Muchos de los candidatos a estas curules han recibido amenazas u hostigamientos pero desisten de denunciar y hacer uso de los esquemas de seguridad que brinda la Unidad Nacional de Protección (UNP) pues, aseguran, les genera mayor riesgo en el territorio.

Por: Daniela Sánchez Romero / Agencia de Prensa IPC / 7 marzo, 2022

Con 14 municipios en riesgo extremo, 12 en riesgo alto y 3 en riesgo medio, Antioquia es uno de los departamentos con mayores riesgos para las próximas elecciones, según el último informe presentado por la Misión de Observación Electoral (MOE).

A pesar de que no se han presentado acciones violentas u hostigamientos a los candidatos o la población, fuentes cercanas al Instituto Popular de Capacitación (IPC) confirmaron que seis candidatos de las Circunscripciones Especiales para la Paz en Antioquia cuentan con esquema de seguridad por parte de la Unidad de Protección Nacional (UNP).

Estos seis candidatos pertenecen a la circunscripción #3, compuesta por las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste. Tres de ellos tenían este esquema antes de ser candidatos debido a sus liderazgos sociales y políticos en el territorio, y los otros tres tuvieron que hacer uso del mismo debido a que han recibido diferentes amenazas por su candidatura; dos de ellos son del municipio de Cáceres.

Manzur Agustín Sierra es candidato de Caucasia y tiene esquema de seguridad hace más de 10 años debido al despojo de una tierra familiar que aún no ha podido recuperar. Su esquema de seguridad era un chaleco y un celular. Por su candidatura, la UNP lo reforzó con un botón de pánico y un hombre armado que está a su lado en todo momento.

Manzur señala que son 7 u 8 candidatos de la Circunscripción #3 con esquema de seguridad. Sin embargo, asegura que muchos otros candidatos lo han rechazado pues sienten que eso los hace vulnerables.

«La zona tiene muchos problemas con grupos que están al margen de la ley y por las continuas amenazas que hacen a los territorios, es posible que lo sometan a uno a una retención indebida y eso nos hace vulnerables», agrega el candidato.

Para Verónica Tabares, coordinadora en Antioquia de la MOE, este es un asunto muy preocupante pues es la primera vez en el país que se eligen este tipo de curules que tendrán una representación importante de las víctimas en el Congreso de la República.

“Es preocupante, además, porque cuando uno ya hace el mapa de riesgos exclusivo para esas circunscripciones se encuentra con que, por ejemplo, en la circunscripción #3 todos los municipios están en algún nivel de riesgo: nueve están en riesgo extremo y cuatro en riesgo alto”, comenta Tabares.

Según el informe de la MOE, de los 14 municipios de Antioquia que están en riesgo extremo, 10 son lugares en los que se llevará a cabo la elección para las curules de paz: Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Ituango, Murindó, Remedios, Segovia, Tarazá y Valdivia.

Sin embargo, los seis candidatos que hoy tienen esquema de seguridad son solo aquellos que se han atrevido a denunciar ante la UNP, la MOE o a través del Plan Ágora II y Plan Democracia lanzado por el Ministerio del Interior para garantizar la participación y el desarrollo democrático de las candidaturas.

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Uno de los elementos que más preocupa es que luego de las elecciones del 13 de marzo, las tres personas que solicitaron el esquema de seguridad por su candidatura se quedarán sin él, pues solo tenían esta protección dentro del plan especial para candidatos que se ofrece durante la contienda electoral.

Es por eso que, según Tabares, estas circunscripciones debieron tener unas medidas de protección diferenciadas pues son personas del territorio, reconocidas por su liderazgo y por habitar la región. Asegura, además, que algunas de ellas ya han rechazado las medidas ofrecidas por la UNP por no ser garantía de protección para sus vidas ni las de sus comunidades.

«Estamos hablando de personas que se encuentran en territorios que están con presencia de grupos armados ilegales que ejercen un control. El hecho de tener un chaleco o un esquema de seguridad lo único que hace es llamar la atención y, según ellos, podría estar generando una provocación. Para el caso de los celulares, por ejemplo, en la mayoría de las regiones no hay señal o en algunas ocasiones ellos dicen que estos grupos les retienen sus equipos celulares mientras hacen la campaña en la zona”, señala Tabares.

Dentro de la información que reposa en la Gobernación de Antioquia, el secretario de Gobierno, Paz y Derechos Humanos Rafael Blanco, afirma que solo tiene conocimiento de una denuncia puntual que pone en riesgo la seguridad de un candidato, pero que no pertenece a las Circunscripciones Especiales para la Paz. A la par, “en la Fiscalía seccional de Antioquia y Medellín se han reportado 6 denuncias que están siendo investigadas sobre presuntos hechos o amenazas que han afectado a algunos candidatos”.

Afirma que durante las reuniones de monitoreo y seguimiento en la que participan movimientos políticos, Fiscalía, fuerzas armadas, instituciones nacionales e internacionales, se han realizado diferentes acompañamientos pedagógicos y sociales a los 68 candidatos de las curules de paz con el fin de brindar medidas que garanticen la seguridad en los territorios.

Según la Alerta Temprana 004 de 2022 emitida por la Defensoría del Pueblo el 17 de febrero de 2002, 274 municipios del país tienen riesgo extremo o riesgo alto de vulneración de derechos a la población en el desarrollo del proceso electoral. El 32% de estos pertenece a municipios en los que se hará la elección para las Curules de Paz: 70 fueron identificados como riesgo extremo, 67 riesgo alto, 23 riesgo medio y 7 riesgo bajo.

Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, afirma que en el Bajo Cauca siempre ha habido una alarma electoral por la presencia directa de actores armados, pero que estos escenarios violentos se han dado, en mayor medida, durante las elecciones locales, de alcaldes o concejales, en donde estos actores armados tienen algún tipo de injerencia o interés en la contratación local.

Para Zapata, en este momento los actores armados “bajan los niveles de acción porque no les interesa deslegitimar violentamente las elecciones”, y optan por dejar participar a los partidos pero vetan a los candidatos. Sin embargo, otra modalidad que señala Zapata, es que prohíben o solo permiten el ingreso de ciertos candidatos a sectores muy específicos de los municipios, obstruyendo sus campañas electorales.

“En la investigación que hicimos desde el IPC para el informe de la Comisión de la Verdad en el Bajo Cauca, identificamos alrededor de 14 políticos vinculados a corrupción o en relación con grupos armados y que participan nuevamente en la contienda electoral sin que los vetaran los actores armados”, concluye Zapata.

A la falta de garantías de seguridad y de participación democrática se le suma las exigencias por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para presentar las candidaturas, las limitaciones de tiempo y el desembolso del dinero para las campañas que hoy, a menos de 12 días, los candidatos no han recibido.

Para algunos, estas Curules de Paz quedarán en manos de candidatos que no representan los intereses de las víctimas, que no son líderes del territorio y que, por el contrario, son cercanos a ganaderos, terratenientes o exparamilitares.