Mientras cientos de mujeres se movilizaban por la ciudad capital exigiendo el cese de toda forma de violencia de género y cero tolerancia e impunidad, el Congreso aprobaba una ley nefasta que profundiza la discriminación sexista y penaliza aún más la interrupción del embarazo.
La Ley para la protección de la vida y la familia (iniciativa 5272 – decreto 18-2022), aprobada por amplia mayoría parlamentaria este 8 de marzo, no sólo rechaza la diversidad sexual y prohíbe hablar del tema en las escuelas, sino que modifica el código penal y aumenta la penalización del aborto.
“Se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas, promover en la niñez y adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género”, sentencia el texto aprobado.
Tampoco se permite “enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.
En este sentido, la educación sexual será exclusiva de los padres de familia y ningún centro educativo podrá dar orientación sexual a alumnos y alumnas.
El texto legislativo prohíbe también el matrimonio y cualquier unión de hecho entre personas del mismo sexo, y se les niega la posibilidad de adoptar.
Para la nueva ley, la familia nuclear es “el núcleo paterno-filial o agrupación formada por el padre, la madre y los hijos que conviven con ellos o que se encuentran bajo su potestad”.
Bajo el concepto que cualquier persona está en la libertad de no compartir la diversidad sexual, el decreto 18-2022 determina que “ninguna persona podrá ser perseguida penalmente por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género”.
En cuanto al tema de la interrupción del embarazo, se aportan cambios al código penal vigente y se aumentan las penas a cualquier tipo de aborto, con sanciones que van de 5 hasta 25 años de cárcel no conmutables.
Con esta reforma, las niñas, adolescentes y mujeres que sufran un aborto involuntario quedarían expuestas a posibles sanciones.
Actualmente, en Guatemala se permite exclusivamente el aborto cuando está en riesgo la vida de la mujer.
A completamiento de una jornada nefasta para los derechos de millones de guatemaltecas y guatemaltecos, el Congreso iberoamericano por la vida y la familia declaró a Ciudad de Guatemala como Capital ProVida de Iberoamérica.
El presidente Alejandro Giammattei, quien deberá ahora ratificar o rechazar la nueva ley, celebró esta decisión.
Un día trágico
“Hoy es un día trágico para los derechos humanos en Guatemala. Con la aprobación de la Ley 5272 se criminaliza y se ponen en riesgo a las mujeres y personas LGBTI, dijo Jordán Rodas, procurador de derechos humanos.
Rodas anunció públicamente la decisión de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de presentar una acción de inconstitucionalidad contra la norma.
“Esta ley viola los derechos humanos, viola acuerdos y convenios internacionales ratificados por Guatemala. Es un retroceso a las libertades. Es un compromiso que asumo para que esto no surta efectos a la vida jurídica”, dijo.
La organización Visibles, que trabaja para la plena inclusión de las personas diversas, para que gocen de respeto y ejerzan sus derechos, rechazó la que considera una “ley que promueve el odio, la violencia, la descalificación y la deshumanización de quienes se atreven a exigir un mundo más libre y justo”.
Una ley regresiva “que criminaliza a niñas, mujeres y población LGBTI por el ejercicio de sus derechos y libertades”, advirtió Visibles.
