México. Iguala, estado de Guerrero, 26 de setiembre de 2014. 137 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa viajan en dos autobuses hacia la ciudad de Iguala, a 246 kilómetros. Según posteriores versiones de la Fiscalía General de la República, al llegar —alrededor de las 9 de la noche— quedarían envueltos en un enfrentamiento que sostenían bandas de narcotraficantes de la región. Aquella jornada, conocida desde entonces como “La noche de Iguala”, murieron, en un lapso aproximado de 7 horas 90 personas, pero 43 de aquellos estudiantes fueron “levantados”, desaparecieron.

¿Qué pasó con ellos? ¿Qué hacían en Iguala? ¿Por qué desaparecieron? ¿Quién o quiénes son responsables de lo que sucedió?

Miguel Ángel Alvarado, periodista y escritor, aborda estos y otros interrogantes en su libro “Los infiltrados. El secreto de Ayotzinapa”, una investigación en la que trabajó los últimos 6 años, tras haber publicado en 2016 otro libro relacionado con el tema: “La guerra que nos ocultan”. Sintetizamos a continuación los puntos más significativos de su entrevista con Pressenza, que puede verse completa en el video al final de esta nota.

Estudiantes que “secuestran” camiones

Los jóvenes que desaparecieron en Iguala (17 a 25 años) estudiaban para ser maestros. Tal como sucede con algunas variantes en otros países de América, las escuelas normales en México cumplen con la función de formar docentes.

Particularmente, las normales rurales de este país hacen acuerdos con empresas de transporte de pasajeros que les prestan o entregan vehículos para trasladar a sus alumnos a distintas actividades. Eso es lo que se llama popularmente “secuestrar camiones” (autobuses) en el entorno de Ayotzinapa.

Aquellos jóvenes viajaron a Iguala para “secuestrar” entre 20 y 25 “camiones de pasajeros” con el objetivo de trasladar compañeros de otras escuelas rurales a la ciudad de México. Se proponían participar de la conmemoración del 2 de octubre de 1968, cuando unas 3000 personas —sobre todo alumnos universitarios—, fueron ejecutados en la Plaza de Tlatelolco a manos del ejército. “Es una manifestación gigantesca que se realiza por las calles de la ciudad cada año…”, explica Alvarado.

Un año antes, en 2013, el crimen organizado había “amenazado de muerte” a la escuela de Ayotzinapa prohibiéndole el ingreso a Iguala. Los estudiantes que viajaron aquel 26 de septiembre de 2014 eran sobre todo alumnos de primer año con apenas 40 días en la escuela e ignoraban la amenaza. “Pero los alumnos de más jerarquía que los lideran en este viaje conocían el peligro, el riesgo que implicaba ir y quedarse en esa ciudad”, dice Alvarado. Eran los infiltrados.

Familiares de los normalistas en reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Setiembre de 2015. Foto CIDH

Extractivismo, narcotráfico y resistencia

En la conversación con Presssenza, Alvarado brinda datos muy significativos que dan contexto a aquel 26 de setiembre:

  • Iguala y Ayotzinapa son parte del “cinturón de oro”, una zona fuertemente explotada por la minería extractiva —especialmente canadiense—, que asola los territorios. “Todo lo que hay en ese terreno desaparece, sea población, vestigio arqueológico, zona ecológica protegida…”.
  • A la explotación de los recursos se suma el narcotráfico. “En México el narcotráfico trabaja como fuerza paramilitar de la mano de esas empresas extractoras. Lo más seguro es que una parte de la población que se encuentra en el radio de las mineras sea desplazada o asesinada por estos grupos paramilitares contratados por las empresas”.
  • Los alumnos de las escuelas normales rurales, que provienen de esas mismas comunidades y tienen una influencia importante en ellas, son quienes organizan la resistencia a esos abusos. “Las 17 normales rurales que todavía perviven en México, generan cada una en su propio territorio un liderazgo en las comunidades azotadas por algún tipo de injusticia. Ayotzinapa es un símbolo de resistencia para México. Si damos un golpe a ese símbolo, estamos destruyendo la resistencia social. Y justamente eso pasó. Muchísimos de los organismos que estaban alrededor de Ayotzinapa en aquel momento, se desintegraron y se dispersaron. Hay que entender lo que sucedió desde ahí, desde ese punto”.

Infiltrados, gobierno y complicidades. Los aportes del libro

Los 43 de Ayotzinapa fueron conducidos a su destino por compañeros de mayor antigüedad que lideraban la estructura estudiantil de la escuela. A pesar del pacto de silencio que los protegió desde 2014, el libro les pone nombre y apellido. Entre los más importantes están Omar García —su nombre real es Manuel Vázquez Arellano—, hoy diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El otro es David Flores Maldonado, por entonces secretario general de Ayotzinapa, y ahora director en un área de la Secretaría de Educación Pública. Fueron identificados 26 infiltrados gracias a cerca de 200 testimonios recabados, sin embargo no todas esas declaraciones han sido seguidas judicialmente.

Desde 2016, la información que iba resultando de la investigación para el libro se les fue entregando a miembros del Morena, aun cuando no tenían el peso político actual. “Se los fuimos contando porque creímos que cuando tuvieran acceso al poder podrían hacer algo, y así ocurrió en parte. Ganaron las elecciones presidenciales y decidieron la creación de una “Comisión para la Verdad de Ayotzinapa”. Sin embargo los infiltrados fueron amparados como testigos protegidos. “Todavía no entendemos la actitud del gobierno federal”, dice Alvarado. Pero agrega: “Es un crimen de Estado y eso implica responsabilidades y participaciones de todo el mundo, desde la presidencia a los soldados, la marina, las fuerzas de seguridad locales, autoridades como los alcaldes, diputados, gobiernos estatales…”.

El libro destaca todavía otro aspecto importante en la desaparición de los normalistas: el involucramiento de la mina de “Los Filos”, perteneciente ahora a la empresa canadiense Equinox. En 2014, la escuela de Ayotzinapa organizó una comisión secreta —a espaldas de sus líderes infiltrados— para dar con los desaparecidos. La intensa búsqueda culminó cuando “el Güero”, jefe del narcotráfico en Chilpalcingo, la capital del estado de Guerrero, les confirmó que un grupo de jóvenes fue ejecutado en Carrizalillo, el pueblo en que opera la mina de “Los Filos”. La versión más fuerte indica que sus restos habrían sido triturados en las máquinas de la mina. “En ese lugar no pasa nada sin que la minera lo autorice”, agrega Alvarado. “Esta minera funciona como un pequeño estado con sus propias reglas, leyes, cuerpo de seguridad, con el control de las carreteras, de la comunicación y de los cárteles del narcotráfico”.

La frase final de la introducción al libro resume su aporte: “Por encima de Iguala y Chilpancingo, de los líderes estudiantiles corruptos, de los soldados y de los narcotraficantes al acecho, las policías involucradas, los políticos participantes, la única pregunta que en realidad importa ya puede contestarse, o al menos una parte de ella, pero la respuesta no le va a gustar a nadie.”

Marcha en reclamo por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ciudad de México, octubre de 2014. Foto de Uriel López

Después de 6 años de trabajo con el libro, Alvarado dice: “Espero que esta obra se conozca, que se valore su contenido, que se tengan en cuenta las demandas de quienes han sido entrevistados para su realización y que se investigue a estos personajes que marcamos como infiltrados. También, ojalá, pueda tener alguna incidencia legal en cuanto a la industria extractiva, concretamente la mina de Los Filos y la empresa Equinox. Parece muy difícil que esto suceda, pero eso es lo que esperaría. Por lo menos, espero que lo lean.”

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