La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la Consejería Presidencial para la Estabilización y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que antes del 31 de diciembre de 2021 resuelva 101 solicitudes de protección que a la fecha no han sido atendidas.

La JEP impartió nuevas órdenes a la Consejería presidencial para la Estabilización y a la Unidad Nacional de Protección ya que han sido asesinados 296 firmantes del Acuerdo Final de Paz, han ocurrido 67 tentativas de homicidios, 21 desapariciones forzadas y otros tipos de hechos como desplazamientos forzados, amenazas de muerte y graves estigmatizaciones.

La decisión fue anunciada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento este 18 de noviembre tras finalizar la audiencia pública de seguimiento a las medidas cautelares de protección de los excombatientes las extintas Farc-EP.

Al escuchar los informes presentados por la Consejería, la UNP y los representantes del partido Comunes, la Sección anunció que en el término de 60 días la Consejería Presidencial para la Estabilización deberá presentar un informe que evidencie la coordinación de acciones necesarias con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, y las autoridades que tengan responsabilidad directa, para que ajusten y aprueben el plan de protección con un enfoque de género, étnico y territorial.

Al inicio de la diligencia, la magistrada Reinere Jaramillo dijo que “la prioridad debe ser la protección y seguridad de los excombatientes, de las comunidades afectadas por el conflicto, de los líderes sociales y de los defensores de los derechos humanos», citando las palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre el llamado al cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz.

Así mismo, el magistrado Gustavo Salazar hizo un llamado a las entidades: “La situación es muy grave, en esa medida de ninguna manera se puede hablar aquí de mejoría de la situación. Más de 46 homicidios en 2021 es una situación gravísima. El Estado no les está cumpliendo (a los excombatientes)», afirmó y le dijo al director de la UNP, Alfonso Martínez, que cuando se habla de vidas humanas son “irrelevantes los datos sobre el porcentaje de gasolina y los viáticos utilizados por el partido Comunes».

Al terminar las intervenciones de las entidades y del representante del partido Comunes, la magistrada María del Pilar Valencia les dijo a la Consejería para la Estabilización y a la UNP: “No veo una propuesta estratégica de sostenibilidad, esto es un compromiso de Estado, no de Gobierno, quiero claridad sobre esta estrategia».

Por su parte, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez preguntó al partido Comunes y a la Consejería para la Estabilización sobre cada cuánto se reúne la Comisión de Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) y cuáles son los alcances de dichos encuentros. Además, solicitó claridad a la UNP sobre qué hace falta para evacuar las 101 solicitudes de protección que no han sido resueltas. Fue por ello que la Sección le ordenó a la Unidad resolver estas solicitudes de protección antes del 31 de diciembre.

Además, la Sección le ordenó a la UNP que, en un término de 60 días hábiles, presente un informe de cumplimiento respecto al plan de protección y que garantice la asignación del presupuesto para la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.

“Siempre y cuando garantice la sostenibilidad de las medidas de protección individual y colectiva que se aprueben y la planta de personal administrativo que se requiera para el cumplimiento del plan de descongestión y el creciente aumento del número de solicitudes», explicó la magistratura.

La Sección también convocó a una audiencia reservada a la UNP y a la Consejería para la Estabilización para revisar, una a una, las diferentes situaciones de los excombatientes asesinados en el marco de la ruta de protección.

Al finalizar la diligencia, llevada a cabo por la Sección de Ausencia de Reconocimiento en pleno, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de esta sección hizo un llamado a la implementación del Acuerdo Final de Paz.

“Insisto en expresar nuestra profunda preocupación por los ataques que han sufrido ya casi 300 firmantes del Acuerdo de Paz. Se trata de una situación inaceptable cuya dinámica no pareciera tener fin, que afecta gravemente la consolidación de la paz en Colombia», afirmó el magistrado Ramelli.