En Chile, la lucha por la despenalización del aborto ha sufrido una serie de tensiones y luchas que han configurado un nuevo escenario de diálogo y reflexión en torno a la posibilidad de trascender más allá del discurso tradicional para insertarse en la agenda pública y deliberativa del país. Sin embargo, sería muy enriquecedor para este debate la formación y humanización de un consenso entre lo social y lo político como una manera de generar iniciativas de largo alcance y unir espacios de diálogo que antes se encontraban rotos por la polarización que este tema genera. Precisamente, son los consensos (aunque no los únicos) los que llevan a que posiciones enfrentadas puedan establecer puntos de contacto y de entendimiento por la reivindicación de derechos y por el fortalecimiento de las demandas que movimientos sociales han trabajado por muchos años.
Durante los años posteriores a la dictadura militar (y que generó en un quiebre institucional) se fueron asomando de manera tímida pero decidida movimientos que venían de tiempo atrás trabajando por el derecho al aborto terapéutico como una forma de insertar el tema en la agenda pública, pero debido al clima político del momento, la democracia no era lo suficientemente fuerte ni estable para generar un discurso deliberativo, cuando el mismo gobierno carecía de legitimad y no respondía a las necesidades más apremiantes del pueblo.
Sin embargo, la agenda del debate público comienza a tener mayor relevancia y notoriedad en la década de los años noventa cuando se comienzan a canalizar una serie de reclamaciones sobre los derechos que tiene toda mujer a abortar y ejercer autonomía sobre su cuerpo. Este hecho es importante tomar en cuenta porque es el momento en que la esfera pública adquiere herramientas que tiempo atrás no tenía, como la toma de decisiones y mayor libertad de expresión para que más adelante se configuren movimientos con una identidad propia y con mayor incidencia en la toma de decisiones a nivel colectivo.
Si bien, la voluntad política para llevar a buen término una ley que regule el aborto no ha sido la mejor ni ha tenido la acogida en materia institucional, esto conlleva a que la democracia representativa pierda confianza y legitimidad en la sociedad por no responder a las reclamaciones por las cuáles fueron elegidos. En consecuencia, es cuando florece la democracia participativa dentro de la sociedad al fomentar la interacción de distintos intereses pero con puntos de vista en común. La toma de decisiones que nacen en el seno del Estado no están diseñadas para crear un entendimiento entre partes opuestas (entre lo social y lo político) pues hasta que el mismo gobierno no canalice las demandas y le den el manejo que corresponde, el consenso (como base para interaccionar entre lo público y lo privado) va a pasar a un segundo plano, generando con ello distanciamiento entre las partes. De este modo la oposición fundamental entre gobierno y colectivos a favor del aborto se podría sintetizar entre las normas constitucionales versus derechos sexuales y reproductivos.
Pero surge un problema adicional, la constitución de Chile proviene de la dictadura militar y necesitaría de una reforma que genere principios de corte liberal y de autonomía frente a las instituciones como es el caso de Colombia, en donde la democracia juega un rol efectivo a la hora de instaurar recursos y normas para la protección de la vida misma. Por esto, es a partir de estos momentos cuando los consensos jugarían un rol importante en el entendimiento mutuo para empezar a generar nuevas visiones de parte y parte.
Sin embargo, es de notar que el actuar de los movimientos cambia de rumbo justo cuando centran su accionar en las luchas por los derechos sexuales de las mujeres pero dejan de lado el aborto como eje central en la esfera del debate. La discusión se va por otro lado y pierde significado, pues es en la sociedad civil en donde se articulan y generan controversias para hacer que se materialicen a largo plazo.
Según Mario Garcés, el mayor desafío histórico de los movimientos sociales chilenos, ha sido el de articular su propio desarrollo, el de sus propias capacidades de cambio en la sociedad civil, con las capacidades para ejercer presión sobre el Estado para transformarlo y democratizarlo.
No obstante, estos movimientos que han incidido por la despenalización del aborto generan desde la sociedad civil cambios que reflejan el malestar de una democracia que no responde a los problemas y necesidades de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, ante la imposibilidad de cambiar viejas estructuras de poder enraizadas en valores ya determinados por una constitución, la sociedad civil se ha transformado mediante procesos de democratización que hacen repensar que el gobierno debería validar mediante consensos nuevas formas de hacer la política desde una mirada mucho más global conforme a los cambios que a diario suceden.
