempo, se redujo el aporte estatal a las universidades públicas ya existentes, que también comenzaron a cobrar las matrículas a los estudiantes como una manera de mantenerse competitivas. El resultado actual de ese modelo es una amplia oferta de universidades privadas de dudosa calidad y matrículas carísimas, que obligan a los estudiantes a pedir créditos avalados por el Estado para financiar sus estudios. Esto lleva a que muchos universitarios se titulen y empiecen a trabajar, pero pasan los primeros años de su carrera laboral pagando deudas con los bancos.
-Sistema de salud: los trabajadores deben cotizar en Chile por lo menos el 7% de sus remuneraciones en planes de salud y pueden elegir entre hacerlo en el sistema público, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), o en el privado, sustentado por las Instituciones de Salud Previsional (Isapres). Unos 14 millones de trabajadores están afiliados a Fonasa, muy criticado por los pacientes por la mala atención en los hospitales, largas esperas para obtener una cita médica, incluso en urgencias, y las malas condiciones de los establecimientos. Un cambio significativo en la política de salud de Chile se produjo también a comienzos de la década de 1980 cuando se dio un fuerte impulso a la atención médica privada. Se crearon las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), intermediarias financieras para la atención médica sobre la base de un impuesto sobre los salarios. Las Isapres, que cubren a las personas de mayores ingresos, ofrecen planes más caros y con coberturas más bajas a las mujeres y los ancianos. El sistema de Isapres, que cubre alrededor de 15 por ciento de la población, se ha caracterizado por serias restricciones de acceso al sistema, multiplicidad de planes de atención variable pero alto costo para quienes han optado por afiliarse al mismo, incremento anual inconsulto del costo de los programas de atención y desmesuradas ganancias corporativas.
Asimismo, Chile tiene una situación muy deficitaria de médicos y enfermeras, de camas hospitalarias y de medicamentos genéricos, como lo revelan datos de la OCDE: en comparación con los países integrantes de esa organización, Chile muestra un menor número de médicos (1,7 x 1.000 hab.) que el promedio de los otros países (3,2 x 1.000 hab.), menor número de enfermeras (4,2 x 1.000 hab. versus 8,8 x 1.000) y menor tasa de camas hospitalarias (2,1 x 1.000 hab. versus 4,8 x 1000), así como el porcentaje de medicamentos genéricos en el mercado es de 30 por ciento en Chile y de 75 por ciento en los países de la OCDE.
Menos de 50 por ciento de los médicos trabajan en el sector público y una mayoría en el sector privado, atraídos por más cómodas condiciones laborales y mayores ingresos económicos.
El costo de los medicamentos es desproporcionado y existe un oligopolio de la industria farmacéutica que fija de manera arbitraria los precios e, incluso, en ocasiones se ha coludido para aumentarlos de modo injustificado.
El número de hospitales y la disponibilidad de camas hospitalarias es con claridad insuficiente y muchos establecimientos muestran precarias condiciones en su infraestructura y, en algunos casos, condiciones indignas de funcionamiento. En el sistema público el acceso de la población a la atención médica en consultorios periféricos suele ser en extremo dificultoso y, a veces, dramáticas por trabas burocráticas y deficiencias organizativas.
Las personas deben madrugar para conseguir un número para ser atendidas horas después; las listas de espera para exámenes de laboratorio, exploraciones instrumentales e intervenciones quirúrgicas son interminables; el acceso a especialistas cuando se requiere es restringido, en particular en ciudades y poblados pequeños; la disponibilidad de camas de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos es insuficiente y el acceso a ambulancias en situaciones de emergencia suele ser tardío.
La cobertura de la atención odontológica es limitada: la OMS recomienda 1 dentista por 2.000 habitantes; se estima que Chile tiene alrededor de 18.000 odontólogos, 1 por 958 habitantes; de ellos, apenas alrededor de 4.000 trabajan en el sector público de salud.
Por otra parte, si se observa que el sistema privado de salud, el cual atiende alrededor del 15 por ciento de la población —los de mayores ingresos—, tiene una infraestructura moderna e incluso lujosa, el acceso a la atención médica ha mostrado numerosos aspectos negativos siendo no menor entre ellos un costo de las prestaciones que la inmensa mayoría de la población no puede solventar y, cuando lo hace, es al costo de un endeudamiento agobiador. La concepción de la medicina y la salud como un negocio es la principal limitación del sector privado.
El gasto de bolsillo en salud es elevado en Chile: 4,6 por ciento mientras en el promedio de los países pertenecientes a la OCDE es de 2,86 por ciento, lo cual, en términos de equidad social, revela una de las deficiencias más graves del sistema.
-Desnacionalización del cobre: consagrado en dictadura, se entregó la propiedad de los nuevos recursos mineros a los privados en un proceso conocido como la desnacionalización del cobre (Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras). Los posteriores gobiernos de la Concertación dieron la venia a esta política, renunciaron a la soberanía sobre los recursos. Hoy, el 70 % de la minería se encuentra en manos de los privados. Todo lo anterior, a pesar de que la Constitución Política señala que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.
-Subcontratación: previo al DL 2.950, la subcontratación del giro estuvo prohibida en Chile y el decreto levanta esa limitación. La subcontratación se reconoce como necesaria a todo nivel, como parte de las tendencias descentralizadoras de la producción para ganar competitividad. Esto se mantiene intacto durante todo el período de la Concertación. El año 2007, al legislarse la Ley de Subcontratación, existió la posibilidad de eliminar la subcontratación de la actividad principal o giro de la empresa, pero no se hizo. El régimen laboral “tercerizado“, aumenta la probabilidad de tener empleo desprotegido en un 30 % (sin estabilidad ni seguridad social), obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos colectivos al tiempo que presiona los salarios hacia la baja.
Finalmente, siguiendo a CELAG (2017), “La incapacidad para generar ingresos públicos que posteriormente se traduzcan en inversión pública vía transferencias o prestación de servicios básicos, es lo que está llevando al modelo chileno a un creciente nivel de conflictividad social que tiene sus principales puntos de conflicto en la educación, el sistema previsional de pensiones y la salud. Servicios básicos que han sido mercantilizados y puestos bajo el control del capital privado y que en los últimos tiempos están viendo como una cada vez mayor proporción de chilenos se ve incapacitada para acceder a los mismos”.
