La Contraloría y la Procuraduría General del Estado abrieron sendas investigaciones al Presidente del Perú, José Pedro Castillo Terrones, sobre las reuniones secretas que mantuvo fuera de Palacio de Gobierno y su relación con beneficios en adjudicaciones públicas del Estado, según informaron ambas entidades oficiales.

Mediante un comunicado, la Contraloría General de la República informó que inició las investigaciones para verificar las contrataciones y/o adjudicaciones realizadas por la unidad ejecutora Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a una empresa vinculada a supuestas gestiones de intereses.

Las investigaciones de la Contraloría y la Procuraduría no impiden las acciones que puedan tomar el Ministerio Público.

En ese sentido, el comunicado de la Contraloría de la República recordó que el marco normativo nacional establece con claridad que toda autoridad, funcionario y servidor público, deben registrar y publicar el detalle de las reuniones y gestiones que sostengan en el ejercicio de su función.

El organismo sostuvo que las normas peruanas determinan que los presidentes informen el detalle de sus reuniones o gestiones en el marco de su mandato. “El incumplimiento de estas obligaciones afecta la integridad, la credibilidad, la institucionalidad y es pasible de responsabilidades por los órganos sancionadores competentes”, remarcó.

Al respecto, debemos señalar que la Asociación Peruana de Empresarios (Aspem) pidió al presidente Pedro Castillo, esclarecer las reuniones que mantuvo con empresarios, ministros y congresistas en una vivienda en el distrito de Breña, pues consideran que genera la inestabilidad social y política en el país.

A través de un pronunciamiento expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el país y señalaron que en las reuniones secretas se puso al descubierto la actividad de tráfico de influencias a favor de una empresa que ganó la adjudicación de un contrato con el Estado por más de 235 millones de soles de Provías Nacional.

Además, sostuvieron que en su reciente mensaje a la Nación, el presidente Castillo no aclaró lo sucedido, sino que dijo que se trataban de reuniones de carácter personal, lo cual sólo generó dudas y especulaciones acrecentando la inestabilidad política que tiene un efecto negativo en la economía del país.

En el artículo “Democracia y la destitución de gobierno” escribo sobre la vacancia presidencial: “Los representantes de la bancada de oposición del Congreso de la República plantearon abiertamente la destitución del Presidente del Perú, José Pedro Castillo Terrones, tras asegurar que incurre en una causal de incapacidad moral permanente para gobernar y genera la inestabilidad política en el país”.

Debemos señalar que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República aprobó el viernes (10 dic. 2021) por mayoría solicitar al Pleno facultades para poder investigar presuntos actos irregulares en las reuniones que mantuvo el presidente en una vivienda del distrito de Breña y los 20 mil dólares encontrados al exsecretario general Arnulfo Bruno Pacheco Castillo.

La decisión se aprobó en la sesión extraordinaria que realizó el grupo de trabajo de la Comisión de Fiscalización y Contraloría la mañana del viernes diez de diciembre. En total 8 congresistas votaron a favor, 6 en contra y uno se abstuvo.

La Comisión de Fiscalización, que preside el legislador Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), había citado a 10 personas involucradas en este caso; sin embargo, sólo acudieron 3 personas, por lo que se acordó pedir la facultad de comisión investigadora que permitirá ejercer presión en las diligencias que tienen la prerrogativa de fiscalizar la labor del Gobierno como se indica en la Constitución Política del Perú vigente.

Además el congresista Jorge Montoya, vocero de la organización política Renovación Popular adelantó que solicitará a la Secretaría General de Palacio de Gobierno la lista de personas que ingresaron al domicilio del pasaje Sarratea, en el distrito de Breña. En este recinto, utilizado por el presidente de la República durante la campaña electoral, se recibió también a funcionarios públicos y empresarios cuando el jefe de Estado asumió el Ejecutivo.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y otros gremios empresariales exhortaron al presidente del Perú a asumir sus funciones con transparencia y aclarar su vinculación con actos de corrupción.

Y además, la Sociedad interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por las «declaraciones peyorativas contra medios de comunicación» hechas por el presidente, a quien invoca a «deponer su actitud de silencio» contra los periodistas, a los que no da entrevistas desde que inició su mandato.

Combatir la corrupción política en el país.